La Contraloría General realiza exámenes especiales a los municipios de Esmeraldas y de Quinindé, para determinar presuntos cobros indebidos a más de 30 empresas y el destino que tuvieron fondos públicos locales que superarían los $ 100 millones.

Las auditorías se relacionan con anomalías en procesos de determinación, emisión, cobro, recaudación de los impuestos de patente anual y del 1.5 por mil sobre los activos totales, así como al ejercicio y recuperación de valores de dichos impuestos por medio de la acción coactiva.

Contraloría dijo a los Medios Públicos que en los casos de Esmeraldas y Quinindé las auditorías analizan el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017.

Y no se descartó que similares auditorías se realicen a los cabildos de los cantones Atacames, Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde y Muisne, ubicados también en la provincia de Esmeraldas, así como al de Naranjal, en Guayas y dos de Manabí.

El problema y los protagonistas

La Corte Constitucional y  jueces -según consta en sus resoluciones y fallos desde hace tres años-, han coincidido en que en la mayoría de esos cabildos se ha ordenando a discreción embargos a las cuentas de empresas (ver gráfico).

Lo han hecho sin notificar debidamente títulos de crédito ni citado autos de pago a la parte procesada para que puedan ejercer su derecho a la defensa, lo que vulneraría el derecho al debido proceso y de seguridad jurídica.

Según la web de la Función Judicial, algunos casos se dieron en el Municipio de Esmeraldas por lo que se dispuso embargos a las cuentas de Corpetrol S.A., ExxonMovil Ecuador Cía Ltda., Lutexsa Industrial Comercial, Duragas S.A., Terpel-Comercial Ecuador S.A., Vepamil S.A., ENI Ecuador S.A., y Petróleos y Servicios PYS C.A; los cobros indebidos sumados a uno registrado en Atacames ascienden a $ 7,1 millones.

Otras empresas afectadas y que sí denunciaron son: Unilever S.A. con $ 1,5 millones y La Llave S.A., con  cobros indebidos de $ 450.000.

Igual ocurrió con el Municipio de Quinindé que emitió títulos de crédito por más de $ 5 millones, en perjuicio de ARCA Continental SAB de CV, La Fabril S.A, Petróleos y Servicios PYS C.A., Petrolríos S.A. y Tecniequipos S.A.

También se embargó cuentas y se cobró a DirecTV, por $ 7,7 millones por parte de los cabildos de Eloy Alfaro (Limones), San Lorenzo, Río Verde, Atacames, Quinindé, Muisne y Esmeraldas, a más de Naranjal, en Guayas.

Según Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), el perjuicio sobrepasa los $ 100 millones.

Dijo que lo paradójico es que se procedió a los embargos y cobros sin que las compañías tengan domicilio o actividad comercial registrada en esos cantones, lo que viola la normativa (ver gráfico).

Ante las impugnaciones, los jueces dictaminaron a favor de las empresas, pero los cabildos aludidos han incumplido la orden judicial de devolver valores embargados.

Lo grave es que la mayoría de alcaldes de estos cantones terminarán funciones este 14 de mayo y heredarán el problema a las nuevas autoridades: deben conseguir dinero para cumplir orden judicial.

Voceros de las empresas afectadas coincidieron en que se deberán impulsar acciones administrativas, civiles y penales contra los alcaldes salientes, abogados que los asesoraron y demás implicados en esta “red de corrupción”.

El CEE destacó que lo sucedido “es producto de la gestión de un grupo de abogados que han promovido la idea de obtener dinero fácil, cobrando ingentes sumas por sus “diligentes” servicios. En Esmeraldas han aprobado una ordenanza ad hoc para legitimar el pago de comisión del 20% de lo recaudado”.

Plantean que, cuando terminen los procesos judiciales, se aplique contra los implicados el  Derecho de Repetición,  estipulado en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución (ver subtema).

Contraloría indicó que por lo pronto realizan dos auditorías y que de hallarse indicios de responsabilidad, remitirán los informes a Fiscalía, para el inicio de investigaciones.

Ramiro Garzón, presidente de la Federación de Industrias del Metal del Ecuador y gerente de Novacero, informó  que iniciaron  trámites penales en la Fiscalía del Distrito 1, contra el alcalde saliente de Esmeraldas, Lenín Lara y el juez de coactivas del cantón.

En el caso de ese gremio, la “estafa y atraco cometidos por esta red de abogados y autoridades asciende a $ 6 millones, señaló Garzón.

Indicó que se han reunido con los nuevos alcaldes de Esmeraldas, Eloy Alfaro y Quinindé, a quienes les contaron que “este atraco ha sido montado por un grupo de abogados que inventan formas para sacar recursos y cobrar un porcentaje”. Afirmó que al no haber seguridad jurídica, dejarán de operar en el Puerto de Esmeraldas.

Sobre al destino de esos fondos resaltó que la nueva alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, dijo que esos recursos tienen respaldos pero no hay obras. “Aseguró que tomarán medidas, nos pidió hacerle llegar las denuncias”.

Implicados no dan entrevistas

Medios Públicos solicitó entrevista con Lenín Lara y Anabel Meza, de Comunicación de la Alcaldía, aseguró  que nos fijarían día y hora; pero hasta el cierre de esta edición no volvió a contestar.

Kevin Ronquillo Terán, abogado que representa al Cabildo de Eloy Alfaro, quien el 7 de mayo pasado acudió a Quito a la audiencia por las impugnaciones presentadas por empresas afectadas, dijo   que no podía dar entrevistas y que si en algún momento lo hace, será en Guayaquil. Se lo llamó y ya no contestó.

 Hernán Andrade, comunicador de la Alcaldía de Río Verde, indicó que hay problemas en el Municipio por falta de pagos, por lo que como están en paro, la autoridad no podía atender entrevistas.

Fredy Yánez, relacionista público de la Alcaldía de San Lorenzo, no respondió.

Finalmente, Christhian Fernández, comunicador de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), aseguró que “no ha llegado nada sobre ese asunto”. (I)

Constitución y jurista hablan del derecho de repetición

Según la Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 9 estipula que “...toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos”.

Así, estipula que de darse este caso, se podrá iniciar el derecho de repetición contra las personas responsables del daño producido, sin que esto signifique evitar las responsabilidades civiles, penales y administrativas que pueda  acarrear la mala administración pública en un municipio.

Al respecto, el jurista Ramiro Román Márquez explicó que si en este caso los empresarios ganan la demanda impuesta contra los municipios, es la institución la encargada de realizar el pago de la afectación.

Pero que al asumir nuevas autoridades, el alcalde entrante podría acceder al derecho de repetición contra los funcionarios que cometieron arbitrariedades, por existir afectación económica a la comunidad.

“En un Estado constitucional, si existe la afectación de derechos, se puede demandar al municipio con la alternativa de repetición, pero siempre y cuando exista una afectación social”, remarcó.

Agregó que por ser un interés particular, debe intervenir la Procuraduría General.

Medios Públicos se contactó con  Vanessa Acuña, de Comunicación Social de la Procuraduría, para que algún vocero se refiera al tema, pero hasta el cierre de esta edición no confirmó el pedido.

Según Román, este es un interés particular que afecta a un interés social.

“En el Estado constitucional, el municipio presta servicios sociales que están por encima de intereses particulares. Yo creo que el juez lo desechará”, agregó Román.

Sin embargo, si las empresas particulares llegaran a ganar la demanda, el alcalde entrante puede, además de contestar la demanda, reconvenir sobre lo que está afectándose socialmente.

Si existiese un cobro indebido, que afectó socialmente, debería reconvenir el municipio para pedir que se deseche la demanda.

Según el abogado, con su percepción social explicó que la devolución de cobros producirían suspensión de obras o servicios a la comunidad como: casas cunas, entrega de ayudas económicas, educativas, sociales. Además, si existiera un perjuicio en contra de las empresas, la Procuraduría contestaría a los alcaldes para ordenar el derecho de repetición y acordar la devolución de la proporcionalidad del monto.

“La proporcionalidad explicará si es más importante realizar el servicio social o devolver los montos a los empresarios. Desde mi punto de vista, va a haber una discusión de fondo al momento de acordar los montos de devolución”, concluyó. (I)