El presidente de la República, Rafael Correa, remitió el lunes 13 de marzo el proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular sobre los paraísos fiscales, efectuada el 19 de febrero pasado, y en la que se pronunció a favor el 55,12% de la población.

En su cuenta de Twitter, el mandatario destacó que se cumple así "la voluntad del pueblo ecuatoriano y la verdadera lucha contra la corrupción".

En la exposición de motivos, Correa destaca que los paraísos fiscales "facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales".

Menciona datos de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sobre que en estos tipos de territorios se ocultan de 5 a 7 billones de dólares.

También del Tax Justice Network, que indica que el dinero de los impuestos evadidos, a través de paraísos fiscales, supera los $ 255.000 millones anuales, quíntuplo de la cantidad necesaria para lograr los objetivos del milenio propuestos por las Naciones Unidas.

En América Latina, el 22% se encuentra en empresas offshore, lo que da como resultado que cada año se deje de recaudar $ 320 mil millones por evasión y elusión fiscal, el equivalente al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

También se refiere a las más de 200 mil empresas offshore a nivel mundial, creadas por la firma Mossack Fonseca, entre las cuales constan 3.923 contribuyentes del Ecuador.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el 50% del capital social de los grandes contribuyentes viene del exterior, de los cuales el 70% es triangulado desde paraísos fiscales. "Se ha detectado más de $ 200 millones que corresponden a dividendos pagados a residentes en tales jurisdicciones", dice el documento.

Recalca que, para combatir las consecuencias de los paraísos fiscales, el gobierno ha impulsado varias reformas y leyes tributarias. Menciona así la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria; la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal; y la Ley Orgánica de Solidaridad.

"Esta relación histórica demuestra que la guerra contra los paraísos fiscales viene desde el inicio de mi gobierno, por lo que esta solicitud no obedece a coyunturas políticas de naturaleza alguna y estas medidas legislativas han sido adoptadas para combatir los paraísos fiscales y evitar que día a día se evadan más impuestos en nuestro país, afectando las necesidades básicas de toda la sociedad", apunta el mandatario.

Contenido del proyecto

El documento consta de 7 artículos, entre ellas prohibiciones, disposiciones transitorias y derogatoria.

En el ámbito de esta ley están comprendidos quienes ocupen u ocuparen puestos de elección popular en el sector público, bajo cualquier régimen o modalidad; quienes prestan o prestaren sus servicios en el sector público; quienes fueren electos o ingresaren al sector público a partir del 6 de marzo del 2018.

Sobre la prohibición de ocupación y desempeño de puestos en el sector público destaca que "quienes de alguna manera tuvieren bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales, deberán, hasta el 6 de marzo del 2018, dejar de tenerlos, caso contrario se les impondrá sanciones".

También explica que "no se considerará que se ha efectuado la transferencia de bienes o capitales, si aquellos son transferidos a cualquier tipo de empresas, corporaciones, fundaciones u otras formas asociativa o fideicomisos en los cuales, ya sea en forma personal o como asociado, socio o accionista, formaren parte de aquellas, o fueren constituyentes, beneficiarios o tuvieren cualquier tipo de derechos o participación o percibieren de aquellos cualquier estipendio, valor o remuneración".

Tampco "cuando aquella transferencia se efectuare en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel".

Además subraya que "cualquier tipo de inversión, fondos de inversión, depósitos a plazo fijo o variable que se mantuviere deberá sujetarse a las mismas condiciones".

Señala que los servidores públicos deberán presentar hasta el 6 de marzo del 2018 una declaración a la Contraloría General del Estado, informando que han dejado de tener propiedades en territorios o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales.

A partir de dicha fecha, "no podrán postularse para un puesto de elección popular ni ingresar ni prestar sus servicios en el sector público, quienes tuvieren capitales o bienes en paraísos fiscales".

Respecto a las sanciones constan: la terminación del nombramiento o contrato, así como la destitución o pérdida del puesto. Recalca que los servidores públicos sujetos a control político de la Asamblea Nacional, con excepción de los Ministros de Estado, será el Legislativo el que proceda al respectivo enjuciamiento político e imponga la sanción correspondiente.

Respecto a los ministros de Estado, será el presidente de la República el que disponga su cesación definitiva en el puesto.

En el caso de prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, consejeros proviniciales, concejales municipales y miembros de juntas parroquiales, la cesación la determinará el respectivo órgano colegiado.

Los demás servidores públicos, a la respectiva autoridad nominadora.

Estipula que, si el infractor no es separado en el plazo de 45 días, lo hará el Contralor General del Estado.

También se concede una acción popular, para denunciar los hechos que contravinieren lo dispuesto en la ley.

FInalmente, el proyecto plantea reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia; a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y a la Ley Orgánica del Servicio Público. (I)