Quito.-

El 75% de los periodistas ecuatorianos considera que su trabajo no ha sido afectado por la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) desde su vigencia: 25 de junio de 2013. La normativa fue un mandato popular de 2011 y se aprobó  tras dos debates en la Asamblea Nacional, el 14 de junio del año pasado.

La cifra corresponde a una encuesta realizada por egresados de Comunicación y periodistas de EL TELÉGRAFO a 65 reporteros, editores, autoridades y grupos sociales, de  manera escrita y a través de entrevistas.

El 54% de periodistas encuestados laboran actualmente en medios privados; 34% en medios públicos; 6% en incautados; 3% en  agencias internacionales; y 3% en comunitarios. La mayoría de ellos maneja todas las fuentes, especialmente política y justicia (ver infografía).

De las encuestas escritas, que incluyen 8 preguntas puntuales, se desprende que los periodistas consideran que la LOC reguló lo que siempre debió ser responsabilidad ética de los periodistas: contrastar, verificar y contextualizar.

Los encuestados -radicados en varias ciudades- admiten que tras la vigencia de la Ley, la calidad del trabajo, en ese sentido, mejoró y permitió concienciar a los profesionales sobre qué publican y cómo lo hacen.

Un 25% de encuestados dijo que sí se han sentido afectados con la vigencia de la LOC. Argumentan que “se sienten perseguidos” o “tienen miedo de algún tipo de sanción”. Solo un 3% expresó que la normativa no ha afectado ni beneficiado. (LEA EL PROYECTO LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN)

Respecto a las posibles amenazas y penalidades que, supuestamente, contempla la LOC, como lo ha sostenido la prensa privada, el 57% respondió que no ha sufrido o no conoce de amenazas venidas desde alguna autoridad del Estado o de otra instancia que hayan afectado su trabajo o la publicación de sus temas.

Mientras, un 31% indicó que ha sufrido algún tipo de amenaza o que simplemente no han publicado algo por temor a las penalidades. Un 12% no respondió a esta pregunta.

Entre quienes afirmaron conocer o recibir amenazas, algunos escribieron: “A nadie le gusta que se publiquen las anomalías”; “esto no tiene que ver con la Ley, pero sí he recibido amenazas en temas relacionados con el crimen organizado”; “Sí, insultos en las sabatinas”.

Sobre si han sido objeto de censura previa en el medio  donde laboran, el 85% negó haberlo sido o serlo actualmente; el 12%, indicó que sí; y, el 3%, no respondió.

Antes de su vigencia uno de los opositores a la Ley fue Miguel Rivadeneira, director de noticias de Radio Quito y articulista de El Comercio, quien afirmaba que era una norma “imprecisa, restrictiva, punitiva, antidemocrática, un obstáculo para el libre flujo de ideas y opiniones, indispensable para fortalecer el debate en un estado democrático”.

Desde 2009 personajes locales como Carlos Vera; los directores de las radios Visión, Diego Oquendo, y Democracia, Gonzalo Rosero; exasambleístas César Montúfar y Andrés Páez; el director de Fundamedios, César Ricaurte; y el presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, también mostraron su oposición a la LOC de forma sintonizada.

El 19 de junio de 2013, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); y el Grupo Andino de Libertades Informativas (Gali) enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando se pronuncie contra la LOC.

En el documento, las organizaciones señalaron que la “ley mordaza” -así la llamaron- representaba, por sí sola, la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Redes como Ifex (Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión) publicaron artículos como ‘La ‘ley mordaza’ en Ecuador cobra sus primeras víctimas’, refiriéndose al cierre de la revista Vanguardia.

El cierre de este medio privado no se debió a la Ley de Comunicación, sino a problemas económicos internos. Éstos llevaron a sus empleados a demandar a la empresa por despidos intempestivos.

Medios privados publicaron editoriales contra la LOC, respaldados en opiniones como la del embajador de EE.UU. en Ecuador, Adam Namm, quien cuestiona el manejo de la libertad de expresión en el país.