Para hoy está previsto que el pleno de la Asamblea determine quiénes fueron los diputados que en 2004 permitieron la destitución de los 27 jueces de la Corte Suprema de Justicia y los 8 del Tribunal Constitucional de ese entonces, lo cual acarreó una condena en 2011 por la CorteIDH, la cual sentenció que esas destituciones fueron ilegales y obligó al país a pagar indemnizaciones que sumaron más de $ 14 millones a los funcionarios cesados.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, indicó anteriormente que el monto fue entregado, acorde al cronograma emitido por la Corte Internacional, a los beneficiarios y solo está pendiente un último pago.

Debido a este motivo la Asamblea emitirá un informe para identificar a los 52 diputados que habrían propiciado la ilegalidad, para que el Estado ejerza su derecho a la repetición y el Procurador del Estado pueda seguir el proceso tendiente a que esas personas paguen el dinero que el país tuvo que cancelar por su decisión ilegal y de esa manera recuperar los montos.

Una vez que la Procuraduría reciba el informe, la entidad enviará la petición al juzgado respectivo, para el inicio del juicio, pero como al parecer habría 3 asambleístas actuales que también formaron parte del Congreso de 2004, la diligencia la tendría que conocer la Corte Nacional de Justicia por cuestiones de fuero de corte.

“La dignidad de los posibles implicados que gozan de ese beneficio arrastraría al resto de personas, por lo que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CNJ tramitaría la causa”, opinó el director de la Escuela de la Función Judicial, Tomás Alvear.

Además, una vez que tenga la información de la Asamblea, el Procurador podrá sustentar las acusaciones en contra de las personas que estime con responsabilidad en el proceso irregular que motivó las sanciones.

Después de que el Pleno apruebe los informes de la Comisión de Justicia, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, podrá presentar la demanda como dispone el Art. 69 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, indicó que si la presidenta del órgano legislativo no presenta la demanda contra los presuntos responsables de este caso, sobre ella podría recaer una demanda por omisión. (I)