En el país existen 945 asentamientos humanos irregulares identificados

Acompañar el debate de la propuesta de Reforma a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y Cootad, que se tramita en la Asamblea Nacional fue una de las resoluciones que adoptaron los participantes en el Primer Encuentro por el Derecho a la Vivienda y el Hábitat Digno, en el que participaron movimientos sociales y miembros del Movimiento Alianza PAIS (AP).

La propuesta reformatoria plantea, entre otras cosas, establecer un año de plazo para que los municipios legalicen los asentamientos irregulares existentes en sus jurisdicciones.

En caso de que los cabildos no cumplan con esto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) asumirá la competencia a nombre del Estado central.

Además, se plantea incorporar una exoneración especial a los asentamientos que no cuenten con áreas verdes en sus planos.

Otra de las propuestas es la agilización de los procesos de liquidación de sectores conformados como cooperativas. La traba en este procedimiento desemboca en el retraso de la escrituración individual.

La propuesta ya fue analizada en primer debate en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y se espera que el trámite avance en las próximas semanas.

Virgilio Hernández, legislador de AP, señaló que los municipios cuentan con la normativa necesaria para cumplir con este procedimiento, pero que en muchos de ellos falta voluntad política para ejecutarlo. A ello se añadiría la existencia de intereses privados opuestos a las regularizaciones.

Luis Reina, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Espacio Público del Concejo capitalino, señaló que es necesario que los moradores de los barrios se transformen en actores políticos para que la regularización, al igual que otros procesos, avance.

“Hay que fortalecer las políticas de crédito, acceso a la vivienda social. Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Como municipios debemos avanzar hacia la definición de políticas públicas que permitan la regularización de los barrios y la democratización del suelo”.

El tema de la existencia de asentamientos irregulares es un problema extendido por todo el país. Según la Secretaría de Asentamientos Humanos Irregulares, en los últimos 2 años se han identificado alrededor de 945 asentamientos de este tipo a escala nacional.

A partir de 2014, la entidad intervino 430 asentamientos, siendo Guayas (130) la provincia que registra un mayor número de casos, de estos, el 50% está concentrado en Guayaquil.

Guayas posee, además, el área con la mayor concentración de zonas irregulares del país. Se trata de una zona de 800 hectáreas en las que están ubicadas 36 precooperativas de vivienda.

Las provincias amazónicas registran 65% de asentamientos no regularizados en sus territorios.

En tanto que en la Sierra hay una mayor organización de territorios, aunque aún hay trabajo por hacer.

César Abad, secretario técnico de Asentamientos Irregulares, coincide con Hernández en que los gobiernos autónomos descentralizados no tienen la voluntad política necesaria para acelerar los procesos regularización.

El funcionario cree que por ello se deben establecer sanciones a los titulares de los municipios que retrasen los procesos.

“La sanción debería ser económica e incluso podría llegar a la destitución de un alcalde que no ha prestado atención a las necesidades de la ciudadanía que vive en este tipo de asentamientos. En Guayaquil tenemos que obligar al alcalde Jaime Nebot a regularizar los barrios de esa ciudad. El Municipio conoce estos casos, pero no hace efectivos los procesos de regularización”, sostuvo Abad.

David Ruales, titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, insistió en el hecho de que los municipios del país cuentan con las herramientas normativas suficientes para efectuar los procesos de regularización.

Carlos Páez, también concejal capitalino por AP, recordó que la reforma del artículo 596 del Cootad, aprobada en diciembre de 2013, estableció la expropiación especial como un mecanismo para eliminar el poder de los traficantes de tierra.

Cuando se comprueba la infracción, el Cabildo expropia al lotizador y da los lotes a quienes fueron perjudicados con su venta. (I)

"Vemos una Alcaldía alineada con intereses"

Ana María Larco, arquitecta y analista urbana, mencionó que los procesos de regularización son complejos.

Dijo que en el caso de Quito, las pasadas administraciones municipales han realizado esfuerzos por mejorar la situación de los asentamientos irregulares. “Los procesos de regularización dependen de la voluntad política de las administraciones municipales [...] Creo que los miembros del Concejo hacen un esfuerzo grande al tratar de generar las herramientas necesarias para avanzar en la regularización de barrios. Incluso han obligado al propio alcalde Mauricio Rodas a aprobar la ordenanza 005; por eso, las acciones políticas se deben generar en la lógica de la responsabilidad de cada una de las municipalidades”.

Enfatizó que con la creación de la Unidad Regula Tu Barrio se concreta un esfuerzo de más de 40 años, que logra atacar el problema de raíz. Criticó a la actual administración por su falta de compromiso con los barrios. “El alcalde Rodas se preocupa por su propia imagen; las obras que entrega no cambian la lógica de la ciudad [...] Vemos una Alcaldía que está alineada con los intereses inmobiliarios”, sostuvo. (O)

Datos

La pasada Alcaldía capitalina creó la Unidad Regula Tu Barrio en 2010 como mecanismo para acelerar el proceso de regularización de asentamientos en el Distrito.

Entre 2010 y 2013, la Municipalidad legalizó alrededor de 300 zonas no reconocidas; alrededor de 100 procedimientos por año. Antes de ese período la ciudad tenía unos 450 asentamientos de ese tipo.

En 2013, el Cabildo capitalino planteó la inclusión del sistema de expropiación especial dentro del paquete de reformas al Cootad. La propuesta fue incluida en las modificaciones a la normativa.

En 2015, los concejales del Bloque PAIS entregaron al Alcalde de Quito un proyecto de Ordenanza que propone que la regularización de asentamientos humanos de hecho y consolidados sea declarada de interés social.