La ‘muerte civil’ es una propuesta que de una u otra forma es apoyada, en términos generales, por los asambleístas, sin distinción de procedencia política. Esta fue una de las ofertas generalizadas en la última campaña electoral.

Desde Alianza PAIS se trabaja en una propuesta de ley para aplicar una sanción permanente para los funcionarios públicos que sean sancionados por actos de corrupción.

Pero no es el único grupo político que trabaja en ese tema. La Izquierda Democrática (ID), liderada por Wilma Andrade, también hará un planteamiento en este sentido.

La asambleísta detalló que para la aprobación de la ‘muerte civil’ se necesita solo una reforma a la Ley de Servicio Público. El artículo 15 que trata del ejercicio de un cargo público señala que en caso “del reingreso de un servidor público destituido: No podrá reingresar al sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado de la que fue destituido”.

Para Andrade solo se necesita una reforma a esta norma para aplicar la ‘muerte civil’. Pero desde la ID consideran que es necesario crear otra figura, a la que han denominado ‘Informante Cívico’.

Para su aplicación se necesitarán reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como otras normas secundarias. “Nosotros creemos que hay una medida adicional, que permite que un ciudadano pueda denunciar y de esta forma podemos llegar a los peces gordos”. Explicó que en la actualidad no hay un solo resultado importante.

Detalló que estas propuestas quedaron notariadas en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Y serán entregadas máximo hasta la próxima semana para que sean acogidas por los legisladores.

Andrade detalló que se trata de evitar la impunidad. En cuanto a acercamientos con otros actores políticos manifestó que han escuchado pronunciamientos en forma general, en donde todos coinciden en el deseo de aplicar una ‘muerte civil’, pero aún no se sabe cómo será la aplicación. Sin embargo, confía en que sea un tema en el que se hallará consenso.

Para Héctor Yépez, asambleísta de SUMA, es correcta la propuesta de que un funcionario público que sea sancionado por actos de corrupción, no pueda ejercer otro cargo público.

Pero dentro de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea consideran que a más de sancionar a los responsables de la corrupción, se debe trabajar en una norma para evitarla “No se trata solo de tener medidas como la muerte civil, que son medidas para reparar algo que ya ha ocurrido, sino que deben tomarse propuestas para evitar que estos temas sucedan. Tenemos que tener autoridades de control imparciales”, dijo.

El planteamiento, explicó Yépez,  es que las autoridades de control y quienes integren los organismos electorales no tengan vinculaciones con organizaciones políticas hasta 10 años antes de aspirar a integrar estas instituciones. “Ojalá haya consenso en esto que yo creo que va más allá de los partidos políticos”.

Detalló que para incorporar las reformas se trabaja en el proyecto de Código de Participación Ciudadana, que está siendo abordado en la Comisión del mismo nombre. Dijo  que lo importante es que las autoridades sean independientes.

El informe para el primer debate del proyecto de ley en que trabajan los legisladores estará listo a finales de este mes de julio.

De parte de Alianza PAIS , María José Carrión, titular de la Comisión de Fiscalización, planteó que debe existir un registro único de funcionarios inhabilitados por delitos contra la Administración Pública, de modo que se consulte antes de una contratación. (I)