El procurador general, Diego García, indicó que del análisis que han realizado del caso Odebrecht, el monto del perjuicio ocasionado pro las actividades corruptas de Odebrecht en el país superarían los $50 millones, por lo que esperan recuperar esa cantidad una vez que la justicia dictamine el monto de la reparación integral al Estado.

García dijo que luego de analizar el caso de asociación ilícita en el que está implicado el Vicepresidente de la República, que al momento cumple con prisión preventiva, decidieron presentar la acusación particular sin perjuicio de que las demás empresas perjudicadas puedan hacerlo.

El funcionario destacó que las coimas que habría pagado la empresa a funcionarios, a cambio de conseguir contratos de construcción en el país, supera los $35 millones. "Hemos considerado que este caso amerita que sea la Procuraduría la que lidere las presentaciones de acusaciones particulares". 

Recalcó que en el caso de que se inicien otros tipo de investigaciones por otros delitos, "el monto podría ser superior sin incluir los temas que tengan que ver con defraudación tributaria que incrementaría mucho má las cantidades". 

En ese sentido, no descartó que se presenten otras acusaciones por otros delitos. "Siempre he dicho que vamos a presentar acusación particular en la medida que al cierre de la instrucción fiscal o en el momento de la instrucción, la Procuraduría tenga claro que se reúnen los elementos de convicción suficientes para llegar a juicio". 

"Manto de aparente legalidad"

El funcionario también se refirió al pronunciamiento de la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien afirma que la Procuraduría es la encargada de revisar la legalidad de los contratos en el sector público, a través de su Dirección Nacional de Contratación Especial.

Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, envió una solicitud al titular del Legislativo, José Serrano, para que requiera al procurador la información concerniente a las acusaciones particulares que la Procuraduría haya presentado en casos de corrupción y que se estén procesando actualmente en la administración de justicia. Además, que se informe sobre el control de legalidad de los contratos de Odebrecht. 

#PGE por mandato constit. es encargada de revisar legalidad de contratos en sect público a través de su Direcc nac de contratación especial. pic.twitter.com/OgDUcutejS

— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) October 4, 2017

Al respecto, García dijo no conocer el pedido de la asambleísta y aseguró que la Procuraduría ha mantenido informado al presidente de la Asamblea respecto del seguimiento del caso Odebrecht.

Sin embargo, puntualizó que hay que tener claro que "en el caso Odebrecht el esquema de corrupción incluye un mecanismo de protección, un manto de aparente legalidad a través de los informes de la Contraloría General del Estado, que es la que tiene la capacidad de determinar responsabilidades administrativas, civiles o presunciones de responsabilidad penal". 

"De manera que un informe de la Procuraduría General del Estado no podría en un momento dado establecer una responsabilidad, porque no tiene la competencia legal. Lo máximo que podría hacer es pedir a la Contraloría que determine esas responsabilidades", apuntó. 

"Y si existía un esquema de protección, a través de la Contraloría General de Estado en sus informes, eso no tiene el menor futuro. Hay que ser realistas, en este caso estamos frente a un esquema de corrupción que incluía un manto de aparente legalidad", manifestó.

Indicó que el camino no está "en ponerse a hacer informes en este momento respecto del control de la legalidad, lo podemos hacer, pero el camino en este momento es la investigación penal que se está siguiendo. Y lo que hay que tratar de hacer es facilitar la investigación penal", añadió.  (I)