Un reciente informe de la Contraloría General determina indicios de responsabilidad penal en los procesos precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos entre Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC-EP) y Unidades de Negocios con las compañías Marzam  y Marítima de Comercio (Mardcomsa), del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano.

El examen especial abarca el período entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2017. La entidad examinada es CELEC-EP por un monto de $ 34’075.701.

El informe de Contraloría establece que se suscribieron contratos con las empresas Marítima de Comercio Cía. Ltda. (Mardcomsa) y Marzam Cía. Ltda., sin observar que el socio mayoritario es el Prefecto de Manabí, lo que originó que estos se adjudiquen y suscriban contra expresas disposiciones legales.

En ese sentido, el numeral 2 del artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública estipula que no podrán celebrar contratos con las entidades contratantes funcionarios electos por votación popular, entre ellos prefectos y alcaldes...

Como segundo punto, el informe concluye que “se realizaron pagos no contemplados en el contrato por $ 335.695,84 porque no se verificó el cumplimiento de las cláusulas contractuales”.

Casos que envuelven al Prefecto
El 31 de agosto del año 2017, ante la Fiscalía Provincial de Manabí el exasambleísta Leonardo Viteri y los juristas Marcelo Farfán y Francisco Bravo presentaron una denuncia contra el prefecto Mariano Zambrano por el presunto delito de perjurio.

Frente a ello, Zambrano adujo que esas denuncias constituían una campaña de desprestigio en su contra.

La denuncia presentada pretende que se inicie la indagación fiscal y el procesamiento del Prefecto por poseer el 32,66% accionario de Marzam Cía. Ltda., y haberlo supuestamente ocultado en su declaración al Consejo Nacional Electoral (CNE), incumpliendo lo dispuesto en el artículo 93 del Código de la Democracia, en el cual los candidatos bajo juramento declaran no hallarse incursos en alguna prohibición legal.

Según el jurista y excandidato a Contralor, Francisco Bravo (denunciante), Zambrano cometió el delito de falso testimonio ante el CNE al inscribir su candidatura a la reelección en 2014.

Asimismo, el 9 de abril de 2018, Viteri, Farfán y Bravo presentaron en la Fiscalía de Manabí una denuncia contra el Prefecto por presunto delito de tráfico de influencias.

En cambio, la Fiscalía de Manabí inició una investigación previa contra Zambrano por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto, tras el conocimiento formal del informe concluyente emitido el 29 de marzo pasado por el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Por su parte, el 21 de junio pasado, el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición (CPCCS-T) presentó en la Fiscalía General una denuncia penal contra el Prefecto y  su hijo, que es asambleísta y lleva su mismo nombre por los presuntos delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo y lavado de activos.

Según los denunciantes, esas actividades ilícitas habrían causado un perjuicio al Estado por $ 70 millones. Entre otras cosas por contratos de sus compañías privadas de los implicados con CELEC-EP) con el gobierno municipal de Jujan y la Dirección General de Aviación Civil.

Las irregularidades se habrían registrado de manera especial desde el segundo periodo del Prefecto (2011). Como evidencias constan las transferencias sucesivas por  $ 15 millones que se realizaron sin que el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías hayan emitido una alerta. (I)