El procurador general del Estado, Diego García, explicó que del análisis realizado del caso Odebrecht se deduce que el monto del perjuicio ocasionado por esta red superaría los $ 50 millones. Por este motivo se aspira a recuperar esa cantidad una vez que la justicia dictamine el monto de la reparación integral.

García dijo que luego de estudiar el caso de asociación ilícita en el que está implicado el Vicepresidente de la República, que al momento cumple prisión preventiva,  decidieron presentar la acusación particular sin perjuicio de que las demás empresas afectadas puedan hacerlo.

El funcionario destacó que las coimas que habría pagado la empresa a funcionarios,  a cambio de conseguir contratos de obra pública, superan los $ 35 millones. “Hemos considerado que este caso amerita que sea la Procuraduría la que lidere la presentación de la acusación particular”.

Recalcó que si se inician otras investigaciones por delitos conexos, “el  monto podría ser superior sin incluir los temas que tengan que  ver con defraudación tributaria,  que incrementaría  mucho más las cantidades”.

La Procuraduría, según García, ha estado activa desde el inicio de la investigación haciendo seguimiento de cada una de las diligencias. “Hemos revisado los más de 300 cuerpos del proceso, además participado en el seguimiento de las declaraciones, informes periciales, por eso en el momento oportuno presentamos la acusación”.

El funcionario dijo que la Fiscalía es el dueño de la acusación de acuerdo al sistema penal vigente y   tiene la capacidad de vincular a los sujetos que determine. Por eso la Procuraduría hace un seguimiento individual para poder intervenir.

Calificó como indispensable que la Procuraduría busque la reparación integral, pues el Estado es la víctima del daño causado por el delito de Odebrecht. “En esta circunstancia el Estado tiene derecho a la reparación integral, no obstante de que el Código  Orgánico Integral Penal (COIP), le permite a la víctima tener derecho a la reparación aun sin presentar una acusación particular.

Pero frente a la gravedad de los  hechos, por la existencia de un esquema de corrupción dentro de la contratación pública que ha funcionado  por años, es  necesaria la  acusación de la  Procuraduría para impulsar esta reparación integral, explicó García.

El miércoles pasado la asambleísta Marcela Aguiñaga envió una petición oficial a la Procuraduría para que entregue al Legislativo un “informe sobre el control de legalidad de los contratos con la empresa Odebrecht, adjuntando los respectivos informes jurídicos”.

Al respecto García dijo que  el camino no es ponerse a hacer informes en este momento respecto del control de la legalidad. “Eso lo podemos hacer, lo importante es la investigación penal que se está haciendo, y lo que hay que tratar de hacer es facilitar la indagación y no tratar de obstruirla”.   

Explicó que un informe de la Procuraduría  no podría establecer responsabilidad penal porque no tiene competencia legal, lo máximo que podría hacer es pedirle a la Contraloría que las determine pero en este caso existía un esquema de protección a través de esta misma entidad que emitía informes favorables a la empresa. “Había un manto de aparente legalidad”.

La semana pasada la Procuraduría presentó una denuncia particular contra los 18 procesados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En ese grupo se encuentran el vicepresidente Jorge G., y su tío, Ricardo R. Ayer fue la primera vez que García se pronunció sobre esta acción. (I)