El viernes 16 de marzo, la Contraloría General del Estado ratificó la glosa en contra de la actual asambleísta y exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, por no haber justificado el pago de cerca de $ 41 millones por la adquisición de 66 lotes en los que se construyó el Parque Samanes, al norte de Guayaquil.

En 2010, el Ministerio del Ambiente canceló al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por estos terrenos. Sin embargo, la Contraloría detectó que la cartera de Estado pagó siete veces más que lo que registra el avalúo del Municipio de Guayaquil, que cifra en $ 7,1 millones el valor de esas hectáreas.

Para el organismo, ahora liderado por el contralor Pablo Celi, el Ministerio pagó “al Issfa $ 41'090.491,04 en exceso, con relación a lo que correspondía cancelar, conforme a la normativa”, resume diario El Comercio.

El organismo de control había notificado el 6 de noviembre del 2017 a Aguiñaga sobre la glosa. La legisladora tuvo 60 días para presentar pruebas de descargo; sin embargo, Contraloría negó el recurso de revisión. Entonces, la entidad estableció un plazo de 60 días para que se presentaran pruebas de descargo.

Una vez conocida la ratificación de la glosa, la asambleísta se pronunció en redes.

"Contraloría = arma de persecución por pensar diferente. He demostrado hasta la saciedad que no hubo perjuicio al Estado entre la negociación de 2 instituciones públicas. El dinero jamás salió de las arcas fiscales", tuiteó la exministra. (I)