“Tenemos una generación que no conoció un régimen represor”

Después de 30 años la asambleísta alterna de Alianza PAIS, Susana Cajas, no olvida las torturas que vivió durante el régimen socialcristiano de León Febres-Cordero. A partir de esa experiencia, cuestiona a quienes intentan “confundir a la ciudadanía” argumentando supuestas violaciones a los derechos humanos en el actual Gobierno.   

Para quien ha sido víctima de tortura y represión por parte del Estado, ¿cómo interpreta las declaraciones de la legisladora Cinthya Viteri, quien representa al Partido Social Cristiano  y que acusa a la actual administración de violar los derechos humanos?

La asambleísta Viteri es absolutamente irresponsable con sus declaraciones.  En la última sesión del pleno de la Asamblea volvió a referirse a eso y cuando le dije que a mí no me contaron, ni vi por televisión las torturas del gobierno de León Febres-Cordero, (fui víctima de un gobierno que nos agredió sexualmente, desapareció a decenas de personas) ella simplemente justificó la acción represiva en contra de un grupo armado al que tilda de “asesino”, “cortacabeza”. Así justifica la represión. No podemos obviar que toda persona, más allá de que cometa una ilegalidad, tiene derechos. En este país nunca ha sido aprobada la tortura, la desaparición forzosa, ni la ejecución extrajudicial como forma de investigación. Y si vamos al plano legal, con su argumentación está justificando la ilegalidad cometida por un Estado alegando que Alfaro Vive Carajo (AVC) era un enemigo interno.  

¿Cómo valora que una legisladora, cuyo partido político ha planteado permanentemente la aprobación de la pena de muerte en el Ecuador, ahora se asuma como una defensora de los derechos humanos?

La estrategia de la derecha siempre ha sido crear condiciones de inseguridad para luego emerger como la salvadora, pese a ser ella misma la que la genera. Ellos necesitan un escenario de inseguridad para justificar todo lo que hacen y proponen.

¿Bajo esa lógica intentan posicionar la idea de que este es un gobierno represor?

Debemos partir de la idea de que su gobierno es absolutamente incomparable con el actual. No tienen idea de lo que significa un gobierno represor y autoritario, un gobierno que ejerce ese autoritarismo a través de delitos de Estado, violando los derechos humanos. En el informe de la Comisión de la Verdad, que investigó los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1984 y 2008, solo el 20% de los casos corresponden a personas vinculadas con AVC, los demás -la gran mayoría- fueron ciudadanos ajenos a los grupos subversivos, eso evidencia que hubo represión generalizada y que no era necesario pertenecer a AVC para ser víctima de violación a los derechos humanos. Cualquier persona que, según ellos, se oponía al régimen,  pertenecía a una organización social o era afín al comunismo era considerada enemiga y corría el riesgo de ser apresada, torturada, desaparecida.

Al revisar los noticiarios y las redes sociales parecería que esos hechos de violencia jamás hubiesen pasado en Ecuador. ¿Esa falta de memoria histórica podría convertir en víctimas a los victimarios?

Por supuesto. Lo que pasó con el gobierno de Febres-Cordero fue hace 30 años. Hoy tenemos una generación que no conoció lo que es vivir en un régimen represor y autoritario. Ahora ellos aparecen como los salvadores porque esa generación no conoce lo que hicieron y cuáles son sus intereses económicos y políticos. Esos mismos actores han estado fuera del gobierno muchos años y hoy se sienten afectados. Por eso (Viteri) hace acusaciones que no tienen ningún asidero legal. Por ejemplo, acusa a AVC del caso Briz (secuestro y asesinato del empresario quiteño José Antonio Briz, en noviembre de 1977) ocurrido 6 años antes de que apareciera la organización; yo tenía 10 años cuando eso sucedió. Y olvidan señalar que uno de los responsables del caso Briz fue después colaborador del gobierno de Febres-Cordero, le hablo de Mao Tse Tung Viteri Zúñiga (alias ‘Orejón’ o agente 098, según el informe de la Comisión de la Verdad). Entonces toman ese caso para confundir a la población.

Han tildado al presidente Correa como el golpista 001 por participar en las manifestaciones contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, y lo dice también la  legisladora que posesionó como presidente a Alfredo Palacio.  ¿Qué buscan con eso?

Su estrategia es acomodarse a cualquier situación política y así logran que la lectura sobre un proceso se ajuste a sus intereses. Quiere deslegitimar la protesta de un pueblo que se conjugó con el retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas. La caída de Gutiérrez fue consecuencia de la inconformidad ciudadana por su desgobierno, un episodio que (Viteri)  avaló al posesionar al nuevo Presidente. Entonces, si cree que hubo una inconstitucionalidad, ella fue parte de esa inconstitucionalidad.

¿Usted corresponsabiliza a la legisladora Viteri por las ofensas, incluso los acosos, que se hacen en redes sociales  contra quienes fueron parte de AVC?

Cuando ella dice ‘asesinos’ y ‘terroristas’ que colaboran con este gobierno ya es una ofensa. En mi caso particular he trabajado en el sector público como técnica y ahora soy asambleísta alterna, y cuando se refiere a nosotros en esos términos nos estigmatiza y da a notar que no tenemos derecho a nada. Cuando nos enjuiciaron, bajo el gobierno de Febres-Cordero, nunca reconocieron nuestros derechos, ni siquiera al debido proceso. Durante los últimos 30 años hemos sido estigmatizados, hemos tenido problemas para obtener un trabajo o un crédito, y todo  secundado por los medios de comunicación. Cuando decidimos sumarnos a este proceso político también desconocieron nuestra capacidad de aportar como profesionales. Por eso, cuando hablo de lo irresponsable que es la asambleísta Viteri, me refiero al ambiente de inseguridad que quiere crear, sin ningún asidero legal. Incluso afirma que hubo policías  asesinados y que nadie los defiende, de ser así ¿por qué no pone la denuncia? Ahora tenemos una Comisión de la Verdad en la Fiscalía, un programa de reparación de víctimas en la Defensoría del Pueblo y sabemos que cuando hay un policía afectado o asesinado la misma institución lo repara. Por nuestra parte no existe ya ningún problema, nosotros ya respondimos ante la justicia sobre cualquier ilegalidad que cometimos, estuvimos presos y tras el juicio algunos fuimos sobreseídos o condenados a penas que ya se pagaron, pero eso nadie lo dice. Y cuando acudimos a la Comisión de la Verdad para pedirle a la otra parte que dé la cara ante la justicia  hallamos problemas.

¿Cómo interpreta usted que ante ese tipo de declaraciones los medios  “independientes” no exijan pruebas o cuestionen?

Partamos de que Ecuavisa jamás me ha invitado a hablar sobre esto, considerando que también soy asambleísta, para dar mi visión. Quien me ha invitado a veces es Diego Oquendo para hablar sobre otros temas. Sabemos que en este tema los medios son bastante parcializados y creo que debo ser más cuidadosa y pedir mi derecho a la réplica. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar abiertamente y siempre fue la crónica roja el espacio para referirse a nosotros.

¿Cuánto ha avanzado la reparación a quienes fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en el gobierno de Febres-Cordero?

El proceso de reparación de víctimas, aprobadoen diciembre de 2013 con la ley, no ha avanzado con la celeridad que esperábamos, eso está en manos de la Defensoría del Pueblo. Se están firmando los primeros acuerdos reparatorios y hasta ahora hay un solo caso concluido, que fue un cambio de identidad (Caso Basantes). (I)