Los 64 fondos complementarios previsionales cerrados del país serán auditados por la Superintendencia de Bancos. Así se habría acordado en la reunión que mantuvieron los representantes de los fondos con el presidente Rafael Correa la noche del domingo en el Palacio de Carondelet.   

En la auditoría, que duraría 6 meses, se establecerá el monto del aporte patronal de carácter público y se definirán las políticas de administración de estos recursos.

En ese sentido, los representantes de los 64 fondos, que cuentan con 206.831 aportantes y $ 1.127 millones en activos, solicitaron una reunión con el superintendente de Bancos, Pedro Solines.

Jack Veloz, representante de los fondos previsionales del Banco Nacional de Fomento (BNF), dijo que esperan definir plazos y metodologías a usarse en estas auditorías.

De los $ 1.127 millones de activos, unos $ 930 millones podrían ser manejados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) por una reforma legal aprobada ya en primer debate en la Asamblea Nacional.  

Los representantes de estos fondos también solicitarán a la presidenta del Legislativo, Gabriela Rivadeneira, quien estuvo en la cita del domingo, participar activamente en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, donde se analizan cambios a las leyes de Seguridad Social y del Biess.   

En una rueda de prensa realizada ayer, el presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), Juan José Castelló, aseguró que las reformas legales que se tramitan en la Asamblea se paralizarían hasta conocer los resultados de la auditoría.   

Pero hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad gubernamental confirmó esta declaración. Lo único oficial fue el tweet del presidente Rafael Correa donde indicó que en el enlace ciudadano del próximo sábado contará detalles sobre el encuentro. Los dirigentes de los fondos expresaron su interés por ser parte proactiva en el desarrollo económico del país, concretamente en el cambio de la matriz productiva. Con ello solicitarán reuniones con el vicepresidente de la República, Jorge Glas, para definir una agenda de trabajo de las inversiones. Por ejemplo, en el proyecto Hidroeléctrico Sabanilla el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) ha invertido $ 12 millones.  

Castelló entregó documentación a Correa que demostraría que esta entidad no recibió fondos públicos. Entre esos papeles estaba el acta de liquidación definitiva de la administración del contrato de seguro adicional de cesantía delmagisterio por parte del IESS y de la transferencia de los valores al FCME.

Ninguna autoridad del Estado que participó en la reunión presentó pruebas de lo contrario, afirmó el dirigente. 

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, explicó que existen 3 principios básicos para que un fondo sea privado: primero, que nunca haya recibido dinero público; segundo, que no haya implicado ninguna forma de obligatoriedad a los aportantes y, tercero, que los afiliados puedan retirar sus fondos cuando lo consideren pertinente.

La propuesta legal, impulsada desde la Asamblea, desató protestas de los fondos previsionales que consideran la iniciativa como inconstitucional.