La subvención estimada por el Municipio de Quito a favor de los transportistas urbanos para no elevar el valor de los pasajes sería de aproximadamente el doble de la que otorgaba el Gobierno Central.

La propuesta del alcalde Mauricio Rodas es una compensación monetaria de hasta $1.000 mensuales a cada unidad, siempre que cumpla con los estándares de calidad que imponga el ente competente.

En total, el Municipio calcula un desembolso de $21 millones anuales (en el periodo 2015 y 2016) para los 2.385 buses que atienden a la capital. Es decir, anualmente cada propietario podría recibir un promedio de $8.805, mientras que, el subsidio otorgado por el Gobierno Central en 2012 y 2013 era de $4.320 al año ($ 360 mensuales) por unidad.

Frente a ello, el bloque de concejales de Alianza PAIS reiteró ayer su preocupación sobre la solidez del acuerdo suscrito el miércoles anterior entre el alcalde Mauricio Rodas y José Santamaría, en representación de los transportistas.

Ese día el Alcalde anunció que el gremio de conductores aceptó mantener en $ 0,25 la tarifa general, seguirá cobrando $ 0,12 como medio pasaje a estudiantes y personas de la tercera edad y reducir a $ 0,10 la tarifa de los discapacitados, aunque la propuesta entrará en vigencia cuando sea aprobada por el Concejo Metropolitano.

El concejal Carlos Páez expresó sus dudas por la falta de información sobre los “indicadores de calidad” que viabilizarían la compensación monetaria y los mecanismos de evaluación.

La primera vicealcaldesa capitalina, Daniela Chacón (SUMA-VIVE), aseguró ayer que el índice de calidad “es un anexo del acuerdo firmado entre el alcalde y el representante de los transportistas y se entregará, junto con el resto del documento, probablemente la próxima semana a los concejales de Quito para su conocimiento, cuando se convertirá en información pública”.

Por ahora se sabe que entre los aspectos a evaluar estaríanel buen trato a los usuarios; el respeto de las paradas, horarios, frecuencias y límites de velocidad; y la aplicación del sistema colectivo de recaudo o caja común.

De acuerdo con la vicealcaldesa, se establecieron alrededor de 30 ítems para medir la calidad del servicio de transportación urbana.

La edil reiteró lo dicho por el alcalde con respecto a que la compensación que reciban los propietarios de cada unidad dependerá del nivel de cumplimiento de la tabla de indicadores.

Respecto a la equivalencia monetaria de cada aspecto que se medirá, Chacón aseguró que aún está pendiente la elaboración de un instructivo, cuya construcción se iniciaría una vez que el Concejo debata y apruebe el acuerdo.

Páez señaló que lo acordado en las mesas de diálogo con el gremio de los choferes, sobre todo con relación a los estándares de calidad, debe incorporarse en los futuros contratos de operación que se firmarán con las 62 operadoras urbanas que sirven al Distrito.

Esto porque si bien “el acuerdo tiene cierto valor, los contratos de operación son reconocidos por la ley de tránsito y las ordenanzas municipales”.

Precisamente, el Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito establece que el contrato de operación (cuya duración es de 10 años) debe incluir los “niveles de calidad del servicio y controles de seguridad de flota y choferes”.

Chacón coincidió con ello y añadió que las cooperativas funcionan con contratos prorrogados desde diciembre de 2014 hasta que se aprueben los acuerdos.

Sobre el mejoramiento del sistema de movilidad, el concejal Patricio Ubidia señaló ayer en una entrevista con Teleamazonas que aún existen vacíos de información al respecto. Por ejemplo -dijo- con los datos proporcionados por el Cabildo hasta el momento se podría pensar que el cumplimiento de la caja común no tiene mayores niveles de exigencia en el acuerdo.