Pablo Celi, contralor general del Estado, aseveró este jueves 11 de junio que la entidad que preside debe convertirse en un tribunal de cuentas, para tener mayor acción sobre las irregularidades que se presenten en el manejo de la administración pública.

El funcionario, en cadena nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), se refirió a las acciones que sigue su entidad ante los casos de corrupción, en especial en el sector de la salud, donde se han reportado anomalías en la adquisición de insumos bajo el contexto de la pandemia.

Respecto a que los hospitales ya no solo son administrados por médicos sino por cuotas políticas, Celi dijo que la política jamás debería afectar, y mucho menos descomponer, la integridad administrativa del Estado.

“La administración pública debe tener un nivel de profesionalización, formación, capacitación, idoneidad jurídica y gestión, mucho más en el sector de la salud”.

La Contraloría -sostuvo- ha realizado en los dos últimos años una intervención sistemática en este sector, donde no solo se ha sancionado más de $ 150 millones, mucho antes de la pandemia.

Destacó que se ha hecho un control preventivo sobre los riesgos del deterioro de servicios fundamentales.

“En el caso del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, se venían acumulando mucho antes de la pandemia irregularidades y lo habían puesto en una condición de deterioro, de insolvencia (...), afectando directamente a la población”.

Resaltó que con ocasión de la pandemia se ponen en evidencia las debilidades de todo el sistema de salud pública y el uso ilegítimo de recursos. “La Contraloría en este momento interviene 61 hospitales y centros médicos del país. Estamos realizando 200 auditorias en GAD provinciales, cantonales, parroquiales, en el Ejecutivo y en el sistema de salud”.

En el caso del sistema de salud, mencionó que la intervención abarca no solamente a los hospitales del Ministerio de Salud sino del IESS. “Y encontramos irregularidades que se repiten, como la ausencia de estudios de mercados, en contratistas que son escogidos sin procedimientos legales”.

La Contraloría señaló que ha emitido 24 informes con indicios de responsabilidad. En el caso del Teodoro Maldonado, son 7 los informes penales que pesan sobre directivos y proveedores. Igual en el Guasmo sur son 4, en Los Ceibos hay uno, como en el Hospital General de Ibarra y el Eugenio Espejo de Quito.

Municipio y prefecturas
El funcionario destacó que actualmente hay 58 municipios intervenidos, al igual que 16 consejos provinciales “por no cumplir con procedimientos legales en las compras públicas, esto en especial por la pandemia de coronavirus”.

También señaló que hay indicios de responsabilidad en la adquisición de bolsas para cadáveres en el hospital de Imbabura.

Se mostró a favor de que el organismo que dirige sea un tribunal de cuentas, con mayores alcances en los casos que se siguen.

“Es una tendencia mundial, en otros países no hay contralores sino estos organismos, esta sería una solución integral que supone exigencias y la armonización de leyes; hay que codificar la normativa de control pública”.

Celi manifestó que se emitieron informes de irregularidades en la adquisición de insumos médicos; también han contratado servicios que no tienen nada que ver con la pandemia, como por ejemplo, la compra de vehículos, contratación de consultorías.

Asimismo, aseguró que ha pedido a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) un informe sobre la situación. (I)

“Queremos apoyar a los jueces como parte procesal”
El contralor Pablo Celi enfatizó la mañana de este jueves, en la AER, que planea actuar en los procesos penales como parte procesal, “de tal manera que podamos aportar en el proceso de juzgamiento, no solamente con nuestro informe (...) sino en todo el proceso; queremos apoyar a la Fiscalía y a los jueces como parte del proceso”.

Explicó que será en aquellos casos donde la Contraloría ha realizado investigaciones para que se conviertan en elementos acusatorios.

En cuanto a los temas que investiga la Contraloría, Celi indicó que se han detectado irregularidades en la Universidad Yachay. “Se hizo una inversión gigante (en ese centro de estudios), con escasos resultados, la inversión no justifica el estado de ese proyecto; se han establecido irregularidades en el uso de recursos, incumplimiento de las misiones prometidas”. (I)