Los alumnos ‘pagaron’ la multa contra el plantel

“Me gradué hace 3 años y el colegio  me entregó un acta provisional. Después de un tiempo me dieron el título pero mi nombre estaba mal escrito. Pedí la corrección y me dijeron que el trámite costaba $ 50. Pagué ese valor, pero no me solucionaron y me enviaron al Distrito 4 (centro de Quito). Allí me indicaron que el colegiodebía hacer la rectificación, pero mi sorpresa fue que el plantel ya estaba cerrado”.

El relato de Karen Herrera es uno más entre los 500 exestudiantes del colegio particular a distancia Segundo Ángel Tapia que, el miércoles pasado, denunciaron en la Fiscalía de Pichincha haber sido víctimas de estafa. Su propósito era continuar sus estudios universitarios, pero al constatar que se trató de un título falso, su sueño se ha truncado.

Entre los perjudicados están jóvenes que ya cursan una carrera universitaria, a la cual accedieron presentando el acta de grado otorgado por el plantel, pero recién conocen que sus estudios secundarios no tienen el aval del Ministerio de Educación.

La indignación de los ciudadanos se ahonda más al conocer que los sellos del Ministerio y de la Dirección Distrital de Educación que constan en sus títulos y actas de grado habrían sido robados por un antiguo funcionario.   

El artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina como uno de los requisitos para entrar a la universidad “poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la ley”.

Entre los estudiantes están madres solteras, obreros y adultos de escasos recursos que buscaban culminar una meta personal y así mejorar su vida laboral. Pues a más del costo que significó cursar el bachillerato a distancia, con una inversión aproximada de $ 1.000 por año lectivo, perdieron su tiempo.

Tras conocer de la presunta estafa, algunos ya se resignaron a no retomar los estudios por falta de tiempo y dinero.  

La Junta de Resolución de Conflictos de la Dirección Distrital de Calderón, mediante la Resolución 008-JDRC-DDC 2015, determinó que el plantel no tenía “los permisos necesarios que le faculte brindar servicios de educación”. Por eso los afectados exigen la devolución de su dineroy que el dueño del plantel sea aprehendido.

Cuestionan calidad de la educación

Los exestudiantes coinciden en que la educación que recibían era de mala calidad, a pesar de que los profesores decían pertenecer a establecimientos reconocidos, como el colegio Mejía.

Patricia Encalada, una de las perjudicadas, recordó que hace 2 años terminó sexto curso en tan solo 3 meses: “El dueño del colegio, Héctor Tapia, nos dijo que el Ministerio de Educación dispuso un solo régimen escolar y no 2 (Costa y Sierra), por lo que tenía que acabar rápido con los cursos”.

Lo mismo habría ocurrido con  María Gavilánez, quien entró este año lectivo a quinto curso y lo culminó en 5 meses. Ella y sus compañeros participaron el 25 de abril pasado en un evento para recaudar los fondos correspondientes a una multa de casi $ 9.000 que supuestamente les impuso la cartera de Estado.

“Tuvimos que comprar 5 boletos de $ 5 cada uno para que el colegio siga funcionando, con el argumento de que así nuestros títulos tendrían el  aval del Ministerio, ya que aparentemente se trataba de una sanción administrativa, pero todo fue un engaño”, lamentó Gavilánez.

A pesar de que la Ley de Educación Intercultural dispone que ninguna institución educativa particular tenga fines de lucro, los estudiantes denunciaron que en el colegio Segundo Ángel Tapia los maestros se preocupaban más por el cobro de las matrículas y pensiones, “incluso nos sacaban del aula si nos atrasábamos en las mensualidades”, recordó Encalada.

“En la sede de Carapungo la supuesta esposa de Tapia era la tesorera y, en la del Centro, su hija hacía los cobros”, contó Marina Benavides, madre de uno de los perjudicados. (I)

DATOS

El colegio Segundo Ángel Tapia obtuvo el permiso de funcionamiento en 2000 y desde entonces tuvo sedes en La Magdalena, Centro de Quito, Carapungo y  Guamaní.

A pesar de no tener el permiso que otorga el Ministerio de Educación se cambió de domicilio, por lo que desde 2010 no tiene autorización para operar.

Solo en el Centro y en Carapungo serían 500 los perjudicados, a quienes se les otorgaba títulos de Bachillerato en Ciencias Sociales o Contabilidad, pese a que ya rige el Bachillerato General Unificado a nivel nacional.

El año pasado EL TELÉGRAFO publicó un caso similar con el colegio Juan Montalvo, propiedad del exconcejal capitalino Manuel Bohórquez Tapia. El plantel tenía “sedes” en Ibarra y Santo Domingo. (I)