A 4 años de vigencia, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) permitió el empoderamiento de las audiencias, base primordial para el cumplimiento de derechos ciudadanos. Asimismo puso en debate el rol de los medios en la sociedad y ratificó que no solo ellos hacen comunicación.

Por eso, en la radio, prensa escrita y televisión aparecieron contenidos -informativos y editoriales- sobre la ética de los periodistas y sobre el papel que cumplen en la sociedad.

Esto luego de que, durante décadas, la hegemonía de esa información, cercana a ocho familias propietarias de los medios, fuera incuestionable, sin que hubiera figuras como los defensores de lectores o audiencias.

Por ejemplo se estableció la repartición equitativa de las frecuencias del espectro radioeléctrico: medios públicos (33%); privados (33%) y comunitarios (34%). Al momento, el proceso de distribución de frecuencias sigue en marcha.

Según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom), existen 770 concursantes, de los cuales 118  responden a los comunitarios.

Cordicom también informó que en 2007, 1.404 frecuencias estaban en manos del sector privado, 117 del público y ninguna en lo comunitario. Actualmente, existen 281 medios públicos y 61 comunitarios.

La LOC cristalizó también el linchamiento mediático y el derecho a la réplica. Este último permitió a la ciudadanía tener un sustento legal para pedir a un medio que rectifique sobre un determinado suceso.

Tal fue el caso de lo ocurrido en la madrugada del 22 de noviembre del 2013. Romeo Rodríguez, rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Espoch) y Carola Donoso, asistente del Departamento de Vinculación con la Comunidad fallecieron producto de un accidente de tránsito en Guano, Chimborazo.

El hecho fue publicado en la página dos de la edición del 23 de noviembre de Extra, diario sensacionalista, bajo el título: ‘De la reunión a la tumba’. En la portada del rotativo se ubicó una foto del cuerpo del rector cuando era rescatado por los bomberos.

Al día siguiente, el medio registró la noticia sobre la muerte de Donoso con el titular: ‘¡Se fue al cielo con título de Licenciada!’. Extra informó que ella recibió el documento post mortem, en manos de su madre la noche del velatorio.

Cinco días más tarde (29 de noviembre), Danilo Villarroel, Paola Castañeda y María Angélica Barba, director de Comunicación, procuradora de la Espoch y Rectora de la Universidad Nacional de Chimborazo respectivamente, presentaron una queja ante la Superintendencia de Comunicación (Supercom), aduciendo que los títulos “no son coherentes ni consistentes con el contenido de la noticia y denotan sensacionalismo”.

Consideraron también que las imágenes de la nota, por ejemplo, fueron manipuladas produciendo sensaciones que afectaron la intimidad personal y familiar de los allegados de los accidentados.

Tiempo después, el 17 de diciembre del 2013, la Supercom amonesta por escrito al diario y lo obliga a rectificar, pero este interpone un Recurso de Reposición, el cual fue rechazado por la Superintendencia.

Luego se usaron varios recursos y Extra fue sancionado por segunda vez, en enero de 2014. El periódico volvió a apelar la sanción días después (febrero). Sin embargo, el diario de crónica roja fue penalizado el 25 de marzo del 2014, a pagar una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 3 meses, medida impuesta por no rectificar dentro de los plazos previstos por ley.

En esa ocasión, el titular de la Supercom, Carlos Ochoa, mostró una fotografía del rescate del cadáver difundida por el medio y la calificó de “cruda e impactante”, porque “lastima la sensibilidad humana violando de manera pública los derechos humanos”.

Tras varios años, Villarroel dijo a EL TELÉGRAFO, que la imagen que se publicó en ese entonces, resaltó algo atentatorio contra los derechos del occiso así como de la institución universitaria.

Por eso resaltó la importancia de la creación de la Ley de Comunicación, gracias a la cual, la ciudadanía puede acceder a este derecho. “En cualquier sociedad debe existir una Ley de Comunicación. Los periodistas deben acatarla. Además la LOC fortaleció el oficio y eso motivó a respetar los códigos deontológicos”.

Agrega que la norma es perfectible y en el caso de existir una reforma en marcha, debería centrarse en pocos artículos.

Linchamiento mediático

La ciudadanía también puede apelar a una figura que reconoce la ley, como es el linchamiento mediático. En el transcurso de estos 4 años, varias personas han interpuesto denuncias en contra de los medios.

El futbolista Jaime Iván Kaviedes, quien marcó el gol que llevó a Ecuador a su primer mundial, denunció públicamente -en agosto del 2011- que fue objeto de linchamiento mediático, afectando, principalmente, a su familia.

En ese entonces, el delantero de El Nacional solicitó a la Fiscalía que pida al canal RTS la grabación de 2 programas en diferentes fechas: La Noticia’ y ‘Vamos con Todo’, donde aseguró, se habrían cometido supuestas injurias.

“La desinformación agravó el estado de salud de mi familia. Son situaciones que se han venido dando hace mucho tiempo, pero ahora en mi vida como la llevo, no puedo permitir que eso suceda”.

Afirmó ante los medios de comunicación que su intención era sentar un precedente para que estos respeten la honra de las personas. Por eso, el jugador fue uno de los personajes públicos que respaldaron la creación de la ley, tiempo después.

“La familia es quien paga las consecuencias”, aseguró Carlos Vargas, quien también denunció linchamiento mediático antes de que se apruebe la ley. Él contó que a su papá lo acusaron en un programa de TV, de que “falseaba taxímetros”.

Vargas mencionó a este rotativo que su papá tenía un local donde arreglaba estos dispositivos. Recuerda que en el reportaje se observa cómo su progenitor fue detenido por la policía “sin denuncia alguna”.

Asegura que minutos después -y esa parte no se mostró en el producto comunicativo-, él fue liberado. “Ante las cámaras quedó como delincuente”, y eso afectó a toda la familia. “En esa época no había Ley de Comunicación y de existir, hubiese sido una bendición”, resaltó, al tiempo que señaló que la ley debe ser mejorada.

Sandra Correa, exministra de Educación durante el gobierno del derrocado presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), denunció que sufrió acoso y linchamiento mediático.
Recordó que diario HOY le imputó que había plagiado una tesis de grado doctoral, sin embargo, reconoció que nunca se emitió una sentencia judicial.

Ella también fue procesada y condenada por peculado por la suscripción del contrato para el programa ‘La mochila Escolar’ cuando era ministra.“Eso se ha aprobado que no fue así, sin embargo estuve en la cárcel 3 años por una mentira mediática”, lamentó.

Debido a que la Supercom concluyó que no hubo linchamiento mediático, Correa consideró necesario que el artículo 26 de la Ley de Comunicación que habla sobre esa figura, debía ser reformulado.

Según ella, la idea es establecer un reglamento para su aplicación. Eso serviría “para tutelar derechos ciudadanos”.

Ataques racistas son condenados

Luego de los comentarios racistas en contra del jugador Felipe Caicedo, emitidos el pasado 14 de junio, por el periodista peruano Phillip Butters, hubo un rechazo público en Perú y Ecuador, respectivamente.

En esa ocasión, el comunicador señaló: “ustedes le hacen una prueba de ADN a Caicedo y no es humano, es un mono, un gorila...”.

El Ministerio de Cultura de Perú, por ejemplo, recordó que el periodismo y los medios de comunicación deben “transmitir valores a la ciudadanía”.

La Cancillería ecuatoriana y la Defensoría del Pueblo, el jugador y la opinión pública nacional por ejemplo, rechazaron esas declaraciones ‘discriminatorias, xenófobas y racistas’.

Así como lo ampara la LOC respecto a los valores que se deben emitir en los medios, la Defensoría del Pueblo “hace un llamado a la prensa y a los periodistas del continente a promover el respeto, la convivencia democrática y la igualdad”.

Debido a la ola de críticas, Butters se disculpó, retiró lo dicho y fue despedido.

Tras las manifestaciones racistas en contra del jugador Felipe Caicedo por parte de un periodista peruano, las autoridades recuerdan que los medios deben transmitir valores positivos a la ciudadanía.

La LOC prohíbe la publicidad engañosa

La Supercom dispuso en enero de este año, que el programa que publicita cirugías estéticas ‘Hola Mauricio’, de Canal Uno, salga del aire temporalmente. Eso, luego de una denuncia presentada por Edwin Montenegro, después de que su hija Melanie Montenegro falleciera durante una cirugía estética.

El hombre afirmó que el espacio televisivo infringió el artículo 94 de la LOC, que establece que la publicidad debe respetar derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, la ley impide la publicidad engañosa y aclara que los medios no podrán publicitar productos cuyo uso produzca afectaciones a la salud.

Al respecto, Montenegro comentó a EL TELÉGRAFO que a través de esta ley se puso en evidencia esta realidad. “Antes no pasaba nada y ahora evidenciamos, con la ley, que nuestros derechos no son vulnerados”.

El padre de Melanie aclaró que la ciudadanía debe denunciar los avisos engañosos, porque en ciertos casos “se juega con vidas humanas”.

El programa Hola Mauricio, que publicita cirugías estéticas, emitido por Canal Uno, salió del aire debido a una denuncia tras la muerte de Melanie Montenegro, durante una intervención.

Los medios comunitarios democratizan la comunicación

En 2007 no existía en el país ningún medio comunitario reconocido por la ley, pero para el 2016, según Arcotel, ya operaban 61.

Uno de ellos es la radio Somba Pamin (Hablando fuerte) que beneficia directamente a la nacional Tsáchila, así como a los pobladores, en Santo Domingo.

Adrián Sauco Aguavil, uno de los productores, indicó que el medio permite difundir los conocimientos, tradiciones y costumbres de la nacionalidad.

Gracias a ello, dijo, la emisora (102.5 FM), donde trabajan 20 personas -de manera voluntaria- acortó las distancias de las familias y facilitó la vida. “Se elaboran convocatorias y reuniones. Aquí se abren las puertas para todos los que quieren compartir saberes. En la provincia cada día ganamos más audiencia porque emitimos noticias, cultura, entretenimiento, novedades (...)”.

Aunque en la anterior ley no se mencionaba a estos medios, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape) luchaba para que exista el reconocimiento de sus derechos.

Juan Pérez, presidente de Corape, coordinadora que trabaja con más de 100 medios del país, dijo que la LOC permitió que los medios comunitarios no sean discriminados ni restringidos.

“El nacimiento de la ley ha sido gracias a nuestra lucha permanente e histórica. Logramos democratizar el micrófono”.

Productores, músicos y publicistas destacan la ley

Aunque no se la entendió al inicio, productores, músicos, publicistas y otros, consideran que la misma abrió las puertas para mejorar la calidad y sobre todo, aumentar sus ganancias.

Manuel Pachano, de la Asociación de Agencias de Publicidad, cree que la ley evita los excesos y abusos y protege al consumidor de comunicación.

Para los artistas, la LOC permite competir a la par con la música extranjera. (I)

DATOS

Por medio de 14 proyectos, la Supercom amplió los conocimientos respecto a la ley de Comunicación en la ciudadanía.   

372 periodistas del país participaron en los talleres de capacitación sobre los mecanismos para erradicar el racismo en el campo deportivo.

Hasta 2016 existían 61 medios comunitarios en el país. Mientras tanto, los públicos sumaban 281 y los privados 1.149. Hasta 2007 no se registraba la presencia de medios comunitarios. (I)

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No hay medios suspendidos por la Ley de Comunicación

A cuatro años de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), no existe ningún medio suspendido en el país. La razón se desprende de la misma ley, la cual no faculta la suspensión de ellos.

A diferencia de ello, la Ley de Radiodifusión y Televisión, promulgada por el exdictador militar Guillermo Rodríguez Lara, mediante decreto supremo en 1975, incluía entre sus normativas supremas y sanciones administrativas la posibilidad de la clausura de un medio de comunicación.

Esta ley fue finalmente modificada en 1992 y después en 1995 durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén, que -entre otras cosas- prohibía “transmitir noticias basadas en supuestos, que puedan producir perjuicios y conmociones sociales o públicas”. (I)

La Supercom promulga que la ciudadanía se capacite en los derechos asignados en la Ley Orgánica de la Comunicación. El proceso continúa.