Más de 500 alumnos del colegio a distancia Segundo Ángel Tapia denuncian estafa

“No es posible que por 5 años un colegio funcione de manera ilegal en Quito. El Ministerio de Educación tiene que verificar que las instituciones tengan los permisos de funcionamiento”, fue el reclamo a voces que alrededor de 25 exestudiantes del colegio particular a distancia Segundo Ángel Tapia hicieron ayer en los exteriores de la Fiscalía.

Mientras un funcionario del Ministerio de Educación les ofrecía un plan de contingencia para ayudarlos a cursar legalmente el bachillerato, otro grupo reunía firmas para presentar la denuncia en contra del dueño del plantel, Héctor Tapia Viscaíno, por supuesta estafa.

El colegio habría obtenido su permiso de funcionamiento en el año lectivo 2000-2001 para operar en el sur de Quito, pero a partir de 2010 la institución habría incumplido la Ley de Educación Intercultural al no notificar el cambio de dirección, una condición que debía ser previamente aprobada por la autoridad educativa. Por lo tanto, cualquier servicio de educación que brindó a partir de ese año fue ilegal.

“Todo fue ilícito”

Resignarse a que esos años de estudio quedaron insubsistentes por carecer del aval del Ministerio de Educación es difícil para las decenas de estudiantes, un hecho que fue confirmado por el delegado de esa cartera de Estado para acompañarlos en el proceso.

Para los afectados, los últimos años o meses de sus vidas no fueron ficticios. Cada sábado y domingo acudían desde las 07:00 hasta la 13:00 a las diferentes sedes (ver subnota) del plantel con la aspiración de graduarse de bachilleres en Contabilidad o Ciencias Sociales, pese a que desde 2011 se implantó en todo el país el Bachillerato General Unificado.

Una de las denunciantes es Patricia Encalada, quien cursó el Bachillerato en dos años. Y tanto ella como el resto de estudiantes, que iban de 19 a 50 años, destinaron alrededor de $ 1.000 por año lectivo. Debían cancelar $ 40 de matrícula, $ 35 por los uniformes que vendían en la misma institución, $ 35 por acción social, además de los derechos de examen y la participación obligatoria en rifas o eventos para recaudación de fondos que supuestamente servirían para el mejoramiento del plantel. Por la ceremonia de graduación pagaban $ 300.

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Como evidencia de los pagos solo exhiben recibos con el membrete del colegio, firmados por quien se presentaba como esposa de Tapia.  Otros también muestran sus fotografías -algunos posando junto a Tapia- durante el juramento a la bandera o en el acto de graduación.

Con indignación Encalada asegura que por 2 años recibió excusas sobre supuestos retrasos en el Ministerio de Educación para la legalización de sus títulos, hasta que el 15 de mayo pasado decidió denunciar el caso ante la Fiscalía. Hasta el momento se habrían presentado 5 denuncias en grupos de 20 personas.

Son alrededor de 500 los exalumnos de la sede Carapungo y del Centro Histórico que piden la intervención del Ministerio. “Pedimos que nos ayuden a revalidar los 3 años de estudio en ese colegio; estudiar en un solo año o rendir un examen. Muchos somos padres de familia, en algunos casos madres solteras que no tenemos los recursos ni el tiempo para volver a estudiar”, explicó una de las afectadas.

El Ministerio les habría ofrecido -según una de las exestudiantes, Karen Herrera- que los afectados entre 20 y 24 años se acojan a un curso intensivo de 11 meses para obtener el Bachillerato, mientras que los mayores a 24 años deberían estudiar nuevamente los 3 años lectivos en planteles fiscales.

Investigación penal

Otra de las exestudiantes afectadas, Jahaira Prado, que este año planeaba terminar sexto curso, cuenta que antes de inscribirse en el colegio consultó la legalidad del plantel en el Ministerio de Educación, y tras la verificación decidió matricularse. Ahora sabe que sus pases de año son falsos, así como las actas de grado, pese a tener los sellos de la autoridad educativa. Según los afectados, les informaron que esos sellos fueron robados por un antiguo funcionario.

En marzo de este año el Ministerio de Educación abrió el proceso  004-2014 JDRC-CDD-I.P contra el plantel. La Junta de Resolución de Conflictos de la Dirección Distrital de Calderón establece que cualquier cambio en el plan de estudios, costo de matrículas o dirección debía ser aprobado por el ente regulador, lo cual no fue acatado por el colegio.

Por ello se dispuso que en un plazo de 60 días, a partir del 6 de marzo pasado (término que ya expiró), los representantes legales del plantel tramiten su creación y funcionamiento para legalizar las promociones y titulaciones. Y se ordenó notificar el caso a la Fiscalía “por encontrarse a la fecha sin los permisos necesarios que les faculte brindar servicios de educación”.

EL TELÉGRAFO consultó sobre el caso a la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano, en donde explicaron que al ser un caso penal por estafa, en etapa de investigación, no podían pronunciarse.(I)

Datos

El artículo 186 del Código Integral Penal (COIP) sanciona la estafa con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece en el artículo 56 que “todo cobro de rubros no autorizados por la Autoridad Educativa Nacional deberá ser reembolsado a quien lo hubiere efectuado, sin perjuicio de otras sanciones”.

Además plantea que para cada plan de estudios se requerirá un permiso, y el cobro de matrículas y pensiones se hará conforme a la ley. Asimismo se establece que las instituciones educativas particulares no tendrán como finalidad principal el lucro.