El Gobierno analiza la posibilidad de reducir los costos de sus dependencias públicas, tanto de las instituciones que funcionan dentro del país, como las del extranjero. Así lo  informó el Ministerio de Defensa.

Este estudio “sobre la disminución de los costos de las Agregadurías Militares en el extranjero está en análisis, por lo tanto, aún no existe una determinación oficial al respecto”, señaló la cartera de Estado en un comunicado.

Antes de emitirse este boletín el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, habló de la posibilidad de que las funciones que cumplen los agregados de Defensa en el exterior sean asumidas por funcionarios de embajadas y consulados.

Se espera que quienes actualmente cumplen las funciones en las agregadurías sigan haciéndolo hasta que cumplan con sus periodos, pero que luego no se renovarían los cargos. Eso si es que finalmente se decide suspenderlas.

Según el portal web de la Cancillería en América se registran 9 agregados de Defensa. En América del Sur están en: Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Mientras que en América del Norte hay en Canadá y Estados Unidos.

Los funcionarios se encargan de “representar al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas del Ecuador, ante sus organismos correspondientes, para fomentar las relaciones bilaterales y actividades de reciprocidad, que promuevan el intercambio de conocimientos, capacitación, tecnología y apoyo mutuo entre los dos países”. Esa es la misión de la agregaduría militar en Argentina, según lo publicado en el sitio web de la misión diplomática.

Reunión con militares retirados

El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, mantuvo ayer una reunión con los militares en servicio pasivo para analizar la situación del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), así como la homologación de las pensiones jubilares.

El funcionario aclaró la situación luego del débito de los $ 41 millones que el Gobierno pagó en exceso al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por los lotes del parque Samanes en Guayaquil.  

Sobre este tema el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, explicó que no se trata de extraer recursos de la entidad, sino que se cruzaron cuentas.

A la reunión asistieron 16 militares en servicio pasivo. Eran representantes de grupos de diferentes,  partes del país. Entre ellos estaban los directivos de la Confederación Nacional de Militares en Servicio Pasivo. Ese grupo, que  se conformó desde 1938, reúne a más de cinco organizaciones.

Al iniciar el encuentro, Patiño recalcó que los militares en servicio pasivo que se preocupan por el bienestar actual de sus compañeros son en realidad los representantes con los que se puede dialogar.

“Deben saber que conmigo tienen las puertas abiertas para el diálogo”, sostuvo.  

El Ministro también manifestó que a diario mantiene conversaciones con los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de igual forma con militares de las diferentes unidades de todo el país, con el propósito de buscar el bienestar de la familia militar. “Nuestra relación y la comunicación con la tropa y los oficiales es permanente”, aclaró.

En cuanto a las protestas de militares retirados, el Ministro enfatizó que en ese grupo hay “agentes de la CIA y traidores de Angostura”. Para él quienes no protestan son militares en servicio pasivo y activo que “sienten al país y entienden que lo que recibe el Issfa es dinero del Estado”.

Patiño dijo que la devolución de los “$41 millones es cosa juzgada”, pero que entiende que las glosas establecidas por el tema de la venta de terrenos para el parque Samanes “es una situación apelable”.

Jubilados plantean reformas

Patiño adelantó que los representantes de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo presentarán reformas a la seguridad social. “Ya he conocido la propuesta, pero ahora la voy a conocer formalmente y la vamos a discutir”, afirmó el secretario de Estado.

Para el funcionario no hay fundamentos para las protestas puesto que entre otras cosas  las jubilaciones se encuentran garantizadas en cumplimiento de la Constitución.
“Todo lo que sea necesario para garantizar las jubilaciones lo asegura el Estado ecuatoriano”, dijo.

La Asamblea aprobó en diciembre enmiendas constitucionales que garantizan el pago de las jubilaciones a los militares. (I)

"Oficios no fijan responsabilidad culposa"  

Por el sobreprecio en la venta de los terrenos del parque Samanes, entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente, la Contraloría General del Estado estableció responsabilidad culposa para los funcionarios que participaron en la transacción.

Según el portal Ecuadorinmediato.com, la entidad habría dispuesto una glosa civil y administrativa contra Marcela Aguiñaga, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella era ministra del Ambiente cuando se realizó la compraventa. La ahora legisladora estuvo en ese cargo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 9 de noviembre de 2012.

La Contraloría consideró el avalúo efectuado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del  Ministerio de Vivienda y en este no debía basarse la compra sino en el estudio hecho por el Municipio de Guayaquil.

En respuesta Aguiñaga puntualizó que “los Oficios 398-DPR y 1989-DPR sumillados por el Contralor General al ser predeterminaciones no fijan ningún tipo de responsabilidad civil culposa o administrativa culposa”.

Por ello “como lo establece la citada ley, en los próximos 60 días contestaré y presentaré las pruebas de descargo correspondientes para que, después de que estas sean analizadas, la Contraloría General del Estado esté en capacidad de expedir una resolución”.

Además recalcó que durante su desempeño como ministra del Ambiente actuó en apego a la ley, por lo que esperará las resoluciones definitivas de las entidades pertinentes que aún analizan el caso.  

La Contraloría publica todos sus informes, pero no los nombres de los sancionados porque ellos aún pueden apelar esta decisión.

El examen especial fue ordenado por el contralor Carlos Pólit  el pasado 4 de febrero y lo ratificó al día siguiente en una rueda de prensa; este análisis demora entre 40 y 50 días.

Según un informe del Ministerio de Defensa, en 2008 el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) compró en el sector de Samanes 372 hectáreas por 16 millones de dólares, pero de ese terreno en el 2010 el Issfa le vendió al Ministerio del Ambiente 66 lotes, que comprenden un área de 220 hectáreas, por 48 millones de dólares.

Se trataba de tierras agrícolas que fueron vendidas como urbanizadas.  

Las autoridades informaron que el dinero recuperado por el sobreprecio será invertido en mejorar el índice de áreas verdes en el puerto principal dentro del proyecto Guayaquil Ecológico. (I)    

"Oficios no fijan responsabilidad culposa"  

Por el sobreprecio en la venta de los terrenos del parque Samanes, entre el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Ministerio del Ambiente, la Contraloría General del Estado estableció responsabilidad culposa para los funcionarios que participaron en la transacción.

Según el portal Ecuadorinmediato.com, la entidad habría dispuesto una glosa civil y administrativa contra Marcela Aguiñaga, actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella era ministra del Ambiente cuando se realizó la compraventa. La ahora legisladora estuvo en ese cargo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 9 de noviembre de 2012.

La Contraloría consideró el avalúo efectuado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros del  Ministerio de Vivienda y en este no debía basarse la compra sino en el estudio hecho por el Municipio de Guayaquil.

En respuesta Aguiñaga puntualizó que “los Oficios 398-DPR y 1989-DPR sumillados por el Contralor General al ser predeterminaciones no fijan ningún tipo de responsabilidad civil culposa o administrativa culposa”.

Por ello “como lo establece la citada ley, en los próximos 60 días contestaré y presentaré las pruebas de descargo correspondientes para que, después de que estas sean analizadas, la Contraloría General del Estado esté en capacidad de expedir una resolución”.

Además recalcó que durante su desempeño como ministra del Ambiente actuó en apego a la ley, por lo que esperará las resoluciones definitivas de las entidades pertinentes que aún analizan el caso.  

La Contraloría publica todos sus informes, pero no los nombres de los sancionados porque ellos aún pueden apelar esta decisión.

El examen especial fue ordenado por el contralor Carlos Pólit  el pasado 4 de febrero y lo ratificó al día siguiente en una rueda de prensa; este análisis demora entre 40 y 50 días.

Según un informe del Ministerio de Defensa, en 2008 el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) compró en el sector de Samanes 372 hectáreas por 16 millones de dólares, pero de ese terreno en el 2010 el Issfa le vendió al Ministerio del Ambiente 66 lotes, que comprenden un área de 220 hectáreas, por 48 millones de dólares.

Se trataba de tierras agrícolas que fueron vendidas como urbanizadas.  

Las autoridades informaron que el dinero recuperado por el sobreprecio será invertido en mejorar el índice de áreas verdes en el puerto principal dentro del proyecto Guayaquil Ecológico. (I)    

Datos

Coordinar y dar seguimiento a los entendimientos bilaterales suscritos en el marco de organismos internacionales.

Promocionar el desarrollo tecnológico, investigación e industria de la defensa ecuatoriana.

Gestionar el intercambio de capacitación en temas de seguridad, defensa y desarrollo tecnológico entre los miembros de las Fuerzas Armadas y el país en donde se encuentre la agregaduría.

Participar en todo evento académico que tenga relación con seguridad y defensa.

Identificar oportunidades para la transferencia tecnológica y desarrollo de la producción, relacionadas con la industria de la defensa.

Asesorar a la Embajada en temas de seguridad y defensa.