La continuidad del proyecto Metro de Quito preocupa a los concejales del Municipio capitalino, pues la primera fase concluyó en abril de este año.  

Tras la lectura del informe preliminar del examen especial llevado  a cabo por la Contraloría al proceso de licitación de la fase 2 del Metro (13 paradas y el túnel), vuelve a surgir el debate sobre la participación de Odebrecht y el costo final del proyecto.                   

De acuerdo a los plazos establecidos, el informe final de la Contraloría se haría público la próxima semana en su página web. No obstante, si se llega a determinar indicios de responsabilidad penal, la entidad de control remitiría el documento a la Fiscalía.    

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, informó que dentro de la hoja de ruta está convocar la próxima semana al Comité de Deuda Municipal para que analice la estructuración de la nueva deuda, enviada por el Ministerio de Finanzas.

Con esto la delegación podrá definir con qué instituciones financieras se gestionarán los créditos y el monto definitivo.

Esa información se remitirá a la Comisión de Presupuesto del Concejo Metropolitano para la aprobación del endeudamiento adicional ($440,9 millones) y retomar el proyecto. Sin embargo, existirían dos preocupaciones por parte de los ediles, sobre todo del bloque SUMA-VIVE.  La primera es que si la justicia brasileña ratifica la culpabilidad por el delito de cohecho (ver subnota) a los representantes de Odebrecht, empresa que presentó la propuesta más económica para la construcción de la fase 2, podría ordenarse el embargo de las acciones o bienes de la empresa en el resto del mundo. Para el concejal por CREO, Eduardo del Pozo, a pesar de que el consorcio se cohesionó con la compañía española Acciona, aquello no configura una personería jurídica distinta: “Al ser Odebrecht parte del consorcio y tener problemas en Brasil, el informe de Contraloría debe especificar que no exista el riesgo de que embarguen recursos de los quiteños”, manifestó.

Con esto coincide el concejal de Alianza PAIS, Carlos Páez, quien insiste en que el alcalde Rodas aclare cuál es el impacto que tiene la situación legal de Odebrecht en Brasil con respecto al proyecto: “¿Hay riesgo de que el consorcio deje colgadas las cosas? Eso debe transparentarse. No sabemos en qué condiciones pidió el informe, ni cuál espera que sea su contenido, estamos pendientes”, insistió.        

La otra preocupación tiene que ver con el pedido al alcalde de que durante la etapa de negociación se  blinde el presupuesto con el objetivo de impedir, en un futuro, que los contratos complementarios y ajustes de precios incrementen la deuda general de $1.940,9 millones.

Según el burgomaestre eso sería “imposible”, lo que preocupa a Del Pozo porque se estaría anticipando  un posible incremento del precio y, por lo tanto, “estamos comprometiendo la ejecución de la obra, ahora que estamos al tope de endeudamiento”.   

Por otro lado el concejal de VIVE, Sergio Garnica, cuestionó el error de comunicación del alcalde Rodas  al afirmar que el Cabildo inició una negociación con Odebrecht cuando se trató de un simple diálogo, por lo que no se pudo establecer un blindaje de la deuda. “Ahora el Alcalde se ha comprometido a vigilar que no se hagan ajustes al presupuesto. Como no hubo negociación esperamos que no se complique la continuidad del proyecto”, acotó. (I)

Firma brasileña es investigada en varios países 

El pasado 19 de junio, el presidente de una de las mayores empresas constructoras de América Latina, Odebrecht, fue arrestado por presuntos actos de corrupción vinculados a la petrolera estatal brasileña Petrobras. Un mes después la fiscalía de ese país acusó formalmente a Marcelo Odebrecht de organización criminal, corrupción y lavado de dinero.

Según las investigaciones entre 2004 y 2014 muchas de las principales constructoras del país ganaron licitaciones para hacer obras en Petrobras sobornando a los directores de la firma. Parte de esos fondos terminaron financiando a partidos políticos, entre ellos el oficialista Partido de los Trabajadores.

A pesar de que la empresa ha negado los cargos presentados contra su presidente, la policía brasileña reveló el viernes anterior un supuesto fraude en la licitación que adjudicó a la compañía la construcción de uno de los estadios del Mundial-2014, el Arena Pernambuco.

Según la Policía Federal, el estadio (al noreste de Brasil) habría sido construido con un sobrecosto de al menos 42,8 millones de reales, es decir, $12,2 millones actualmente.

El gobierno de Pernambuco, que firmó el contrato para construir el estadio, indicó a la agencia AFP que la obra también fue aprobada por los órganos fiscalizadores.

Los contratos con la gigante brasileña están siendo investigados en Perú, Panamá, Suiza y Ecuador.

En este último, el 25 de junio pasado,  el fiscal general  Galo Chiriboga indicó que la justicia ecuatoriana cooperará con las investigaciones y, a su vez, solicitó que Brasil también entregue información  sobre la empresa. (I)