En el oficio 0449 del 5 de marzo pasado, la administradora general del Municipio de Quito, Alexandra Pérez, solicitó “el levantamiento de información respecto del avalúo (...)” de un espacio de 23.153 metros cuadrados (m²) ubicado dentro del Parque Bicentenario (antiguo aeropuerto Mariscal Sucre).

La disposición está dirigida a Gustavo Chiriboga, director metropolitano de Gestión de Bienes Inmuebles, y se refiere “a un posible proceso de venta directa del área (...)” al Ministerio del Interior.

La cartera de Estado negocia desde la Alcaldía de Augusto Barrera la ocupación de un sitio en el espacio público para el funcionamiento del servicio aéreo de patrullaje y atención de emergencias Aeropolicial.

En la Ordenanza 352, sancionada el 1 de febrero de 2013 y que constituye el plan de desarrollo del predio que ocupó el aeródromo capitalino y sus zonas colindantes, se establece como uno de los usos autorizados el helipuerto para la Policía.

René Vallejo, exsecretario metropolitano de Territorio, Hábitat y Vivienda, señaló que en la pasada administración se negociaron varias posibilidades, como el establecimiento de la base de Aeropolicial junto al helipuerto presidencial.

En el diseño, aprobado por el anterior Concejo Metropolitano, se estableció que el espacio se ubicaría sobre el borde oriental del espacio, cerca de la avenida Real Audiencia.

El oficio de la administradora general del Cabildo circula desde inicios de esta semana en las redes sociales y la posibilidad de que se vendan espacios dentro del parque ha sido rechazada por ciudadanos.

Luego de un requerimiento de EL TELÉGRAFO, realizado el miércoles, para que se explicara la base jurídica en la que se ampararía la transacción prevista en el documento, la Municipalidad emitió anteanoche un comunicado de prensa.

En el boletín, el gobierno local señala que “la actual administración analiza las diferentes vías legales para solventar” el tema de la entrega del espacio al Ministerio del Interior.

La Alcaldía arguye que su predecesora no estableció “la figura legal mediante la cual el Municipio del Distrito Metropolitano deba realizar la entrega a dicha Unidad Ministerial”.  

Pero en el comunicado no se menciona que la ordenanza 3535 aprobada en 2004 durante la Alcaldía de Paco Moncayo establece la prohibición de venta de los predios que conformarían el -entonces- futuro espacio público.

Barrera confirmó aquello y señaló que la normativa “incluso contiene un ‘candado’ para dificultar el cambio de la ordenanza. Se estableció que la imposibilidad de enajenar los terrenos solo pudiera ser desechada luego de que fuera discutida por 3 concejos metropolitanos distintos”, recordó el exalcalde.

El exsecretario de Territorio, Hábitat y Vivienda apuntó que se tomó la previsión con el fin de evitar que se repitiera lo ocurrido en la década de 1970 con La Carolina, cuando el espacio destinado inicialmente para ese parque terminó disminuido.

Vallejo recordó que el centro comercial Iñaquito ocupa actualmente parte del predio. (I)