Los militares que retuvieron al presidente León Febres-Cordero el 16 de enero de 1987, en la base aérea Taura, en lo que la historia conoce como el ‘Taurazo’, tuvieron que esperar 20 años para recobrar sus vidas. Se trata de un grupo de 62 militares que se rebeló contra las injusticias.             

Así recuerda ese episodio Pedro Dimas Loor, conocido como ‘Zambo Colorado’. Él vistió el uniforme 6 años  antes del ‘Taurazo’, pero luego su vida se derrumbó. Recién en 2008 empieza a recuperarla cuando la Asamblea Constituyente ordena la restitución de sus derechos.

La historia ha posicionado la idea de que la única razón del ‘Taurazo’ fue pedir la liberación del general Frank Vargas Pazzos, pero los participantes tienen otra impresión. “Fueron muchas cosas. En primer lugar el presidente de ese entonces, León Febres-Cordero, quería ser dictador. La única base a nivel nacional que no estaba de acuerdo con esta situación era la de Taura y además había problemas internos con los comandantes y también el asunto con mi general Frank Vargas Pazzos. Habían demasiadas injusticias contra nosotros, por esa razón se actuó como debía de actuarse”, recuerda.

Las políticas que se querían implementar en el país “eran un atropello”, por eso decidieron rebelarse.

DATOS

En diciembre de 1988  los comandos de Taura fueron beneficiados por la Ley de Gracia, emitida durante el gobierno de Rodrigo Borja, que permitió el perdón de la pena.     
Luego de obtener la libertad el siguiente paso fue presentar una solicitud de amnistía ante la Mesa de Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente, el 7 de enero de 2008.

6 meses después la Asamblea concedió la amnistía a los exmiembros del Comando de Taura, quienes participaron en el secuestro de León Febres-Cordero. Así se puso fin a 20 años de restricciones de sus derechos civiles.

Los militares tenían en su poder una carta firmada por el mandatario en donde decía que no se presentarían represalias.Los 62 comandos fueron apresados sin el debido proceso, según las investigaciones de la Comisión de la Verdad que analizó el caso.

El ‘Zambo Colorado’ acompañó a Vargas Pazzos en la rebelión de Quito. “En 1986 la idea de la base en Quito era llegar a Taura, pero por orden de Febres-Cordero se impidió el aterrizaje, por eso fuimos a Manta”, recordó.

Desde ahí Loor ya tenía problemas con el gobierno de Febres-Cordero. Ese mismo año nació su hija, “me golpearon y estuve inválido 6 meses”, recalcó. Como era compañero de Vargas Pazzos debía movilizarse constantemente.

Después se dio el ‘Taurazo’ y vinieron 2 años de torturas, tanto físicas como sicológicas. Cuando los dejaron en libertad la sanción fue de 10 años sin derechos ciudadanos. “Salimos sin documentos, nos borraron, dejamos de existir”, narra con tristeza.

Para esa época su hija Sara Jane debía ir a la escuela y para eso necesitaba un apellido. El ‘Zambo Colorado’, sin papeles, no podía registrarla, aunque siempre trató de estar presente en su vida.

El cambio de nombre fue el lunes   

A Sara, quien desde el lunes lleva el apellido de su padre, le explicaron la situación desde pequeña. Las cosas siempre fueron claras en su entorno familiar. Loor siempre fue la figura paterna, más allá de la ausencia producto de la situación legal que atravesó su progenitor.

“Esta situación era importante”, sobre todo obtener el apellido de quien le dio la vida, pues es parte de su historia y la de sus hijos, repetía a todos quienes les consultaban por el cambio en el Registro Civil, que ocurrió el lunes pasado en Guayaquil.

“Siempre esperábamos el momento de hacer el cambio y en buena hora que esta vez se pudo concretar en el Registro Civil. Familiarmente es algo que tenía que lograrlo, pero más allá, en la parte social, yo creo que es importante que las personas sepan quién es mi papá y a quién yo me debía”, resaltó Sara.

Recuerda que durante su infancia vivió ausencias por la situación peculiar de su padre, pero siempre supo que Pedro Dimas Loor era su papá, además recalcó que nunca tuvo una influencia negativa de él en ningún sentido.

Los excomandos dicen haber recuperado sus derechos a medias, pues no se los ha reconocido plenamente como militares en servicio pasivo. Actualmente su caso sigue en la Corte Constitucional.

Durante años pasaron sin poder trabajar, pues no tenían documentos. “Siempre estuvo la familia presente, nos tocó sobrevivir”, dijo Loor.  

Ahora esperan que todos sus derechos sean reconocidos por completo, luego de la investigación de la Comisión de la Verdad. (I)