El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó este miércoles el proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017. La iniciativa busca que ninguna autoridad de elección popular o servidor público pueda desempeñarse si tiene capitales o bienes en paraísos fiscales.

La sesión del CAL se realizó esta mañana con presencia de Gabriela Rivadeneira y Rosana Alvarado, presidenta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, respectivamente, y los asambleístas Carlos Bergmann, Verónica Arias y Armando Aguilar. 

La asambleísta Verónica Arias, vocal del CAL, recordó que el 55% de la población ecuatoriana, en la consulta popular, se pronunció por el Sí en la propuesta del Ejecutivo sobre el 'Pacto Ético'. 

Tras su calificación, el CAL pasó el proyecto a conocimiento, trámite y resolución de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la mesa tiene un plazo máximo de 45 días, contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto, para presentar el correspondiente informe con las observaciones que juzgue necesarias introducir.

La normativa otorga como plazo máximo el 6 de marzo de 2018 para que los funcionarios presenten una declaración juramentada a la Contraloría General del Estado informando que dejaron de poseer los bienes o capitales en paraísos fiscales.

De no hacerlo, la norma contempla sanciones que van desde la destitución o pérdida del puesto hasta juicios políticos para los servidores públicos sujetos a control político de la Asamblea Nacional. (I)