La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó el proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Capitales. Según la funcionaria, este cuerpo legal tiene el objetivo de empoderar a la ciudadanía para que participe activamente en la lucha contra la corrupción.

Según Cabezas, este proyecto permitirá la recuperación de los recursos que se han perdido a causa de delitos contra la administración pública, que a su vez se podrán invertir en programas de desarrollo.

En la presentación también estuvieron Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T); Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción; así como varios asambleístas que respaldan la propuesta.

Según expresó la presidenta, esta ley responde al clamor ciudadano que exige mayores acciones contra la corrupción.

"No solo los funcionarios que han cometido delitos contra la administración pública son peligrosos, sino también sus fortunas ilícitas", dijo Cabezas

El funcionamiento de la ley

Las denuncias y casos de corrupción podrán venir de dos actores distintos. Primero se brinda la oportunidad a todas las personas que se hayan involucrado en esta clase de delitos para que devuelvan los fondos con los que se beneficiaron y aporten con las investigaciones que permitan recuperar la totalidad del dinero desviado y dar con los verdaderos cabecillas.

El segundo componente permite que los ciudadanos presenten casos en los que hayan indicios de corrupción. Estos serán calificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Las investigaciones que sigan la ruta del dinero serán ejecutadas por equipos técnicos especializados, acreditados ante el Cpccs. Estos equipos tendrán un carácter de multidisciplinarios (es decir, contarán con profesionales especialistas en diverso campos, como juristas, financieros, economistas, inmobiliarios, petroquímicos, entre otros).

Finamente, la presidenta Cabezas explicó que esta ley no se contrapone con otros mecanismos de lucha contra la corrupción, sino que la complementa y fortalece con una participación activa de la ciudadanía. Además, al no ser un proceso judicial, no existirá oportunidad de contrademandas y se asegurará la protección y reserva de todas las personas denunciantes. (I)