A las 14:30 de mañana, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se realizará la audiencia de sustitución de la medida de prisión preventiva que pesa contra Jorge G., quien se encuentra recluido desde la noche del lunes en la cárcel 4, en el norte de Quito.

El juez de lo penal de la Corte, Miguel Jurado Fabara, acogió el pedido de Eduardo Franco Loor, abogado del Segundo Mandatario, y fijó la fecha y hora para la audiencia.

El jurista espera que con esta acción se cambie la prisión preventiva por la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad, sea cada 8 o 15 días.

La defensa no quiere como medida sustitutiva la colocación del brazalete electrónico, por considerarla una medida inadecuada y hasta humillante, mucho más para una persona electa por voluntad popular.

“Me parece que esa decisión es muy vergonzosa para una persona que tiene una alta dignidad ganada en las urnas, y eso sería una humillación, creo que no sería conveniente esa medida”, manifestó.

Jorge G. se entregó el lunes en la noche a la Policía poco después de que el mismo  juez ordenara su prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presunta asociación ilícita dentro del caso de supuestos sobornos de Odebrecht en Ecuador.

Ese día en la mañana, en audiencia de sustitución de medidas cautelares, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, solicitó la prisión preventiva contra Jorge G. y

Ricardo R. Con relación a Jorge G. pidió al juez las medidas cautelares de prisión preventiva, prohibición de enajenación de bienes y retención de cuentas, con base en los testimonios receptados, que revelarían la existencia de una relación directa y causal con Ricardo R. Esta asociación habría sido corroborada con los resultados de la pericia de extracción de información de Estados Unidos.

Sobre Ricardo R. solicitó la medida cautelar de prisión preventiva con el argumento de que el procesado vulneró el arresto domiciliario. Este último ha pedido su inmediato traslado a una clínica debido a su estado de salud.

Mientras tanto, César Montúfar, acusador particular en el caso, expresó su aprobación a la resolución tomada por el juez Jurado de dictar prisión preventiva contra el Segundo Mandatario, al recordar que él había solicitado al Fiscal General, desde el 28 de julio de este año, “la necesidad de que se aplique como medida cautelar la prisión preventiva y no la prohibición de salida”.

De su lado, Aníbal Quinde, abogado defensor de Ricardo R., anunció que también presentará apelación, la cual será resuelta por el juez cuando la reciba. (I)