La transformación en la administración de justicia, que fue un mandato popular aprobado en 2011, genera resistencia en un grupo de dirigentes del Colegio de Abogados de Pichincha (CAP), liderados por José Alomía, exmiembro del extinto Movimiento Popular Democrático (MPD), pese a que los usuarios consultados reconocen los cambios.  

Alomía reclama, por ejemplo, que abogados y ciudadanos ahora están aislados de los operadores de justicia: jueces, secretarios y auxiliares.

Ante esto, el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, sostiene que era un cambio necesario para darle transparencia a los procesos. Alomía respondió a través de un comunicado colocado en la web del CAP: “La razón para este cambio es la presunción de que los corruptores abogados y el público, una vez que accedemos a las dependencias judiciales, vamos cargados de dinero y regalos para obsequiar a los débiles funcionarios judiciales, que siempre estuvieron y están prestos a recibir obsequios”.

Hernán Borja, uno de los 12 defensores públicos de la Unidad Judicial de Pichincha, indicó que este era un cambio necesario no solo en el tema de tránsito, sino en la administración de justicia en general para dotar de transparencia a la justicia. El CAP también rechaza los cambios porque dice que es un modelo que requiere ingentes recursos en personal que antes no existía: coordinadores, personal que atienda las diversas ventanillas, guardias, mayor cantidad de edificios, infraestructura, entre otros. Y que pese a ello, la justicia está más lenta que nunca y que les toma hasta tres horas hacer fila para ingresar un escrito.

Carlos Cedeño, quien atiende en la ventanilla de recepción de escritos e ingresos de causas de la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha, en el norte de Quito, explicó que el ingreso de escritos por parte de usuarios no les toma más de 3 minutos y que nadie hace fila sino que se los atiende según el turno.

En promedio, entre las 3 personas de la ventanilla de recepción de escritos reciben de 60 a 70 documentos al día.

Guillermo Ramos, estudiante de Derecho y usuario frecuente de la Unidad Judicial de Tránsito de Pichincha, también resaltó que la atención ahora es más personalizada: la gente accede a la información de su juicio de manera rápida.   

“Se vive una transformación radical de la Función Judicial que hacía falta para beneficiar a los usuarios. Esto ayudará a cambiar la mentalidad, tanto de usuarios como de los mismos abogados”, añadió.

En los últimos años, la tasa de resolución de casos en Pichincha se incrementó. Por ejemplo, en 2008, solo el 22% de casos ingresados se despachaba, mientras que en lo que va de 2015 el 111% de procesos se resuelve, incluidas las causas que estaban represadas (ver gráfico), indicó Jalkh. Ahora, Pichincha cuenta con 12 jueces por cada 100 mil habitantes, ubicándose por encima del promedio latinoamericano (11).   

Pese a las cifras, Alomía cree que el modelo de gestión discrimina, prejuzga, dispendia exageradamente  recursos públicos y que debe dar paso a un sistema en el que prevalezcan los derechos constitucionales de libre acceso a la justicia, celeridad, debida diligencia y transparencia en todos los procedimientos.

Bajo este argumento convocan a plantones que no han tenido acogida. (I)