El debate sobre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados se centra exclusivamente en las facultades que tienen estos sobre la educación y la salud en sus territorios. Otras capacidades como el tránsito, el catastro o el arreglo de calles no se han topado bajo ningún concepto.

El artículo 264, numeral 7, de la Constitución establece que entre las competencias exclusivas de los GAD está “planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación”.   

En un documento que publicó la semana pasada la agencia Andes se detallaba que una de las enmiendas constitucionales sería modificar esa facultad específica, en salud y educación, de los GAD.

Esa sería la solución a lo que parecería una contradicción de la Constitución. El artículo 261, numeral 6, establece, entre las competencias exclusivas del Estado, “las políticas de educación y salud”. “Es decir que los municipios tienen que construir, equipar y mantener los hospitales, los quirófanos, pero la responsabilidad de la salud la tiene el Gobierno Central. Es tan absurdo”, se quejó el presidente Rafael Correa en el enlace ciudadano del 14 de junio.

Como el Gobierno es el que emite las políticas públicas, estas incluyen cómo distribuir la infraestructura educativa y sanitaria. Mientras que los municipios, al planificar solo en su territorio, tienen la obligación de construir hospitales y escuelas si así lo consideran. Podría presentarse un escenario de desorden institucional. La enmienda pretende corregir ese error.

Por ejemplo, en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, no se construye un hospital público desde hace 40 años. La mayoría de la población desconoce que esta es una facultad del Cabildo, que tampoco la ha ejercido o pedido al Consejo Nacional de Competencias.

Ahora, debido a la necesidad de atención médica de los guayaquileños, el Gobierno adquirió el Hospital Universitario, construye actualmente uno en Monte Sinaí y proyecta levantar otro en el sur.

Igual, si se llegara a concretar la enmienda, no habrá ningún cambio real en la función de los GAD.

Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, aclara que ningún Municipio ha asumido esta facultad. “Hasta el momento casi ningún municipio ha demostrado capacidad técnica y operativa para asumir las competencias y no la han ejercido”, expresa el legislador. Incluso añade que esta situación la conoce la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME). Este gremio espera que se lo tome en cuenta en los debates que estarían por iniciarse.

Además del orden institucional, para que cada competencia esté aclarada y definida en la Constitución, los ciudadanos podrán demandar a cada autoridad la satisfacción de necesidades.

Por ejemplo, si se necesita alcantarillado o pavimentación de calles, tendrán que ir al Municipio. Pero si requieren una mejor atención en salud, entonces acudirán al Ministerio del ramo.

Así también se evita el surgimiento de candidatos populistas que prometen mejoras en los sectores, cuando en realidad no tienen las facultades para cumplir sus ofertad de campaña.

Está previsto que esta semana el bloque de PAIS oficialice en la Asamblea un primer paquete de enmiendas. Cuando las deliberaciones internas concluyan estas tendrán que ser enviadas a la Corte Constitucional para su aprobación.  

Si las enmiendas pasan esa barrera entonces se iniciará el debate en la Asamblea Nacional que debe durar al menos un año.