Después de que en menos de 10 años, siete mandatarios pasaran por el poder, llega el actual presidente Correa, quien se sentaría en el sillón de Carondelet por una década. Así también llegaron políticas públicas que él mismo catalogó como revolucionarias.

Estas políticas, dirigidas a las personas menos protegidas, traerían la supresión de ciertos beneficios que mantenían representantes y la cúpula de organizaciones e instituciones incluso públicas.

El 11 de agosto de 2010, con 108 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El 3 de septiembre, el presidente Correa vetó el inciso tercero, que terminó redactado así: “Se derogan [...] cualquier tipo de disposiciones que reconozcan bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el cumplimiento de años de servicio por aniversarios institucionales, por efectos de ejecución de funciones propias de cada institución o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia”. El 29 de septiembre la Asamblea se allanó al veto y al siguiente día el Regimiento Quito sería el escenario de la mayor revuelta en estos 10 años de Revolución Ciudadana: el intento de golpe de Estado, conocido como el 30-S. Mientras en el lugar los policías paralizaban sus funciones y pedían a sus pares a nivel nacional que también lo hicieran, el Presidente asistía para dialogar con ellos, encontrándose con actos violentos que concluirían con su secuestro en el Hospital de la Policía. Aunque algunos miembros de la oposición aseguraron que su estadía fue por voluntad propia, la filtración de audios pidiendo la muerte para el Presidente evidenciaba lo contrario. Gracias a la ayuda de las FF.AA. no logró consolidarse el golpe de Estado, pero el hecho causó la muerte de Juan Pablo Bolaños, estudiante de Economía; Darwin Panchi y Jacinto Cortez, de las FF.AA., y de los policías Edwin Calderón y Froilán Jiménez. El hecho sumó 55 causas judiciales. El entonces presidente de la Comisión 30-S, Carlos Baca Mancheno y hoy Fiscal General, afirmó que uno de los delitos que tiene mayor trascendencia fue el intento de magnicidio. Ahora 6 procesados como autores del hecho y 8 cómplices esperan conocer si irán o no a juicio. El fiscal, Fabián Salazar, dijo que el plagio no ha sido despenalizado y que consta en el artículo 162 del COIP como secuestro extorsivo. Con más de 200 pruebas, este sería el mes en que se definiría si cumplen la condena, que va de 8 a 12 años de prisión. Frente a esto aún se cuestiona el papel que los medios de comunicación jugaron ese día, cuando según Diego Guzmán, quien fue miembro de la comisión que investigó el 30-S, 2.680 notas hablaban mal del Gobierno entre julio y noviembre de 2010. (I)