En una amplia exposición, el fiscal general de la nación, Carlos Baca Mancheno, acusó como autor del delito de asociación ilícita al Segundo Mandatario, así como a otros 12 implicados dentro del caso del pago de sobornos que efectuó Odebrecht, para conseguir 5 contratos millonarios en Ecuador.

Fue el segundo día de audiencia de preparación de juicio, en donde Baca señaló que el Vicepresidente presuntamente gestionó pagos por un valor de $ 13,1 millones a través de su tío, Ricardo R.

También están procesados Carlos P., excontralor del Estado; Ramiro C., Diego C., Ricky D., Gustavo M., Carlos V., Kepler V., José T., Édgar A., los venezolanos Fredy S. y Alexis A., quienes, según Baca, habrían negociado $ 36 millones en coimas.

Baca empezó su intervención ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la audiencia preparatoria de juicio, luego de que el juez de la causa, Miguel Jurado, dijera que no encontró ningún vicio de procedimiento, como argumentaron los abogados defensores, en la primera parte de esta diligencia que empezó el miércoles pasado.

El Fiscal indicó que en diciembre de 2016 comenzó la indagación del caso, una vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos revelara que Odebrecht conformó una red de pago de coimas en 11 países, además de Ecuador, donde entregó $33,5 millones a funcionarios a cambio de conseguir contratos.

Con base en esa noticia se iniciaron las cooperaciones eficaces, tanto con Estados Unidos como en Brasil donde se desarrolló el caso denominado ‘Lava Jato’, que terminó en condenas a directivos de Odebrecht, entre ellos, José Santos, quien se convirtió en delator y cuyo testimonio ayudó a la Fiscalía a armar el caso. Con estas informaciones, así como testimonios, pericias judiciales efectuadas a vídeos y audios sobre reuniones de Santos, con funcionarios del país, la Fiscalía determinó que la empresa estructuró un sistema de coimas con los sindicados para conseguir 5 proyectos.

El dinero se transfirió a través de empresas de papel que abrieron los funcionarios implicados, así como compañías offshore, lo cual se efectuó entre 2010 y 2014.

Baca dijo que previo al inicio del proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca José T., se reunió con José Santos para acordar el pago de $ 5 millones a cambio de asegurar la adjudicación del contrato, para lo cual incluso se reformaron bases del concurso, de manera que Odebrecht obtenga el contrato.

Para el trasvase Daule-Vinces. Carlos V., de la misma manera, contactó a Santos para pedirle $ 6 millones a cambio de la adjudicación.

Siguió la Hidroeléctrica Manduriacu, en la cual Ricky D. pidió $ 6,4 millones, “proceso que se convirtió en una receta que se volvió normal”, acotó el Fiscal.

En cambio, en el proyecto Refinería del Pacífico, para el movimiento de tierras se incorporó a Freddy S., de nacionalidad venezolana, en representación de Petróleos de Venezuela (PDVSA). El aludido sigue prófugo. Bajo el mismo esquema solicitó a Santos $ 6  millones. En el proyecto Refinería del Pacífico acueducto La Esperanza, el venezolano Alexis A., que reemplazó en el cargo a Freddy S., gestionó de la misma manera con Santos $ 2,5 millones a cambio del contrato.

Mientras que  el excontralor Carlos P., para elaborar los informes favorables a la empresa, habría cobrado $ 10,1 millones. Baca refirió 28 elementos de convicción que indicarían la participación de Jorge G., a través de su tío Ricardo R., quien gestionó el pago de $ 13,5 millones.

En el caso del Vicepresidente, el Fiscal aseguró que inicialmente Ricardo R. pidió 4% por contrato, pero quedaron en que se entregaría entre el 1% y el 1,3% por cada adjudicación, lo cual se evidencia en las grabaciones de reuniones hechas por Santos y en transferencias de dinero encontradas. (I)

DATOS

La audiencia preparatoria de juicio se inició el pasado miércoles, luego de que el juez, Miguel Jurado, resolviera que no halló vicios de procedimiento y se pasó al dictamen.

Carlos Baca presentó 24 elementos de convicción basados en análisis de grabaciones, testimonios y documentos para acusar como autores del delito de asociación ilícita a los 13 implicados.

En el caso del Vicepresidente, el Fiscal expuso 28 elementos de convicción que serían, en caso de que el juez determine el llamado a juicio, las pruebas de culpabilidad del delito.

El abogado de Jorge G. indicó, fuera de grabación, que a su turno pedirá que se excluya como prueba el testimonio de José Santos, ya que el Fiscal se abstuvo de acusarlo, por lo que ya no es parte procesal.

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El 60% de visitas al Vicepresidente son de familiares

Hoy el vicepresidente Jorge G. cumple 40 días en la Cárcel N° 4, al norte de Quito, tras entregarse a la justicia ecuatoriana luego de que se le dictara prisión preventiva con base a los indicios hallados en la investigación por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Ayer, luego de que el Fiscal General lo acusara como autor en este caso, el ambiente en los exteriores de la Cárcel 4 fue normal y sin presencia de militantes en respaldo a Jorge G.

En el centro de reclusión se conoció que todos los domingos en las tardes, un grupo de 20 a 50 personas se concentra en la avenida De La Prensa para expresarle su respaldo.

Allí informaron que del 100% de visitas que ha recibido hasta el momento, el 60% son de familiares: esposa, hijos y sobrinos, principalmente.

El resto, en cambio, pertenece a su equipo jurídico. Las visitas se dan mayormente los fines de semana. También informaron que en varias ocasiones ha salido de la Cárcel 4 por temas de salud, siempre custodiado por personal del Ministerio del Interior.

Cabe señalar que el Ministerio de Salud determinó que Jorge G. tiene 8 enfermedades: gastritis, hipertensión arterial, colon irritable, insomnio crónico; ansiedad, lumbalgia, dorsalgia y artritis crónica. La facultad de salir de manera temporal de la Cárcel 4 por atención médica también se extiende a los otros internos. (I)