Hasta 2016 no habrá ningún nuevo proceso de regularización de los taxistas informales que operan en el Distrito Metropolitano de Quito, aseguraron ayer miembros de la Comisión de Movilidad del Municipio capitalino.

Se pronunciaron así en virtud de las denuncias que recibieron de que hay dirigentes y abogados que, a cambio de dinero, les entregan certificaciones provisionales de operación y salvoconductos de circulación.

Eddy Sánchez, concejal y presidente de la Comisión de Movilidad, dijo que la Junta Parroquial de Calderón emitió documentos que avalan la existencia de operación de compañías de taxis informales.

“En estos certificados se pide, además, a las instancias de control correspondientes que faciliten el trabajo de las unidades; pero este documento está fuera de la norma ya que está reñido con el art. 226 de la Constitución (los organismos del Estado solo cumplirán las normas establecidas) y con el art. 285 del COIP que prohíbe el tráfico de influencias”, acotó Sánchez.

El edil aclaró que “el ingreso de documentos a la Secretaría de Movilidad no constituye una habilitación para que los taxis informales, que no han sido regularizados, puedan circular libremente por Quito”.

Por su parte, Andrés Recuenco, representante de las organizaciones de taxistas no legalizadas de la capital, indicó: “Estamos trabajando de forma irregular, pero apegados al debido proceso y queremos que exista una revocatoria de la gente que emitió ese certificado en la Junta Parroquial de Calderón porque de esa forma hemos sido engañados los 3.000 miembros de esta asociación”. (I)