Una cosa es el discurso, otra la práctica. Eso dijeron los sindicatos sobre la política laboral en la década correísta. Según ellos, el anterior gobierno no defendió los derechos de los trabajadores, sino que “manipuló la justicia para dictar fallos en contra de los trabajadores”. Incluso, se utilizó la Corte Constitucional para afianzar reformas contrarias al derecho laboral internacional, advirtieron.

Fernando Ibarra, del buró nacional del Parlamento Laboral Ecuatoriano (PLE), una agrupación excorreísta, explicó a este diario vía email que muchas políticas opuestas a los derechos de los trabajadores operaron mediante decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, “con los que se legisló por encima de la Constitución, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Código del Trabajo”, aseguró.

Hay ejemplos de eso: La Ley de Justicia Laboral y la eliminación del aporte estatal del 40% del fondo de pensiones. O las enmiendas constitucionales y su limitación a la contratación colectiva y a la libre sindicalización para los servidores del Estado.

Nelson Erazo, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), coincide con su colega. “Está claro que la década del expresidente Correa buscó modernizar el Estado y apuntalar el sistema de explotación laboral. Para ello,  hizo leyes que garantizaron que grupos económicos puedan ganar y despojó a los trabajadores de sus derechos”, argumentó.

¿Cómo se hizo eso? Con leyes, acuerdos, decretos ejecutivos y resoluciones, dijeron ambos dirigentes.

Esa política laboral mereció reiteradas observaciones de la Comisión de Expertos en el Control de Aplicación de Normas de la OIT, incluso de una misión técnica que vino a Ecuador para verificar los abusos del Estado en materia laboral. Sin embargo, el anterior gobierno no movió un dedo por cambiar esa situación.

Hoy, en cambio, hay nuevas formas de contratos laborales que tampoco se miran con buenos ojos en los sindicatos. Por ejemplo, se propone redistribuir la jornada laboral en más de 5 días. Pero el Código del Trabajo establece que la jornada ordinaria será de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Eso significa, dijo Ibarra, que un empleador pueda contratar a un trabajador, en jornadas de 4 horas en la noche. Pero solo le pagaría un recargo del 15%, en lugar del 50% señalado en la ley.

Sin embargo, gracias a las nuevas alternativas en el ámbito laboral se ha formalizado y legalizado la situación de miles de trabajadores, desde mayo de 2017 hasta la fecha: hay más de 100 mil registros de contratos, informó el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en la presentación de las políticas laborales a seis Cámaras de Comercio, en Guayaquil.

Los trabajadores, además, elaboran un nuevo Código del Trabajo, que será presentado próximamente. Este no tiene relación con el Código Orgánico Integral del Trabajo que se prepara en la Asamblea y estará listo para su tratamiento, entre enero y mayo de 2019, según la agenda parlamentaria.

Erazo señaló que el código  impulsa el trabajo pleno, es decir, la estabilidad laboral, la libertad de organización, de contratación, la seguridad social y los salarios justos. A la par del código, los sindicatos también preparan una nueva Ley de Seguridad Social basada en la solidaridad, la automía, el Seguro Social Campesino. “Planteamos que el Consejo del IESS esté compuesto de manera tripartita. Los afiliados y jubilados deben tener mayor representación, dijo.

Están preocupados por la deuda de “$ 17.000 millones al IESS”. “Pedimos una auditoría del  Biess y esperamos el plan de pago del Gobierno”, agregó Erazo. (I)