Miguel Dávila Castillo y Víctor Villacís se integraron ayer al equipo del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. El primero ocupa la Administración General del Municipio y el segundo reemplaza a Alejandro Calisto en la gerencia de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo).

Rodas también confirmó que la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq) desde ayer es manejada por Alexandra Pérez, en lugar de Rafael Villalba, quien estuvo en el cargo 5 meses. Pérez es reemplazada, a su vez, por Dávila.

La presencia de este último en la función pública no es nueva. Ocupó cargos importantes en los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, en la época del feriado bancario, el cierre de decenas de entidades financieras y la entrada del país en la dolarización.

En 1999 fue subgerente del BCE; al año siguiente se convirtió en el principal funcionario de la entidad, que hasta entonces cumplía como uno de sus objetivos la emisión de sucres (moneda nacional). Dos años (entre 2001-2003) se desempeñó como presidente de la Junta Bancaria. Y paralelamente actuó como superintendente de Bancos y Seguros.

Así lo hace constar el propio Dávila en su cuenta en la red social y profesional Linkedin. El flamante administrador general del Cabildo tuvo incidencia en el caso Filanbanco.

Esto porque Walter Guerrero Vivanco, abogado defensor de Roberto y William Isaías, expropietarios de la desaparecida entidad de crédito, solicitó en 2003 a 8 expertos su criterio sobre el proceso penal que pesa en contra de los exaccionistas por el delito de peculado.

Los consultados coincidieron en que los hermanos Isaías no cometieron ningún delito y uno de los principales argumentos fue el informe de 60 páginas elaborado por el exsuperintendente de Bancos.

En una parte de su análisis, el nuevo colaborador de la Alcaldía concluyó: “en las operaciones referidas en el presente informe no se han cometido delito de peculado, según lo define el Código Penal con los recursos provenientes de los créditos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador”.

Similar actitud exculpatoria ha tenido Dávila Castillo en relación con las acciones de Nicolás Landes, expropietario del Banco Popular, otra de las instituciones de ahorro y crédito cerradas a raíz de la crisis. En septiembre de 1999, Dávila fue designado administrador temporal de dicho banco.

Ocho años después (julio de 2007), el hoy funcionario municipal señalaba que la demanda interpuesta por personeros del Estado colombiano en contra de la filial del Popular fue la causa de la caída de este en Ecuador.

Incluso declaraba que “la Procuraduría General del Estado y la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) deberían iniciar acciones contra el Gobierno colombiano por las denuncias”.

Abad se integra al equipo de comunicación

Aunque no ha sido presentado oficialmente como colaborador, la presencia de Bernardo Abad fue notoria ayer entre el equipo de comunicación de Rodas.

El expresentador de Teleamazonas, cuya incorporación se rumoreaba hace tiempo, estuvo presente este lunes en la sala de prensa de la Alcaldía.

Abad dio a conocer a EL TELÉGRAFO que se incorpora como director de medios municipales. (I)

Alcaldía pagará $ 4,1 millones a buseros

El Municipio de Quito anunció ayer los resultados de los 3 primeros meses de evaluación de la calidad del servicio de transporte urbano convencional.

La primera vicealcaldesa, Daniela Chacón (SUMA-VIVE), señaló que luego de los controles efectuados entre marzo y mayo, unos $ 4,1 millones se distribuirán en alrededor de 1.810 propietarios de unidades.

En tanto, los dueños de 470 buses, de acuerdo con un promedio trimestral, no recibirán nada porque se considera que el servicio no cumple siquiera los estándares mínimos.

Por otro lado, la compensación económica se subdivide básicamente en 2 categorías: $ 1.000 para aquellos que, de acuerdo con el gobierno local, han avanzado en la implementación del sistema de recaudación conjunto, conocido como caja común; y $ 450 para los que se han incorporado mínimamente al esquema (entregan boletos de papel a los pasajeros, pero no han hecho ningún cambio en la administración de los recursos).

Según estos parámetros, 1.062 unidades de transporte han ejecutado avances en la caja común, mientras que 2.228 se han integrado a ella, pero sin realizar un mayor desarrollo al respecto.

La vicealcaldesa puntualizó que el parque de vehículos de transportación masiva está calculado en 2.835, pero que un promedio trimestral de 101 no ha operado por diferentes circunstancias, por lo que no fueron tomados en cuenta en uno u otro mes para la evaluación y el cálculo de la compensación.

El acuerdo entre la Alcaldía y los buseros establece el pago a cambio de mejorar el servicio y del congelamiento de tarifas. (I)