“Al fin se hizo justicia. Fueron 10 años de sufrimiento para que se conociera la verdad”, exclamó Dolores Vélez luego de que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia  sentenció a 15 años de prisión a 5 gendarmes por el delito de ejecuciones extrajudiciales. Esa transgresión la cometieron durante un operativo policial efectuado el 19 de noviembre de 2003, para repeler un supuesto asalto en una farmacia ubicada al norte de Guayaquil, que dejó 8 muertos y 3 desaparecidos.

Ese día, el esposo de Dolores ingresó al local para comprar pañales para su hijo de 3 meses. Luego del operativo, la Policía intentó implicarlo con la banda de asaltantes para justificar el crimen. Igual ocurrió con el esposo de Dolores Briones, quien murió en el tiroteo. Él era mensajero de dicha farmacia.

Sin embargo, los uniformados fueron sobreseídos por una corte policial. Pero las Dolores no claudicaron en su lucha por justicia y las reformas judiciales de los últimos años, la reestructuración de los organismos de justicia y la elaboración de nuevas leyes favorecieron a que el caso se reactivara. Por primera vez un tribunal ecuatoriano sancionó un caso por graves violaciones a los derechos humanos.

El triunfo de la consulta popular fue el punto de partida

Rafael Correa fue elegido en noviembre de 2006 como Presidente de Ecuador. Sin embargo, desde hacía años que el sector justicia estaba en crisis. En 2004, durante el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, se destituyó a los 28 jueces de la antes denominada Corte Suprema de Justicia (hoy llamada Corte Nacional de Justicia).

Gutiérrez reemplazó a todos los magistrados con la denominada ‘Pichicorte’, encabezada por Guillermo Castro Dáger, afín al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), quien intentó anular los juicios que pesaban sobre Abdalá Bucaram, para posibilitar el regreso del líder del PRE desde Panamá, lo cual precipitó la caída de Gutiérrez en 2005 y la Corte dejó de funcionar en abril del mismo año.

La Corte Suprema de Justicia volvió a operar el 30 de noviembre de 2005, luego de que una comisión especial convocó a concurso y escogió a 31 magistrados. Pero en octubre de 2008, la Asamblea Constituyente que redactó y aprobó la nueva Constitución en Montecristi decidió reducir, por sorteo, el número de integrantes de la Corte a 21 para cumplir con lo que decía la nueva Carta Magna.

En esa instancia, los juicios represados sumaban alrededor de 10 mil, por lo que fue necesario recurrir a jueces temporales para tratar de evacuar los  procesos pendientes, muchos paralizados por años.

Si eso sucedía en el máximo órgano de justicia del país, la situación en las cortes provinciales y juzgados de primera instancia era peor debido al represamiento de procesos, a la falta de infraestructura física, humana y tecnológica.

Los edificios donde funcionaba la mayoría de juzgados en el país no eran adecuados, denuncias de corrupción salpicaban a todos los niveles y los 7 mil servidores judiciales jamás habían sido evaluados.

La crisis judicial fue uno de los  motivos para la consulta popular del 5 de mayo de 2011. Los ecuatorianos acudieron a las urnas para votar sobre el contenido de 10 preguntas: las 5 primeras vía referéndum para reformar la Constitución.

La cuarta pregunta señalaba: “¿Está usted de acuerdo en sustituir al actual pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de Transición, conformado por tres miembros elegidos, uno por la Función Ejecutiva, otro por el Poder Legislativo y otro por la Función de Transparencia y Control Social, para que en el plazo improrrogable de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, como lo establece el anexo 4?”.

Al ganar el Sí en todas las preguntas de la consulta, se allanó el camino para transformar la justicia. El reto se inició el 27 de julio de 2011, cuando el Consejo de la Judicatura de Transición fue posesionado por la Asamblea Nacional.

La declaratoria de emergencia evidenció la realidad en el sector

La situación de la justicia era de tal gravedad que motivó al presidente Correa a declarar la emergencia del sector el 5 de septiembre de 2011,  por 60 días. Eso permitió que todos  los juzgados, a escala nacional, se dedicaran a hacer un  inventario sobre las causas que se tramitaban, lo cual hasta ese momento era desconocido. Por ejemplo, en 2010 solo se resolvieron 348.380 juicios.

De las causas inventariadas en 2011 se determinó que 413.028 se hallaban en estado activo; 112.400,  en abandono; 20.340, suspendido el procedimiento; 16.779, en extinción; 13.745, para prescripción; y 5.419 en suspensión.

Semanalmente las judicaturas provinciales emitieron informes con  el estado de los procesos, lo que  permitió conocer, por primera vez, el número exacto de juicios represados en todo el Ecuador: 1’699.154.

Además, los miembros de la Judicatura y técnicos comprobaron que muchos juzgados funcionaban en casas arrendadas o departamentos con salas de audiencias inadecuadas; además, trabajaban con computadoras obsoletas y sin acceso a  internet. También encontraron archivos del siglo XIX en los juzgados provinciales y cantonales en malas condiciones. Otras falencias estaban relacionadas con la capacitación de los servidores judiciales y los concursos de méritos que no existían, al igual que las evaluaciones.

En el caso de los jueces, la enorme carga procesal que tenían  también obedecía a que existía una tasa de 4 jueces por cada 100 mil habitantes,  una de las más bajas de la región en ese entonces.

Cuatro han sido los ejes para apuntalar la transformación

La crítica situación del sector Justicia obligó a destinar recursos para iniciar el proceso transformador.

El Gobierno entregó al Consejo de la Judicatura de Transición un presupuesto de $ 600 millones, lo cual  promovió el cambio de la estructura judicial que se basó en 4 ejes:

-Infraestructura: Enfocado en la construcción de edificios propios, funcionales, con salas de audiencias equipadas con tecnología de punta y espacios adecuados para una atención al público de calidad. Se inició la construcción de las unidades de flagrancia, que motivaron el cambio radical del juzgamiento de los delitos flagrantes, con el fin de evitar la impunidad.

-Talento humano: Se abrieron más  plazas para jueces, notarios, secretarios, entre otros servidores judiciales. Se efectuó una mejor  distribución de las competencias de los jueces por materias. Antes, un juicio se demoraba varios años,  ahora hay sentencias que se dictan en menos de 30 días.

La creación de la Escuela de la Función Judicial permitió elaborar reglamentos para el ingreso de jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y notarios a la carrera judicial, de acuerdo a parámetros de calidad mediante un riguroso proceso de selección, oposición y méritos públicos. Los postulantes rinden un examen y los mejores puntuados ingresan. Así mismo, la Escuela actualiza en conocimientos a los funcionarios mediante cursos, seminarios y talleres que se efectúan periódicamente en todas las provincias.

Tecnología e informática: Esta área es la que más se ha modernizado. Todos los juzgados y salas de audiencias cuentan con equipos de computación, audio y video de última generación, lo cual permite no solo grabar las audiencias en su totalidad sino también efectuar diligencias mediante videoconferencias con la presencia de los imputados que estén en los centros de rehabilitación,  así como vía streaming cuando los testigos están en otros países.

Se inició el reemplazo de los casilleros judiciales físicos por electrónicos para que los 44 mil abogados del país puedan acceder a sus notificaciones  por  medio de una computadora, en cualquier parte. Incluso se  implementó la firma electrónica, lo cual agiliza los trámites.

La Judicatura cuenta con una plataforma informática propia para respaldar los archivos digitales, el uso de los casilleros electrónicos y para mantener las seguridades de las firmas electrónicas que ya tienen los funcionarios judiciales.

Cambio normativo: Por ejemplo, el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que entró en vigencia le 10 de agosto de 2014.

El COIP reemplazó al Código Penal que rigió 106 años y que tenía su base en el Código belga de 1906.

El proyecto del COIPfue enviado por el Ejecutivo en 2012 a la Asamblea Nacional. Su debate, aprobación y actual vigencia permitieron modernizar la dogmática penal y recopiló en un solo cuerpo legal todo lo relativo a sanciones penales, procedimiento y ejecución de penas.

Además, eliminó 108 delitos e incorporó otros, como el femicidio, la falta de afiliación al IESS, el pánico económico, maltrato animal, delitos de condena internacional y violación de derechos humanos, como genocidio, tortura, odio, entre otros.

La  nueva Ley Orgánica de la Función Judicial cambió la estructura para hacerla más ágil. Por ejemplo, en ciertos lugares hay jueces multicompetentes para que puedan resolver cualquier tipo de causa que reciban, optimizar los recursos, procurar la rapidez procesal y brindar un mejor servicio.

Asimismo, el Código General de Procesos está en trámite en la Asamblea Nacional, con lo cual la oralidad se impondrá en todas las materias jurídicas, lo cual transformará completamente el modo de solicitar e impartir justicia en el país.

Las cifras actuales van reflejando los cambios, aunque aún falta

En el primer año de reformas, la Judicatura invirtió $ 325 millones del presupuesto asignado; se designó a la nueva Corte Nacional de Justicia; se eligió a 210 jueces de primera instancia y 101 para la Familia, Mujer y Adolescencia; se evaluó a 5.456 servidores judiciales, de los cuales 4.076 aprobaron el proceso; e inició la ejecución de 213 proyectos de infraestructura civil a nivel nacional.

Para 2013 ya estaban proyectadas 491 unidades judiciales.

Con respecto a los jueces se llegó a una media de 10 por cada 100 mil habitantes, aunque para finales de 2014 la tasa subió a casi 11, con 1.600 jueces escogidos luego de los procesos de selección. Hasta 2017 se espera subir la tasa a 14 jueces por cada 100 mil habitantes.

En 2014, Ecuador ya contaba con 853 dependencias judiciales. A las 5 unidades de flagrancia ya existentes se sumarán otras 4, así como 2 complejos judiciales en Quito, similares a los 2 que operan en Guayas.

 Este 2015 serán posesionados  los 7 nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia, seleccionados tras un proceso público de oposición y méritos, así como una rendición de pruebas orales y escritas. En los próximos días se conocerán los resultados de la evaluación a los 21 jueces actuales para determinar quiénes saldrán.

“Hemos transformado la realidad de la justicia, pero falta mucho, el camino es largo. El viejo país ostentó los peores indicadores de justicia de la región. Antes no había ni  Defensoría Pública, el pobre no tenía quién lo defienda”, dijo Correa en 2013, al inaugurar el Complejo Judicial Valdivia, en Guayaquil.