La Comisión de Régimen Económico analizará este martes 19 de junio los proyectos de reformas a la Ley de Hidrocarburos y de codificación a la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico con el fin de unificar los cuerpos normativos.

Los legisladores buscan que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en cuyas circunscripciones se industrializan los hidrocarburos, participen de las rentas del Estado por dicha actividad, así como determinar los mecanismos de distribución de tales recursos.

El proyecto de código fue propuesto por Rina Campain (CREO) quien, entre otros puntos, precisa que los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Esmeraldas y Santa Elena, a través de sus presupuestos, no participan de las rentas que percibe el Estado por industrialización del petróleo.

En ese sentido el desarrollo de estas comunidades, así como la mitigación de las afectaciones causadas por las propias tareas hidrocarburíferas se ven mermados.

Para la legisladora, en virtud de los impactos que sufren estas provincias, por efecto de las actividades petroleras, es necesario precisar el derecho de los gobiernos autónomos descentralizados de esas zonas a participar de las rentas que percibe el Estado.

La asambleísta Roberta Zambrano (PSC) recalcó que, según el artículo 274 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que por ese concepto perciba el Estado.

Subrayó que los gobiernos autónomos descentralizados de Esmeraldas tienen derecho a participar de las rentas del Estado por refinamiento de petróleo, razón por la cual urge que los GAD de la provincia ejerzan su derecho a contar con recursos económicos para remediar el daño causado al medio ambiente.

Y añadió que se trata de zonas que han sido gravemente afectadas por la emisión nociva permanente de gases tóxicos, como resultado de la refinación del petróleo en su territorio, a fin de reparar en algo el daño causado a su población en salud y bienestar. (I)