Tras cinco años de vigencia, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) afronta en la Asamblea Nacional una cirugía mayor.

La Comisión de Derechos Colectivos aprobó este miércoles 5 de septiembre el informe para primer debate de las reformas a la norma. Hubo siete votos a favor y tres abstenciones provenientes de Marcela Holguín, Carmen García y José Chalá, legisladores de Revolución Ciudadana (RC).

Las reformas nacieron meses atrás del Ejecutivo, y en la mesa legislativa, presidida por el asambleísta de Alianza PAIS, Jorge Corozo, se incluyeron las observaciones de más de 85 grupos políticos.  

Con el informe se da paso a la eliminación, por ejemplo, del linchamiento mediático y de la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom).    

Durante su discusión se informó, por parte de la mayoría de integrantes de la Comisión, que el ente de control restringió la libertad de expresión en el país. Su extinción debe concretarse en 180 días, tras la aprobación de las reformas.

Sin embargo, parte de esas competencias formarán parte del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), ente que cambiará de nombre a Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Otras facultades pasarán a la Defensoría del Pueblo.

Édison Toro al momento se desempeña como titular de la Supercom. Días atrás afirmó que desde 2014, bajo la administración de Carlos Ochoa, la entidad efectuó 1.188 procesos administrativos contra periodistas, medios y otros actores de la comunicación.

El informe para el primer debate señala también que las sanciones pecuniarias (económicas) que se establecieron hasta el momento deben cumplirse. Por su parte, los procedimientos administrativos en trámite concluirán una vez aprobadas las reformas legales.

Además se da cabida a la autorregulación de los medios, mientras que la nueva Cordicom promoverá los mecanismos para la protección de los trabajadores de la comunicación.

Asimismo, en la primera disposición transitoria se establece que las instituciones del sector público que mantengan la propiedad de los medios incautados deberán iniciar su proceso de venta.

Al respecto, Jeannine Cruz, legisladora de CREO, manifestó que en el régimen anterior hubo 11 medios incautados. “Usaron el aparataje mediático para perseguir, descalificar y confundir a la audiencia”. Dentro del documento sobresale el nuevo mecanismo para la adjudicación de concesiones.

En caso de que sea aprobada, la autoridad de telecomunicación realizará la concesión directa de frecuencias para los medios públicos y para los representantes de pueblos y nacionalidades.

A esto se suma que únicamente entrarán en concurso “público y transparente”, quienes estén interesados en los medios privados y comunitarios. (I)

Marcela Holguín dijo que las reformas están hechas a favor de los medios y no de los periodistas. Foto: Archivo /El Telégrafo