Bomberos de Rumiñahui se declaran en resistencia

“El Cuerpo de Bomberos del cantón Rumiñahui (CBR) se declara en resistencia, como lo indica el artículo 98 de la Constitución”, dijo Jorge Ayala, coronel del organismo. La decisión fue tomada luego de que el Concejo Municipal y el Alcalde Héctor Jácome aprobaran, hace 2 semanas, la ordenanza según la cual se establece que el CBR se transforma en una empresa pública.

Según Ayala, el Concejo Municipal no se acogió, al aprobar esa norma, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y tampoco a la ley de Defensa Contra Incendios. “El Cuerpo de Bomberos no encaja ante la ley como una empresa pública y eso lo señala también la Procuraduría del Estado. Incluso yo mismo he entregado a los concejales información legal para que puedan tomar decisiones correctas con respecto al tema y no lo hicieron”, señaló el oficial.

Ayala, quien ha seguido muy de cerca el proceso, dijo que el CBR no acatará la decisión y que durante las próximas semanas presentará ante la Corte Constitucional, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Concejo Nacional deCompetencias y la Procuraduría una demanda de inconstitucionalidad.

“Los inconvenientes serían, primero, la burocracia: se formarían más departamentos; nosotros no tenemos tanto dinero. Solo un bombero nos cuesta más de $ 10 mil. Se dilapidaría el dinero, porque se colocaría un directorio y los bomberos ocuparíamos el último peldaño en esta escala. La Ley de Defensa Contra Incendios dice que el Jefe de una institución es el representante jurídico y general de todo el cuerpo. Así mismo, la Procuraduría del Estado indica que los jefes de este tipo de instituciones no son de libre remoción, sino de carrera” comentó.

Mario Cárdenas, concejal de Alianza PAIS (AP), quien votó en contra de la propuesta, dijo que no existe una base legal que transforme al organismo de lucha contra el fuego en una empresa pública.

La Ley Orgánica de Empresas Públicas (Loep) indica en su artículo 4 (...) “Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que le corresponden al Estado”.

“Desde este punto de vista —dijo Cárdenas— el CBR es un servicio público, pero no se encuentra en la categoría de estratégico, pues no está en el ámbito del mercado ni del lucro. Mi bloque sostenía que el CBR podía adscribirse al Municipio sin cambiar su estatus”. Añadió que la Loep está dirigida a los sectores estratégicos sujetos al comercio como petróleo, minería, agua, etc.

Cárdenas coincidió con Ayala en que una de las deficiencias de la Ordenanza es que los jefes del CBR estarían subordinados a un gerente y su directorio, el cual sería colocado por el alcalde. “Los jefes de bomberos son quienes conocen mejor que nadie el manejo de la institución y de acción ante riesgos y peligros. La norma no garantiza estabilidad ni a oficiales ni a la tropa. Esta no es el área donde debe asumir la competencia el CBR”, señaló el edil.

Para el asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, la decisión del Concejo Municipal es válida siempre y cuando respete los procesos de traspaso de competencias. Dijo, además, que ahí se evidencia la necesidad de tener una normativa más clara y enfatizó el trabajo que realiza la Asamblea en la construcción del Código de Seguridad. De esa manera se daría mayor claridad institucional a los bomberos.

El concejal Rubén Puma, presidente de la Comisión Jurídica, indicó que el Municipio espera que la Ordenanza se publique en el registro oficial para que se continúe con el proceso de conformación de la empresa pública. Con respecto a la decisión adoptada por los bomberos, señaló que respeta su decisión y que la Procuraduría del Municipio sería la encargada de recibir cualquier tipo de denuncia.

El CBR se creó aproximadamente hace 30 años. Está conformado por 70 bomberos y su presupuesto anual es de $ 1 millón, 50% del cual se invierte en equipo.

Incertidumbre

Hace una semana, 220 cuerpos de bomberos del país se reunieron en El Oro, para dialogar sobre posibles soluciones ante la eliminación del cobro de la tasa contra incendios en la planilla eléctrica. En enero de 2016, se cumplirá un año de la prórroga establecida por la Asamblea Nacional para permitir que el cobro siga haciéndose de esa manera.

Uno de los principales problemas que tienen los cuerpos de bomberos es su presupuesto, pues este depende (80%) del cobro de dicha tasa, cuyo monto total depende del número de habitantes de un cantón.

Los municipios deben asumir las competencias de dichas instituciones, tal como lo señala el Cootad y si se llega a quitar la tasa contra incendios del recibo de la luz, los cabildos deberán hallar alternativas. El Gobierno ha propuesto que se haga con las planillas de agua. (I)

Datos

Quito, Rumiñahui y Mejía cuentan con 662 bomberos. Quito tiene el 80% (600) de ese personal; el 15% (43) es de Rumiñahui y el 5% (19), de Mejía.

Según los estándares internacionales, por cada 1.000 habitantes debe haber un bombero. En el país esta cifra no se cumple, sobre todo en municipio de menor densidad poblacional.

Quito tiene un presupuesto de $ 39 millones, Rumiñahui $ 1 millón y Mejía, alrededor de $ 500 mil. La inversión por cada bombero es de más de  $ 10 mil.