La Comisión Ocasional de la Asamblea, que analiza las 16 enmiendas a la Constitución, continuó ayer con el debate. Esta vez compareció el contralor General del Estado, Carlos Pólit, quien aseguró que los cambios a la Carta Magna no son viables, ya que se restarían competencias a la gestión de control del gasto público.

El funcionario indicó que el trabajo que realiza la Contraloría es de aspecto técnico y que busca mejorar la administración de los recursos públicos. “Es necesario ver en qué y cómo se gastaron los recursos públicos”, insistió. Afirmó que la entidad necesita realizar auditorías de gestión a toda la actividad pública y “no solo la auditoría de recursos”, aseveró. También se refirió a la fiscalización que se realiza a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Sostuvo que los concejales realizan un control político, mas no de utilización de recursos. “Podría volver a pasar lo que ocurrió en el Municipio de Riobamba, donde se desviaron $ 13 millones de dólares a cuentas privadas”, recordó.

De su parte, Juan Carlos Cassinelli, presidente de la comisión ocasional, sostuvo que es fundamental aclarar el ámbito de competencia de la Contraloría en el tema del cumplimiento de objetivos.

Rosana Alvarado, integrante de la comisión, afirmó que con esta enmienda, que va al artículo 211, no se busca restarle competencias de control a la Contraloría.

Alexis Mera, en un debate efectuado en EcuadorTV, explicó que la enmienda pretende evitar que se impongan glosas a los funcionarios por no cumplir metas. Puso como ejemplo que si no se bajan los niveles de desnutrición en determinada área, podría iniciarse un proceso contra la autoridad responsable.

El Gobierno y los asambleístas de PAIS sostienen que la revisión de los objetivos corresponde a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, también acudió a la sesión. Dijo que la propuesta de enmienda que plantea que la estructura de la Defensoría sea a través de la desconcentración y observancia de la división territorial judicial no es procedente. Propuso que esa división esté en la Ley de la Defensoría.