Las reformas a la Ley de Tránsito que aprobó la Asamblea Nacional  la tarde del jueves contemplan que un nuevo actor tenga la posibilidad de  capacitar a los aspirantes a obtener una licencia de conducir tipo B o denominada sportman. También elimina la obligatoriedad de presentar el certificado de la aprobación de las 33 horas de capacitación, que incluye teoría y práctica, lo que ahora es indispensable.  

Gabriel Rivera, asambleísta de PAIS, fue el proponente de algunas de las 31 reformas aprobadas por 79 asambleístas. Él explicó que se busca un beneficio para los ciudadanos y evitar la concentración de un grupo de empresas privadas que se han convertido en un monopolio.

En las reformas se estipula que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT)  exigirá únicamente la rendición y aprobación de las pruebas psicosensométricas, teóricas y proactivas tomadas por la propia entidad.

Rivera indicó que los ciudadanos solo deberán cancelar $ 35 por un examen, lo que significa una reducción significativa de costos puesto que el actual curso cuesta $ 170 y varía dependiendo de la escuela en donde se lo haga.

El asambleísta rechazó la aseveración de que la eliminación de este requisito vaya a contribuir al incremento de accidentes de tránsito. “Llevamos años con la participación de las escuelas de conducción privada y los accidentes no han bajado, al contrario”, resaltó. Además agregó que se incrementará la oferta, pues los cursos serán dictados por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) y hasta por centros de estudios superiores, lo que mejorará la calidad de la enseñanza.    

La reforma contempla que en caso de reprobar los exámenes, el postulante deberá obtener el certificado de aprobación de estudio que otorgue el Secap o las escuelas debidamente autorizadas por el Directorio de la ANT, como requisito previo para volver a rendir el examen.

Juan Pablo Rosales, presidente de la Asociación de Peatones de Quito, celebró la reforma, aunque criticó que los requisitos para obtener la licencia se hayan flexibilizado.

Opina que deberían ser aún más rigurosos cuando todavía existe poca educación vial en el país y uno de sus principales afectados es el peatón.  

La propuesta legal se debatió durante meses, con la participación de representantes tanto de las escuelas de conducción, como de la ANT y el Secap. El texto aprobado fue enviado al Ejecutivo para su aprobación o veto, lo que se hará en un plazo máximo de 30 días.

Escuelas de conducción reaccionan

En el país son 120 empresas las que brindan el servicio en las diferentes ciudades del país. Los representantes de las escuelas de conducción están en contra de la reforma y se reunirán en los próximos días para adoptar una posición común.

Así lo aseguró Vicky Zambrano, gerenta de la escuela de conducción Cevial de Quito. Ellos han mantenido conversaciones con algunas instituciones desde hace 3 meses.

Zambrano afirmó que  presentaron propuestas a la Asamblea, pero estas no fueron tomadas en cuenta.

Según ella el problema principal va a ser la reducción de puestos de trabajo. “Si hablamos a nivel nacional alrededor de 10.000 personas se podrían quedar sin empleo directo e indirecto. Esto sí es un problema”, alertó.

Además reclamó porque  perderán la inversión que  hicieron en instalaciones y autos para cumplir con el reglamento de la ANT.

Una de las empresas más grandes de este sector es Aneta, que educa a 3.000 alumnos mensuales.    

Fabio Tamayo, director nacional de la empresa, dijo que la reforma en la Ley de Tránsito no es acertada, pues elimina los procesos formativos en la conducción vehicular.  “El 95% de los siniestros de tránsito son por factor humano y el 82% por impericia y estos se combaten con  capacitación”, señaló.

Explicó que los cursos de conducción son necesarios en el país, pues se trata de una actividad que puede poner en juego la vida humana. Según el empresario los accidentes se siguen dando porque hay un promedio de 2 millones de personas que nunca recibieron un verdadero proceso de capacitación.

Uno de los asambleístas que se opuso a la aprobación de las reformas fue Paco Fierro. Para él no se pueden eliminar los requisitos, ya que las estadísticas reflejan un incremento de accidentes de tránsito. Ante esta postura Rivera dijo que esos fundamentos carecen de sustento porque si bien es cierto las cifras de accidentes son superiores en Ecuador con relación a otros  países de la región, no se analizó que las carreteras de Ecuador son mejores a las de estos países.

Rivera aseguró que la ANT garantizará que el examen lo aprueben quienes están capacitados para manejar. Pero lo que “no haremos es defender negocios cautivos e intereses privados, siempre estaremos en favor de los ciudadanos”.

Recalcó que la base para la reducción de los accidentes es el compromiso de los ciudadanos.

Diario EL TELÉGRAFO intentó comunicarse con el Secap, pero dicha institución prefirió no pronunciarse.

Datos

De enero a diciembre del año pasado ocurrieron 28.162 accidentes, en los cuales fallecieron 2.277 personas.  

Por conducir en estado etílico se registraron de enero a septiembre de 2013 un global de 1.538 accidentes, según la Agencia Nacional de Tránsito.

Para la Fiscalía, en 2013 en el país fallecieron 3.180 personas en accidentes de tránsito, el 58,64% por exceso de velocidad; el 38,68% por impericias del conductor; y el 2,69% por consumo de alcohol.

La Dirección Nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial concluyó que en 22 provincias del país el mayor porcentaje de siniestros lo causan los conductores con licencia sportman o tipo B.

La obligación de hacer el curso de conducción es desde 2003.