Con la Ley de Ordenamiento Territorial se ordenó la creación de la Superintendencia. El objetivo es que esta entidad proteja los intereses ciudadanos verificando que las autoridades locales trabajen eficientemente. Además, también será un aliado de los gobiernos seccionales para lograr las obras necesarias para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo.

En enero de 2018 estará totalmente operativa con Fernando Cordero como titular, durante cinco años.

¿Lo designaron Superintendente de Ordenamiento Territorial, cuándo estará en funciones?

La ley prevé la creación de la Superintendencia y desde luego designar a un titular. El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) realizó el proceso y seleccionó a una persona de la terna que envió el Presidente de la República. Además también consta que hay un plazo de seis meses para que quede conformada.

¿Su postulación recibió impugnaciones?

El Presidente envió una terna que fue aceptada por el CPCCS luego del análisis y de ahí por casi 15 días estaba sujeto a impugnaciones y no se recibieron objeciones.

¿Cuál es el objetivo de la entidad?

Ecuador es un país unitario, pero se gobierna descentralizadamente, tenemos 817 juntas parroquiales; 221 municipalidades y 23 provincias, porque Galápagos no tiene prefecto. La Superintendencia es una nueva puesta que evitará que los mismos actores sean jueces y parte. Si yo hago el plan de ordenamiento de un cantón y yo mismo me vigilo si cumplo o no, puedo no alcanzar los objetivos que deben hacer los municipios, como la dotación de agua potable a toda la ciudadanía y tenemos, por ejemplo, niveles tan contradictorios entre lo urbano y rural, que algo se debe hacer para mejorar. No creo que la entidad será la varita mágica, pero ayudará. El control es importante y no significa pensar únicamente en sanciones, sino también en información que será pública para que todos puedan conocer y mejorar las condiciones de vida.

El año pasado los alcaldes se opusieron a la creación del ente, en especial los de Quito y Guayaquil. ¿Cuál será la estrategia para llegar a un consenso?

Evidentemente creo que se trata de una distracción.  Si se lee sin apasionamientos todos deberíamos estar a favor de la descentralización real y no solo en el discurso. Ahora, si la Ley tendría algún error hay que corregirlo. Habrá un diálogo con todos y todos tenemos que aportar en el marco de nuestras capacidades y cumpliendo con las competencias.

No creo que haya algún problema de diálogo, hay que quitarse los prejuicios. Si todos cumplen sus objetivos, que en la actualidad no es homogéneo, la Superintendencia será un aliado; sino estará del lado de los ciudadanos.

¿La entidad podrá ser mediadora para que los GAD accedan a los recursos necesarios?

Podemos dialogar y propiciar niveles de entendimiento. Jamás vamos a suplantar como algunos han dicho, seguramente por desconocimiento, yo quisiera que podamos calibrar los objetivos de descentralización.

¿Ya está definido dónde estará ubicada o si existirán representaciones en provincias?

Para eso son los seis meses, para crear la institución. Hay la petición de que Cuenca sea la sede de esta organización porque desde hace 35 años se debaten estos temas en la ciudad. Además públicamente se hizo la propuesta en un foro nacional de descentralización que es liderado por la Universidad de Cuenca. Me toca evaluar, pero más allá de donde quede la matriz, habrá al menos nueve oficinas nacionales en: Quito, Guayaquil y en las siete zonas que reúnen las provincias restantes.

¿El presupuesto ya está definido?

La próxima semana me reuniré con los ministros, porque hay que aprovechar los procesos que establece la Constitución, que en los años electorales el presupuesto lo hace el gobierno electo y ahora el presidente Lenín Moreno está formulando el de 2017. Dicen que en 30 días estará listo, ahí debería ya estar el presupuesto de la entidad para que pueda actuar desde el 1 de enero de 2018. Creo que mi posesión será en la semana del 26 de junio en adelante. (I)