El 6 de marzo de 2017, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) recibió el mandato popular de evaluar a las autoridades de control elegidas por el Consejo anterior, e incluso terminar anticipadamente sus períodos y elegir a nuevas autoridades.

Actualmente se han concluido 6 de 15 procesos de designación de autoridades.

Se han recibido más de 2.000 denuncias por parte de la ciudadanía y la mayoría de estas por corrupción. Las mismas que, según datos de la entidad, aumentaron en un 32%.

Eduardo Mendoza, vicepresidente del organismo, evalúa el año de gestión como un proceso fundamental para la ciudadanía porque “se hizo escuchar su voz y hubo una reinstitucionalización en el país”.

Sostiene además que ellos trabajarán en los “pendientes” hasta cuando sean posesionados los nuevos consejeros definitivos, pues no se les ha notificado sobre el término de sus funciones o la entrega de algún informe.

“Vamos a terminar el nombramiento de autoridades, así como se terminó la evaluación, para poder dar tranquilidad al Ecuador con personas legítimas”.

A 17 días de las votaciones, Mendoza asegura que fue “un trabajo duro desentramar en un año lo que se hizo en una década”. (I)