Hay indicios de presunto despilfarro de recursos en la Corte Constitucional, durante la anterior administración. Eso anunció el jueves 14 de febrero el presidente del organismo, Hernán Salgado, y solicitó a la Contraloría una investigación sobre el tema.

Salgado se reunió con el contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, para informarle sobre el hallazgo de supuestas irregularidades.

El presidente de la Corte explicó que pidió cuatro exámenes especiales sobre la gestión de los magistrados anteriores, de los procesos administrativos y de sus declaraciones juramentadas.

“Hay casos de irresponsabilidad, despilfarro, que vamos encontrando en esta institución. Hubo demasiada negligencia”, dijo Salgado.

El presidente y la vicepresidenta del organismo, Daniela Salazar, le pidieron a Celi que realice los exámenes especiales para conocer el estado en el cual recibieron ese organismo constitucional.  

El primero de los exámenes está relacionado con el análisis de los procesos administrativos de los jueces. Por ejemplo, la admisión, la selección, la revisión, la sustanciación y el dictamen.

Otro examen, según explicó Salgado, debe estar encaminado hacia las declaraciones juramentadas de los jueces, directivos, asesores y personal contratado en cada despacho.

El tercer examen especial es sobre la adquisición y el uso de los vehículos de la Presidencia del organismo. Finalmente, Salgado y Salazar solicitaron un examen a la gestión de los procesos administrativos de la Secretaría General de la Corte.

Desde que asumió el cargo, Salgado criticó las presuntas irregularidades que encontró en el organismo, en especial durante el período de los anteriores jueces. Ellos fueron cesados por los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST).

El pasado 12 de febrero, Salgado anunció que investigan denuncias de “presuntos cobros que hacían los magistrados cesados”.
“Se me hace difícil creer que un juez esté pidiendo dinero”, cuestionó el titular de la Corte Constitucional.

En ese organismo existen 14.000 casos represados de períodos anteriores. Para resolver esto aprobaron crear salas integradas por tres magistrados para analizar el estado de esas causas. (I)