¿Qué tienen en común Eli, Priscila, Diana, Martha, Evelyn, Nathaly, Paola, Vanessa y Juliana? No son solo nombres de mujeres. Detrás de cada una hay una historia de poder. La violencia no es casual. Fueron agredidas sexualmente y algunas de ellas asesinadas. No son simples estadísticas que se adaptan a la sonora cifra de “seis de cada 10 mujeres víctimas de violencia”. No se conforman con que sus historias sean titulares de los medios, mientras algunos agresores están libres y otros afrontan irrisorias condenas. No, ni ellas, ni yo aceptamos que la violencia sea parte de la masculinidad para ser “aceptados”. Lo repudio.

El novio de Eli, por celos, casi la mata.  Rompió la puerta del dormitorio, luego la del baño y allí la golpeó contra el inodoro. Su agresor solo recibió 30 días de prisión. Esa brutal golpiza solo fue catalogada como una lesión. A Priscila, su expareja la arrastró cuatro cuadras. Perdió el bebé. El victimario también fue condenado a seis meses de prisión como una contravención. En pocos días saldrá en libertad.

“Esperan que lleguemos muertas”, gritó en la Unidad Judicial la mamá de Priscila.

“No es condición“, le recuerda Rosa Ortega, prima de Vanessa Landínez, quien fue asesinada en Ambato en 2013 y su agresor sigue libre. “No”, piensa Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, que desapareció en 2012 y recién siete años después arrestaron a su agresor. ¿Por qué tarda la justicia? se  cuestionan ellas. La injusticia sí es un asunto común de familiares y las víctimas.

La respuesta la tiene el Consejo de la Judicatura (CJ) que aún no resuelve la  falta de fiscales, jueces y defensores públicos y a los pocos fiscales de género, como Mayra Soria, que tiene una sobrecarga procesal de 7.000 causas, los suspenden. La respuesta la tiene el Estado que aún no declara en emergencia la violencia contra la mujer para que a dos años de aprobada la Ley de Erradicación de la Violencia por fin se destinen recursos para poner en práctica el Sistema integral. La ruta aún no es adecuada para tramitar las leyes vigentes, si no hay especialistas con enfoque de género y el sistema de justicia resulta ser revictimizante. Es loable que Ecuador tenga mujeres en la presidencia de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, pero más gratificante será verlas haciendo prácticas y justas las leyes desde sus trincheras.

“¡Señor, señora no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente!”. (O)