El 26% del dispendio del líquido a escala nacional se paga a través de la estimación de montos
El 46% del agua potable que se consume en el Ecuador no se mide ni se factura
De cada 10 mil litros de agua que se captan en el Ecuador, solo el 84,6% llega a una planta de potabilización; es decir, el 15,4% restante se pierde en el traslado. Además, el 50,4% del líquido que se distribuye en zonas urbanas se pierde entre la fase de potabilización y su distribución hacia las viviendas. Las cifras provienen de un estudio ejecutado en 2015 por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) a las entidades encargadas del tema a escala nacional (empresas y juntas de agua) en cantones como Esmeraldas, Quito, Cuenca y Santo Domingo.
José Giraldo, asesor de la dirección ejecutiva del organismo estatal, señala que estas situaciones obedecen a diversos problemas. En el primer caso, existirían canales de conducción del agua desde las fuentes que están deteriorados o corren a cielo abierto. Para Giraldo, esto facilita que algunos ciudadanos se conecten a las redes de manera fraudulenta, por lo que ese líquido consumido no se registra ni se factura.
En cuanto a las pérdidas entre la fase de purificación y la llegada a los domicilios, el funcionario dijo que el estudio halló que el problema se debe a la existencia de tuberías viejas, tanques reservorios con fugas y sin control de nivel.
No obstante, en el ámbito domiciliario también hay pérdidas. Así, la ARCA diagnosticó que de cada 100 consumidores, solo 77 cuentan con medidores y “de estos aparatos, el 7% se encuentra dañado”, según Giraldo.
En ese sentido, el informe evidenció que de 10 mil litros que los prestadores de servicio facturan a los consumidores a escala nacional, el 26% es un monto estimado debido a la falta de aparatos de micromedición. En otras palabras, de un total de 100 litros distribuidos en el país solo se facturarían 54 litros.
Debido a esto, las empresas de agua solo cubren el 81,7% de sus costos operativos por facturación, lo que genera pérdidas económicas. Eso hace, según el estudio, que los servicios de agua potable provistos por los gobiernos locales no resulten autosustentables, lo que obliga al Estado a transferir recursos para sostener las operaciones. En total, unos $ 100 millones anuales le cuestan al país las pérdidas de agua en todas las fases de su procesamiento.
José Espinoza, gerente de la Empresa de Agua Potable de Manta (EPAM), dijo que con base en la auditoría de la ARCA, evidenciaron anomalías en el servicio; entre ellas, la deficiente gestión corporativa de la empresa. En Manta, el terremoto del 16 de abril agravó la situación, pues causó que la recaudación baje de $ 1’300.000 al mes a $ 700 mil. “Antes nos alcanzaba este recurso, por lo menos, para cubrir los gastos operativos”, agregó Espinoza.
Ante esa realidad, solicitó apoyo del Gobierno para reducir la vulnerabilidad de los sistemas y reformar la administración de la empresa. Espinoza dijo que con un plan de mejoras que presentarán en los próximos días, buscarán reducir la cantidad de agua no contabilizada (ANC), mejorar la gestión comercial y reinvertir en infraestructura.
En el caso de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) registra pérdidas del 30%. Esto contrasta con lo que ocurre en Esmeraldas, donde la empresa San Mateo pierde 70% del agua que produce. Este es el mayor nivel de pérdidas de todos los registrados.
Marco Cevallos, gerente general de la EPMAPS, relativiza las pérdidas que se registran en la capital al compararlas con las de otras zonas. “El índice de agua no contabilizada de la región es del 42%, mientras que en Quito es del 30%”, apuntó el funcionario.
El estudio ejecutado por la ARCA establece que la continuidad del servicio de agua potable es del 79,4% a escala nacional. Esto equivale a un promedio de 19 horas. Ante lo expuesto, la ARCA emitió una normativa técnica (Nro. DIRARCA-RG-003-2016) para evaluar y diagnosticar el rendimiento del servicio en el país. La idea es fortalecer la gestión pública y comunitaria de la prestación de agua potable y saneamiento. Luego de ese diagnóstico, los prestadores elaborarán un plan de mejoras, para volver sostenible y eficiente al servicio. (I)
