El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, sorprendió a todos el miércoles 27 de febrero. Él rompió el guion con un pedido para que el Consejo de la Judicatura suspenda los nombramientos de nuevos agentes en las fiscalías a escala nacional.

La Judicatura anunció que cubrirá 277 vacantes, a través de nombramientos provisionales, hasta que se hagan los concursos públicos de méritos y oposición.

Para Trujillo lo políticamente correcto es que esas designaciones se suspendan hasta el nombramiento del nuevo Fiscal General de Estado, que se concretará en las próximos semanas.

Justamente, los aspirantes a este cargo lo escuchaban en el salón de sesiones. Solo 17 llegaron a la tercera y decisiva fase de este proceso de designación.

Uno de ellos fue Merck Benavides, quien dio su prueba con el apoyo de un grupo de simpatizantes. Su paso como juez de la Corte Nacional de Justicia -estuvo en la primera parte del juicio a Galo Lara- le convertía en uno de los aspirantes con mayor experiencia dentro de este concurso.

Para la prueba oral, los postulantes recibieron un banco de 28 temas para estudiar. En el momento de su evaluación deberían escoger uno al azar, que podía repetirse en el turno de cualquier otro candidato.

Eso ocurrió con Benavides, quien rindió su prueba sobre la trata de personas, el mismo tema que habló la candidata María Elena Bayas.

Según el reglamento, los aspirantes tienen 20 minutos para preparar sus argumentos, otros 15 para exponerlos y un tiempo indeterminado para responder las preguntas de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana.

Los juristas son mayoría en el pleno. Estos son: Julio César Trujillo, Pablo Dávalos, Luis Macas, Eduardo Mendoza y Xavier Zavala, este último el único penalista.

Esto no sucede con el excoronel Luis Hernández y la economista Myriam Félix López, pero eso no limitó a que participen  con  preguntas para los postulantes.

La primera jornada se cumplió sin contratiempos. Está previsto que las pruebas concluyan el viernes 1 de marzo. Ese día será el turno de la fiscal encargada Ruth Palacios, quien pidió al Consejo de Participación que la colocara en el último turno.

Ella es parte de la delegación de autoridades nacionales que están en Brasil recopilando nueva información sobre los sobornos que pagó la constructora Odebrecht a funcionarios del Estado.

Ese día posiblemente también deberá rendir su prueba Diana Salazar, actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Su nombre aparece con otro de los más opcionados para llegar a la Fiscalía.

Estaba tranquila mientras escuchaba la participación de sus colegas. A ratos miraba su celular o conversaba con las personas a su lado. “Nos hemos preparado para este momento, no solo en los últimos días, sino durante toda la carrera”, dijo.

Hasta el momento, no se conoce oficialmente el puntaje de los candidatos. Luego de la evaluación, los mejores deberán superar las impugnaciones ciudadanas.

Así se cerrará el proceso de selección. El tiempo es clave para el Consejo de Participación Transitorio que está a pocas semanas de terminar sus funciones y de ser reemplazados sus vocales en las votaciones de marzo.

Julio César Trujillo cree que sí tendrán el tiempo para escoger a las autoridades que aún están en carpeta. Además, del Fiscal General del Estado deberán nombrar a los nuevos titulares de las Defensorías Pública y del Pueblo; a los superintendentes de Bancos y de Compañías; a los jueces del Contencioso Electoral y a los delegados para el Banco del Seguro Social.

Trujillo recalcó que el nuevo Consejo no podrá evaluar ni destituir las autoridades designadas, porque esa potestad se las dio el pueblo en la consulta popular. (I)