El anuncio de una consulta popular abrió 3 aristas en el movimiento Alianza PAIS: la primera en el Ejecutivo, que plantea 4 temas sobre los cuales gira la iniciativa.

La segunda viene del Legislativo. El bloque se reunió la noche del martes y prepara su propio banco de preguntas. El tercer grupo ha planteado una Asamblea Constituyente. En el centro del debate está eliminar o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Desde que el presidente Lenín Moreno anunció, semanas atrás, la posibilidad, sectores de oposición activaron sus planteamientos, pero en Alianza PAIS las reacciones han sido de cautela. Dirigentes de la organización han preferido no anticipar criterios hasta esperar detalles concretos.  

La propuesta del gobierno

En la emisión 14 de El Gobierno Informa, el presidente Lenín Moreno confesó que analiza la consulta popular “para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes, que garanticen el control de lo público”.

Allí presentó 4 temas en los que se analiza la consulta popular: mejorar el sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control y fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. “Nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país con el país”, dijo el Jefe de Estado.

El Ministro de Defensa y encargado de la Secretaría Nacional de la Gestión Política (SNGP), Miguel Carvajal, ha sido el vocero oficial de este tema. Como contexto, sostuvo, han existido avances en materia social, política, institucional, pero es menester reconocer “los errores y tener la voluntad política para corregirlos”.

Frente a esto recalcó que la consulta no está pensada para generar réditos al Presidente o a PAIS sino a la democracia. “La sociedad ecuatoriana es diversa; tiene que escucharse y reconocerse en sus diferencias y eso implica el funcionamiento de las instituciones y también la voluntad política de todos los sectores”.

Añadió que la propuesta de consulta está enfocada en fortalecer la democracia, pero no indicó temas específicos.

Por una Asamblea Constituyente

Una parte del movimiento advierte, en cambio, obstáculos si dentro de una eventual consulta se sugiere la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La secretaria ejecutiva del movimiento, Gabriela Rivadeneira, ha manifestado que “la institucionalidad fue una ganancia en Montecristi, que fue devolverle el poder a la ciudadanía”.

En tal sentido resaltó que cualquier cambio debe plantearse bajo la figura de una Asamblea Constituyente, “que no implica, en ningún sentido, una amenaza”. Otras voces se suman. La asambleísta Doris Soliz considera que el planteamiento debe “ser encauzado para que mejoren los mecanismos que ya nos ha dado la Constitución”.

Rechazó la propuesta de eliminar el CPCCS. Para ella eso significa atentar contra la institucionalidad del Estado y para tal fin deberá convocarse a una Asamblea Constituyente.

Soledad Buendía afirmó que el bloque defenderá los principios de la revolución ciudadana y que no descarta ese camino. “Si hay una Asamblea Constituyente, tenga la certeza de que Rafael Correa encabezará la lista nacional de Alianza PAIS”, anticipó.

Marcela Aguiñaga enfatizó que si se pide revisar una de las instituciones del Estado, la vía es preguntar al pueblo si desea una Constituyente. Lo mismo dijo el legislador Esteban Albornoz, quien añadió que la consulta abarca temas específicos, mas no la reestructuración del Estado. En esa postura se ubica el vicepresidente Jorge Glas.

Comisión dialogará con Moreno

La tarde del pasado martes, los legisladores del bloque analizaron estos temas y tras una jornada que se prolongó hasta la noche anunciaron la creación de una comisión para elaborar preguntas relacionadas con la consulta popular.

Esta comisión, según Ximena Peña, empezó a trabajar en la propuesta desde ayer y tendrá como misión presentársela, a más tardar, la próxima semana al presidente

Lenín Moreno para que analice si es pertinente llamar a consulta popular o, por el contrario, realizar cambios en las leyes desde el Legislativo. Comentó que los designados para esta labor fueron los presidentes de las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, y los coordinadores de las bancadas de Alianza PAIS y aliados, incluidos el Presidente y los 2 Vicepresidentes del poder Legislativo.

Peña afirmó que el tema de una Asamblea Constituyente fue una respuesta “a los planteamientos de derecha para eliminar el CPCCS. No es un planteamiento, es una respuesta”. El asambleísta Pabel Muñoz agregó que “no pretendemos apoyar una consulta que sea regresiva en derechos o que desinstitucionalice el Estado, ni la agenda política que perdió en las urnas”.

Jorge Yunda agregó que “llamar a una constituyente es un gasto de recursos que en época de austeridad no corresponde”. Dijo estar seguro de que el pueblo desea una consulta popular, pero no una Asamblea Constituyente. (I)

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Políticos de oposición se suman a la propuesta

La propuesta de una consulta popular cada vez tiene más apoyos de actores políticos y sectores organizados. Ayer el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la consideró  como una necesidad legal, constitucional, rápida y económica.

El punto es que la voluntad del pueblo, que es el dueño de la democracia, se convierta en Constitución, dijo.

En una entrevista en la emisora Huancavilca, en Guayaquil, el burgomaestre sostuvo que es importante que los partidos y organizaciones políticas comprendan que “no deben meter las manos en una consulta popular. Esta no es una forma de sacar réditos. Los ciudadanos no necesitan tutores para decidir cosas institucionales, como recuperar la democracia”.

Incluso adelantó que debe existir  disposición para que ningún gobierno, por ninguna circunstancia, vuelva a disponer de fondos que no son del gobierno central, como el dinero de los asegurados, el fondo de los maestros, las utilidades del sector privado, entre otros.

El asambleísta Héctor Yépez (SUMA) insistió en que temas como la reelección indefinida, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de la tabla de consumo y porte de drogas, la derogación de la Ley de Plusvalía y la sustitución de la Ley Orgánica de Comunicación por una normativa que defienda la libertad de expresión, serían los temas que deberían plantearse.

Mientras que el dirigente de CREO, César Monge, señaló que no se oponen a la consulta porque fue una iniciativa que plantearon durante la campaña electoral; aclaró que no piden eliminar la participación ciudadana sino cesar de funciones a todas las autoridades que fueron elegidas por el CPCCS. (I)