Raúl Tello es del Movimiento Unidos por Pastaza, del Bloque de Integración Nacional (BIN) e integrante de la Comisión de Fiscalización.

Él y su colega Esteban Bernal (CREO) presentaron el pedido de juicio político a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura. Pero esa solicitud fue archivada. Sin embargo, ambos insistirán en la interpelación a ese funcionario.

La Fiscalía abrió una investigación a Jalkh por presunto tráfico de influencias en la justicia...
La Fiscalía abrió un “acto urgente” contra Jalkh, eso significa que pone sobre el tapete el hecho de que existe interferencia y falta de independencia en la justicia, que contravienen la Constitución, las leyes nacionales e internacionales.

Ustedes presentaron 14 pruebas documentales y de video sobre esa presunta injerencia al Consejo de Administración Legislativa (CAL). ¿Cuáles son las más importantes?
Están los correos electrónicos entre (el expresidente) Rafael Correa y Gustavo Jalkh sobre el tema. Además, el oficio de Alexis Mera, exsecretario de la Presidencia, dirigido a Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, a Jalkh, y Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es una amenaza para sancionar a jueces que fallen en contra del Ejecutivo.

No importaban los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, ni los fundamentos jurídicos. También hay videos de jueces que sufrieron presiones de Jalkh para elaborar sus dictámenes. Algunos fueron sancionados por contravenir esas órdenes. La metida de mano de Rafael Correa en la justicia fue clara. Jalkh se prestó para que suceda eso en la justicia del país.

¿Ustedes han anunciado un nuevo intento de control político al jefe del Consejo de la Judicatura?
Reactivaremos el juicio político a Jalkh, con nuevos elementos. Sin embargo, él será evaluado por el Consejo de Participación transitorio y debería ser cesado en sus funciones.

¿Cuál es el marco político de esa justicia presuntamente sometida al anterior Gobierno?
El objetivo fundamental del correísmo fue construir un proyecto de impunidad con diversas aristas. La principal era tomarse todas las funciones del Estado, a través del control de la Función Judicial, la de Transparencia, la Electoral y la Asamblea. Ese control es típico de un Gobierno autoritario. (I)