Apagones de luz y del sistema de ventilación, retención de periodistas, fotógrafos y camarógrafos y expulsiones de la sala fue el panorama que se vivió en la audiencia de formulación de cargos en contra de Iván Espinel., extitular del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), por presunto delito de lavado de activos, el último sábado.

El exfuncionario público fue detenido, la noche del viernes, al salir de un centro comercial, por efectivos de la Policía y trasladado hasta su domicilio en una ciudadela de la vía a Samborondón, donde se procedió al allanamiento del inmueble en compañía de Ivonne Proaño,  de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía (Quito).

Posteriormente, el excandidato presidencial por el Movimiento Fuerza Compromiso Social fue trasladado a la Unidad Judicial Albán Borja, de Guayaquil, en horas de la madrugada, donde estuvo hasta las 09:30 del sábado 7 de abril.

Luego fue transportado hasta la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón, donde un grupo de periodistas de varios medios de comunicación llegó para recoger las impresiones de los abogados defensores del exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Walter Andrade, otro implicado en el supuesto lavado de activos.

Media hora después de la llegada de los sospechosos, el abogado Kléber Sigüencia se contactó con su cliente.

Sigüencia salió de las instalaciones y en sus primeras declaraciones dijo que la audiencia de formulación de cargos estaba prevista para las 14:00, pero había la posibilidad de pedir el traslado de su defendido a una casa de salud por tener complicaciones médicas por gastritis.

Antes de las 14:00 se permitió el ingreso de los equipos periodísticos postrados en las puertas del recinto. Poco a poco llegaron los otros abogados del detenido, como Héctor Vanegas Fernández, Andrés Vera Pinto y Carlos Eduardo Araujo.

La audiencia, presidida por la jueza Paola Dávila,  comenzó a las 14:41 en presencia de periodistas, familiares de los investigados, fiscalía y abogados defensores.

La jueza pidió que le quitaran las esposas a los detenidos puesto que estaban en presencia de miembros de la Policía y no veía justificación para tenerlas puestas.

La defensa del exministro solicitó a la jueza le conceda tiempo adicional para hablar con su cliente, al considerar que no habían tenido el espacio suficiente para conversar. 

Los abogados alegaron que media hora antes de instalada la audiencia oral recibieron la notificación por escrito. También argumentaron que a su cliente lo tuvieron incomunicado y que se violentaron sus derechos humanos.

Sin embargo, la fiscal Proaño comprobó documentadamente que uno de los abogados defensores conoció sobre la detención y allanamiento. Además facilitó a Iván Espinel un teléfono móvil para que se comunicara con sus  familiares y abogados.

Incluso el abogado Andrés Vera Pinto estuvo en la casa allanada, aclaró la fiscal.

La jueza concedió a los detenidos 15 minutos “por reloj” para que hablaran con sus abogados, momentos en que se registró un apagón en la sala de audiencia.

Tras superar el corte de energía, se concedieron cuatro minutos adicionales antes de empezar la formulación de cargos. Proaño dijo que la unidad a la que representa decidió abrir la investigación contra el también médico de profesión por “situaciones inusuales en sus actividades económicas” en la compra de una vivienda valorada en $ 335.000 y por ingresos de $ 669.000 entre 2010 y 2016, de los cuales declaró solo $ 378.000.

“¿Qué pasó con el resto?”, se preguntó la fiscal, momentos en que otro apagón se registró y el servicio de ventilación dejó de funcionar.

La explicación de las partes procesales continúo hasta que la jueza dispuso la expulsión de un periodista de la sala por “chatear en su celular”, lo que él negó antes de salir.

La diligencia continúo en medio de acusaciones de ambas partes. La fiscal acusó a la defensa de pretender dilatar el proceso y la defensa dijo que se cometió una arbitrariedad por el arresto de los sospechosos cuando no había un hecho flagrante.

Minutos después, la jueza dispuso el abandono de la sala de la prensa y de personas que no eran familiares de los implicados, por una supuesta filtración de información de la diligencia judicial  a través de redes sociales.

Por disposición de la jueza, los policías retiraron los teléfonos a los periodistas y les impidieron abandonar el edificio hasta que concluyera la audiencia.

Una hora después salió de la sala Pedro Moreira, abogado de Walter Andrade., e informó de la orden de prisión preventiva dictada en contra de su cliente por el supuesto delito de lavado de activos. “Vamos a apelar esa decisión con lo que nos faculta la ley. Las pruebas de la Fiscalía son insuficientes”.

“La Fiscalía hizo una interpretación extensiva a la labor de mi cliente, por el hecho de ser amigo de Iván Espinel y haber depositado dinero en la inmobiliaria que le vendió la casa”.

Según la investigación fiscal, el depósito en efectivo que hizo Walter Andrade. fue de $ 170.000 entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.

Al término de la audiencia, la jueza Paola Dávila también dictó la orden de prisión preventiva contra Iván Espinel y dispuso la retención de dinero de tres cuentas bancarias del exfuncionario, así como la prohibición de enajenación de un bien inmueble y un vehículo valorado en más de $ 35.000.

El abogado Sigüencia presentará un recurso de apelación a la prisión preventiva, que será resuelta por una sala de la Corte Provincial.

Informó, además, que su cliente pasaría el domingo (ayer) en el Centro de Detención Provisional y que el lunes (hoy) será trasladado hasta el Centro de Privación de Libertad Regional Guayas.

Luego de la audiencia, los periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron por segunda vez impedidos de abandonar el recinto por más de 15 minutos.

Detención de exfuncionariofue tendencia en Twitter

Tras conocerse la detención del exministro de Estado, en las redes sociales varios usuarios se pronunciaron al respecto, la mayoría con memes en contra de la gestión de Iván Espinel.

Varios usuarios en Twitter recordaron una de las promesas de campaña del procesado, quien aseguró que le “cortaría las manos” a los corruptos.

Fuera del recinto, en Samborondón, también se escucharon estos comentarios entre los curiosos que se acercaron hasta el lugar.

El asambleísta Andrés Páez pidió a la fiscal del caso investigar al imputado de haber “comprado” una clínica privada en Guayaquil, supuestos negocios con Ramiro González (expresidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS) y las cuentas de un familiar. También el “origen del dinero de la campaña electoral”. Páez concluyó su tuit con la frase “Con gusto le ayudo”.

La activista por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI, Silvia Buendía, también se pronunció en la misma red social con un mensaje que dice: “Ya mismo nos llegan tuits foribundos desde Bélgica diciendo que Iván E. es inocente, que pone las manos en el fuego y que no conoce ni sabe quién es Iván Espinel”. Este mensaje tuvo 1.042 me gusta y compartido 651 veces. (I)