“Nunca antes una ley reconoció el aporte de las amas de casa”

El Gobierno estima que este proyecto de ley  facilitará la incorporación de 1,5 millones de trabajadores no remunerados a la seguridad social. ¿Cuál sería el proceso?

El planteamiento  es universalizar  el derecho a la seguridad social, sin importar cuál sea su condición de trabajo. En los últimos años hemos mejorado el acceso de quienes están en relación de dependencia, pero quedaron fuera los trabajadores autónomos y no remunerados del hogar, cuyo  aporte productivo al país -si tuviéramos que darle un valor económico- es del 15% del PIB. La cifra desagrega a la población inactiva que se declara ama de casa y a quienes, dentro de la población económicamente activa, se declaran como trabajadores no remunerados. El proyecto de ley es un incentivo para que la gente se afilie pensando en la parte previsional, es decir, en recibir una pensión por vejez, invalidez o muerte. Por supuesto, que la incorporación de 1,5 millones de personas será progresiva y esperamos que este año ingresen 400 mil trabajadoras no remuneradas del hogar.

El proyecto de ley garantiza la portabilidad de ese beneficio, ¿cuál es la ventaja?

En el sistema actual la portabilidad de esos derechos no existe. Por ejemplo, si decido dejar el trabajo para dedicarme a las tareas del hogar seguiría aportando como ama de casa para acceder a una pensión. Generalmente en la región, el 75% de las mujeres mayores a 65 años no accede a una pensión jubilar y no necesariamente porque no ha cotizado en la seguridad social. Hablamos de un derecho con responsabilidad porque tienen la obligación de cumplir los dos requisitos:completar 240 aportes y tener más de 65 años. Hasta ahora, lo que ocurría con muchas mujeres es que dejaban su empleo para convertirse en amas de casa y nunca más cotizaban en el mercado laboral, así que perdían el derecho a la pensión. Asimismo, hubo mujeres que toda la vida se dedicaron al hogar y jamás se reconoció su aporte al desarrollo productivo y social del país.

La preocupación de los jubilados está en la eliminación del aporte del 40% del Gobierno al IESS, aduciendo que hay un superávit. ¿Cuestionan que si hay suficientes recursos por qué el servicio de salud es insatisfactorio?

Primero hay que separar los rubros. Las contingencias por vejez, invalidez y muerte son distintas del fondo de salud. El aporte del Estado iba al fondo previsional, fijado en 1942 cuando el IESS era apenas una caja de pensiones. En aquella época tenía sentido ese aporte porque solo cotizaban los trabajadores (5% de sus salarios) y no los patronos. En cambio hoy son 3,1 millones los afiliados, quienes colocan su platita cada mes para financiar las pensiones de 360 mil jubilados. En el ámbito de la salud, hemos sido muy críticos y exigentes en que es necesario revisar los modelos de gestión en las unidades del IESS, algo en lo que ya ha avanzado el Ministerio de Salud.

Los jubilados temen por la sostenibilidad del fondo de pensiones si se retira el aporte estatal e insisten en que es su derecho atenderse en el sistema de salud del IESS.

Los jubilados tienen el derecho de atenderse en el sistema de salud del IESS, pero hay que analizar qué tan efectivo es que un jubilado se atienda una gripe en un hospital de tercer nivel como el Andrade Marín (Quito) resulta sumamente costoso para el propio IESS porque una gripe se puede tratar en un centro de salud, donde el costo de operación es mucho más barato (...) Es importante que nosotros garanticemos la salud para la población ecuatoriana y los jubilados tienen una prestación que se garantiza en las unidades del IESS. Por otro lado, el 40% que aportaba el Estado a pensiones jubilares se puede refocalizar para  incorporar a las amas de casa a la seguridad social, porque el Estado tiene la corresponsabilidad de incorporar a otros colectivos. Nunca antes se ha hecho una propuesta que reconozca el aporte de las amas de casa al desarrollo productivo del país. Los ecuatorianos no somos conscientes de la importancia de una cultura previsional, de mirar al futuro y que nuestra vejez sea digna (...) En caso de muerte, por ejemplo, se activa una pensión para los hijos, un tema que preocupa a las jefas de hogar.  

El partido Avanza anunció que no apoyará el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. ¿Cuánto afecta esa decisión al proyecto?

Desconozco la motivación de los compañeros de Avanza para no estar en el debate de una ley histórica en términos de justicia social. Entiendo que no están de acuerdo en lo referente a la sostenibilidad de las pensiones, pero deberían revisar técnicamente la propuesta. Los ajustes paramétricos garantizan la sostenibilidad del sistema por los próximos 25 años y nuestro interés es generar una posibilidad real para que nuevos colectivos ingresen.