Los movimientos financieros de Columbia Management son una de las pistas claves de la Fiscalía General del Estado. Esta empresa offshore, creada en Panamá, recibió más de $ 20 millones en los últimos 7 años.

Los investigadores sospechan que esa compañía está ligada a los supuestos pagos ilegales por la adjudicación de contratos públicos, especialmente a Ricardo R., tío del vicepresidente Jorge G., y uno de los principales sospechosos en la red de corrupción de Odebrecht.

Legalmente, Columbia Management pertenece a Édgar A., un empresario quiteño que se entregó a la Justicia porque defiende su inocencia. No obstante, una pericia contable  identificó que su compañía recibió fuertes cantidades de dinero desde las empresas offshore creadas por Odebrecht para esconder los pagos de sobornos.

En este informe, que es parte de la instrucción fiscal, se explica que desde las empresas de papel: Select Engineering Consulting, Klienfeld, Constructora Internacional del Sur, Innovetion Rech Elgeenering And Development y desde el Meiln Bank, se transfirieron los recursos a la compañía de Édgar A. (ver infografía).

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El exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, confesó a la Justicia que la triangulación del dinero empezaba en cuentas de la constructora. Desde allí se enviaba el dinero hacia las empresas offshore de Édgar A. y este luego traía el efectivo a Ecuador a través de Diacelec.

Édgar A. también es el principal accionista de esta empresa dedicada a la comercialización de acero para la construcción y que es considerada una de las más grandes del mercado local. Las oficinas de Diacelec fueron allanadas el 2 de junio pasado por agentes de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía y de la Fiscalía.

Los abogados de Diacelec manifestaron a la Fiscalía que el dinero que recibió la empresa es legal. Sin embargo, de acuerdo con el informe del perito financiero, el dinero que envió Columbia Management a Diacelec entraba a los cuadernos contables de Diacelec como préstamos para Édgar A., pero no hay registros de esos compromisos.

Así lo dice textualmente el reporte: “Según la información proporcionada por la contadora de la empresa  Diacelec, Myriam C., estas transferencias se contabilizaban como préstamos a Édgar A. accionista mayoritario. Sin embargo, no se adjuntaron documentos (contratos, convenios, pagarés, etc) que se adjudiquen la obligación registrada”.

En la revisión de las cuentas de ambas compañías se verificó que Columbia habría transferido $ 10 millones a Diacelec entre junio de 2010 y mayo de 2015. Dinero que supuestamente se dio a Édgar A., pero él solo facturó $ 798.689 por servicios profesionales y arrendamiento entre 2013 y 2016. Pero el peritaje recalca que tampoco se puede verificar esos rubros.

“Al no tener mayor información documental respecto a los servicios que facturó el señor Édgar A. a la empresa Diacelec no se puede establecer si efectivamente se realizaron y/o prestaron los servicios”.

Los investigadores de la Fiscalía sospechan que el dinero, resultado de ese vacío contable, llegó a manos de Ricardo R. Sin embargo, su abogado, Aníbal Quinde, rechazó ese indicio y aseveró que en el expediente no hay una prueba que verifique que Diacelec entregó dinero a su cliente.

La ruta de las offshore

$ 37,5 millones y 355.265 euros se movieron en las empresas offshore creadas por Odebrecht y sus intermediarios ecuatorianos. Esta es la cifra que arroja la pericia a los estados de cuenta y que se incluyeron en la asistencia penal que envió el país centroamericano a la Fiscalía.

También se sumaron los rubros encontrados en un análisis de informática forense realizado por un perito de la Fiscalía General del Ecuador a otras firmas fuera de Panamá. Toda esta información fue entregada, el pasado 26 de septiembre, y es parte de la instrucción fiscal por supuesta asociación ilícita en contra del vicepresidente Jorge G., Ricardo R. y otras 16 personas.

Para la Fiscalía, aún no se puede establecer que esa sea la cifra definitiva del dinero que fluyó por la red de Odebrecht, porque se deben sumar los pagos hechos en otros casos como el del exministro de Electricidad, Alecksey M. (detenido y acusado de lavado de activos) y del excontralor general, Carlos Pólit (investigado también por concusión y que se encuentra en La Florida).

No obstante, los agentes investigadores creen que van por el camino correcto para conocer cuánto es el perjuicio real al Estado. Gracias al peritaje contable confirmaron, por ejemplo, las confesiones que hicieron Kleper V., Gustavo M. y José T.

Los tres admitieron que crearon empresas de papel en Panamá para esconder los pagos a funcionarios públicos que adjudicaban los contratos a la constructora brasileña.

Por ejemplo, Kleper V. confesó a la Fiscalía su rol en la red de sobornos: pago de coimas aumentando los costos en las facturas por servicios dados en el aplanamiento de los terrenos de la Refinería del Pacífico y en el trasvase Daule-Vinces. También testificó que envió a empresas offshore $ 2,6 millones en transferencias electrónicas y $1,2 millones entregó en efectivo a los directivos de Odebrecht.

Una de ellas fue Popa Worldwide Companny que pertenece a Gustavo M. Él también confesó su delito a la justicia y contó que igualmente es propietario de Emalcorp y con ambas se dedicó a repartir el dinero a los funcionarios de Petroecuador.

En su testimonio dijo que Ramiro C., exgerente de Transporte de la estatal petrolera, habría recibido más de $ 100.000 en dinero en efectivo y en electrodomésticos.

José T. también confesó que escogió a Panamá para levantar dos offshore de nombres Alesbury y Joubert, desde de las cuales trianguló dinero para funcionarios públicos. Recordó que los ejecutivos de Odebrecht le recomendaron que creara empresas en ese país para evitar ser descubiertos, como finalmente sucedió.

Ahora José T., Gustavo M. y Kleper V. esperan su juicio abreviado y obtener una rebaja a su pena por delatar a varios miembros de la red de Odebrecht. (I)

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El 17 de este mes 3 personas más serán vinculadas

Para el próximo martes 17 de octubre fue diferida la audiencia de vinculación de Vladimir S., Sakurai E. y Gustavo M., al proceso por el presunto delito de lavado de activos en el caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

La audiencia estaba prevista que se cumpla ayer, pero por razones que no fueron precisadas se difirió.

De conformidad con lo que determina el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el pasado 29 de septiembre terminó el plazo para la instrucción fiscal en este caso, el cual se inició el pasado 21 de abril, con la detención del exministro de Electricidad Alecksey M. y del empresario Marcelo E. De ahí corrió el lapso de 90 días y se extendieron 30 días porque aparecieron dos personas más con presunción de delito.

Al haberse cumplido los 120 días, la fiscal del caso y coordinadora de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diana Salazar, con la información recabada y los fundamentos que posee para deducir una imputación, deberá enviar a la sala de sorteos la petición al juez de garantías penales, a fin de que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, acto en el que solicitará, de estimar pertinente, las medidas cautelares de carácter personales o de orden real. Allí se realizarán los llamados a juicio.

Hasta el momento por el presunto lavado de activos hay cuatro procesados: Alecksey M. (detenido); Marcelo E. y Antonio M. (con arresto domiciliario); y Santiago J. (prófugo) con orden de detención. A estos podrían sumarse las tres nuevas personas antes mencionadas.

El exministro de Electricidad, Alecksey M., es el principal implicado por haber recibido un millón de dólares de la constructora brasileña. De acuerdo a la defensa, mientras ejercía el cargo en el Gobierno de Rafael Correa, también fue consultor de la constructora Norberto Odebrecht, entre 2007 y 2008. Y producto de aquello se le depositó el millón de dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra (Europa). (I)