Los vecinos de Calderón exigen que se regularice el transporte informal

Los habitantes de la parroquia Calderón (al norte de Quito)  enfrentan diariamente problemas de movilidad. Según la Junta Parroquial, el transporte público regularizado cubre el 50% de la demanda, mientras que la otra mitad es atendida por sistemas informales.

El martes, el Municipio denunció que el gobierno parroquial habría vendido permisos de circulación a taxis y compañías de transporte sin tener atribuciones para ello.

Isabel Bejarano, presidenta de la Junta, criticó la generalización y aclaró que serían 2  los vocales que habrían cometido la irregularidad. Añadió que inclusive el 25 de junio enviaron a la Municipalidad un pedido de investigación de los hechos, del cual todavía no obtienen respuesta.

A su juicio, la Alcaldía está creando una cortina de humo para desvanecer el problema de movilidad de la parroquia.

Según la representante, el Cabildo planea que unos 400 vehículos regularizados atiendan a Calderón. Pero la Junta ya habría respondido que aspiran, más bien, a que se regularicen las unidades que actualmente operan de manera informal.

“Nosotros pedimos al Municipio un estudio minucioso de las condiciones de las operadoras y la movilidad de la parroquia. La Junta y sus autoridades conocen lo que señala la Ordenanza 044, pero no queremos que otras cooperativas sustituyan a las existentes. Queremos su regularización, porque incluso son una fuente de trabajo para la gente de la parroquia”, aseguró Bejarano.

Calderón cuenta con 6 cooperativas regularizadas como Calderón, Transporcel, Symiflor y Llano Chico. Mientras que el transporte irregular lo componen más de 13 cooperativas que recorren el interior de los barrios del sector y lo conectan con otros puntos del Distrito.

Marcelo Males, vocal de movilidad de la Junta, indicó que más del 45% de los habitantes de la zona utiliza regularmente la transportación informal.

Mencionó, además, que los concejales de la Comisión de Movilidad realizaron un recorrido por la parroquia en febrero, con el fin de conocer la situación de los desplazamientos.

Al respecto, Eddy Sánchez, presidente de dicha entidad, señaló que  no se podrá regularizar ningún tipo de transporte hasta dentro de 5 años, pues así lo establece la ordenanza 044. De ahí que el problema de la parroquia Calderón será analizado, pero que no podían ofrecer la legalización de ninguna cooperativa.

Esta aseveración contrasta con el ofrecimiento del propio Sánchez a los miembros de las 5 organizaciones de transportistas que operan hace aproximadamente una década a lo largo de la av. Simón Bolívar, de que serán regularizados hasta agosto del próximo año.

El 11 de junio pasado la Comisión conoció y aprobó la hoja de ruta de la legalización de las aproximadamente 300 unidades que conectan al sector de Carapungo (uno de los barrios de Calderón), con Cumbayá (al oriente) y Guajaló y Chillogallo (al sur).

El 13 de junio, el edil incluso se reunió con los transportistas en el teatro del Colegio San José La Salle y les comunicó la novedad.

Los conductores presionaron al Municipio por su regularización el 12 de abril, al bloquear por varias horas el cruce de la Panamericana Norte y la av. Simón Bolívar. (I)