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Quienes alientan la actividad dicen que extraños a la comunidad desinforman a la gente

Pacto se debate entre el apoyo y el rechazo a la actividad minera

La mayor parte de los habitantes se dedica actualmente a labores agropecuarias, las que no estarían reñidas con las modernas técnicas mineras. Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo
La mayor parte de los habitantes se dedica actualmente a labores agropecuarias, las que no estarían reñidas con las modernas técnicas mineras. Foto: Fernando Sandoval / El Telégrafo
11 de agosto de 2015 - 00:00 - Redacción Quito

Pobladores de la parroquia Pacto se muestran divididos respecto a los proyectos mineros otorgados en 2012 a través de 2 concesiones por el Gobierno Nacional.

Un clima cálido y abundante vegetación están entre las principales características de Pacto, una de las 33 parroquias rurales del Distrito. A lo lejos, en sus montañas, se observan cultivos de caña de azúcar, cacao, café y otros productos.

Mientras se recorre la zona, es posible escuchar algunas voces de protesta. “Estamos en contra de la minería y punto”, dice Jimena Pérez (33 años) de la comunidad La Delicia. Ella afirma no estar de acuerdo con los proyectos mineros que el Ejecutivo concesionó a la Empresa Nacional Minera (Enami EP).

Según información de Enami, la Compañía Minera Silex Ecuador S.A. estimó, en marzo de 2009, un potencial geológico de 300 mil onzas de oro, repartidas en 9 vetas principales en Pacto y sus alrededores. Al momento se realiza una actualización de los datos para verificar el potencial minero de la zona.

La superficie concesionada abarca 4.645 hectáreas (ha) y la inversión necesaria estimada a 2015 es de $ 1’200.000, según información del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Una concesión es Urcutambo (2.251 ha) y la otra es Ingapi (2.394 ha).

El mineral principal que se busca extraer es oro y su recuperación se encuentra, hasta el momento, en la fase de exploración inicial.    

Al igual que Jimena Pérez, Adriana Pozo (41 años) también está en contra de la actividad. Ella tiene una finca de 18 ha, en donde produce caña de azúcar y yuca.

“Dicen que el humo nos va a afectar y que van a derrumbar montañas enteras; que van a contaminar los ríos, que nos van a derrumbar las fincas y que nos van a dar terrenos en otros lugares, pero no en la misma cantidad que tenemos acá. De qué vamos a vivir”, comenta Adriana, quien afirma que esa información se la dieron personas externas a la comunidad, de quienes desconoce su nombre.

Algunos comuneros que prefieren no identificarse por miedo a represalias, solo dicen: “Estamos en contra de la minería” o “ese tema no nos interesa”. Ninguno da información fundamentada.

Jorge Vaca (74 años), otro vecino de La Delicia, comenta que varios de sus vecinos están desinformados acerca de estos proyectos. “Esto va a generar dinero. Si el Gobierno necesita dinero para salir de la crisis, que lo haga. Pero hay gente que vienen a meter cizaña, a decir mentiras”, afirma Jorge.

“El país necesita salir adelante y teniendo oro por qué no sacarlo, pero con tecnología de punta”, comenta Wilfrido, hijo de Jorge Vaca, quien apunta que el pueblo debe obtener regalías por ello.

Oswaldo Marcillo (42 años), presidente de la comunidad Bellavista, piensa igual. Él dice estar a favor de la explotación minera porque esa actividad traerá beneficios a la comunidad. “Saca ventaja el Estado y saca ventaja la comunidad”, comenta, mientras explica que 26 familias de la comunidad han hecho solicitudes de luz eléctrica al Municipio de Quito, pero que los trámites son “interminables”.

Varios comuneros guardan sus esperanzas en la explotación minera para que sus condiciones de vida mejoren. Por ejemplo, Marcial Paz (77 años), de la comunidad Ingapi, asegura que no cuenta con agua potable por lo que debe trasladarla en canecas hasta su casa.  

“¿Qué hacemos con el dinero guardado en la tierra y que no sirva para nada? La mayoría de aquí no tenemos por qué oponernos. Aquí hay gente que necesita trabajo”, comenta, por su parte, Fabián Mora (76 años), quien dice ser el fundador de Urcutambo.

Sonia Vásquez, Promotora Social de Enami, explica que existe mucha desinformación en las comunidades. Comenta que los trabajos de exploración, de los que está encargada Enami EP, se sustentan en la Ley de Minería, la cual permite la extracción de minerales considerados recursos estratégicos del Estado, pero de acuerdo con planes de sostenibilidad ambiental.  

“Antes, la minería era sinónimo de destrucción. Hoy ya no es así. Son algunos grupos ecologistas los que dicen a la gente que este tipo de actividades terminará con el agua de la comunidad, con su flora y fauna y no es así”, comenta.

Explica que Enami se encuentra en el sector desde hace 4 años. Han realizado los trabajos de prospección en la concesión Urcutambo. Esto consistió en investigaciones superficiales con muestras de roca para encontrar áreas mineralizadas; una de ellas está ubicada en el sector de Toalí. El siguiente paso será la exploración de profundidad en la que, con un taladro, sacarán muestras del subsuelo llegando a 200 metros de profundidad.

La funcionaria comenta que desde la prospección se cuenta con un plan de manejo ambiental. Por ejemplo, se evita cortar la vegetación o ingresar con maquinaria grande; las plantas ubicadas desde el acceso hasta el sitio de las perforaciones serán inventariadas y recogidas en viveros. Así mismo, el suelo será retirado en saquillos, para que posteriormente sean colocados nuevamente en su lugar.

“Aún no podemos hablar de una explotación minera porque primero debemos saber con qué tipo de recurso contamos”, explica Sonia.  

Los pobladores a favor de la explotación minera esperan obras en sus comunidades. Una de ellas es que las vías mejoren, incluso para potenciar el turismo, pues el sector cuenta con varias rutas naturales para caminar o ciclear como la que conecta a Pacto con Mashpi.

Entre tanto, organizaciones que apoyan la postura antiminera realizaron una consulta popular extraoficial en abril y, de acuerdo con sus resultados, ganó su posición.

Esta acción recibió el respaldo del alcalde Mauricio Rodas el 17 de julio, cuando recibió a representantes de quienes mantienen esta posición. El concejal Eduardo del Pozo (Creo), cercano a Rodas, también se mostró partidario de la tesis. (I)

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